17 oct. 2014

Comisión de Mujeres Mayas denunció que el Estado de Prevención propicia la defensa de los intereses del grupo Cementos Progreso.


Una comisión verificadora de organizaciones de mujeres Mayas visito el 14 de octubre las comunidades de El Pilar I, El Pilar II, Santa Fe Ocaña y los Pajoques de San Juan Sacatepéquez. Cuatro de las doce comunidades visiblemente militarizadas debido el estado de prevención decretado el 24 de septiembre de 2014. 

La comisión destacó que la instalación de la planta Cementera ha causado conflictos en las doce comunidades del occidente de San Juan Sacatepéquez, dejando por lo menos desde el año 2008, 21 muertos, 4 sentenciados a largas condenas, mujeres viudas, niños huérfanos,entre otros, generando y profundizando el rompimiento del tejido social de las comunidades. Esto ha hecho que las autoridades estatales tomen medidas con el supuesto de garantizar la seguridad e integridad de las personas de las comunidades, sin embargo se evidencia que dichas medidas son para proteger los intereses económicos del grupo empresarial Cementos Progreso.

Aunque el problema que derivó el "estado de prevención" sucedió en Los Pajoques, la militarización se ha generado en las doce comunidades, pero en especial en cuatro de ellas. Esto evidencia que lo que verdaderamente persigue la restricción de garantías constitucionales es, que los dos mega proyectos, tanto la Cementera como el anillo regional, vinculados a la familia Novella pueda desarrollarse sin ninguna muestra de oposición de los pequeños productoras.

Niños y niñas abordados por Militares.

Causa molestia que los puestos de control militar y policial han sido instalados en la cercanía de los centros educativos, las madres han tenido que acompañar a sus hijos e hijas para que no abandonen el ciclo escolar, pues los mismos muestran temor al ser abordados frecuentemente por los militares.


Varias mujeres manifestaron a la comisión ser acosadas por elementos de la Policía Nacional Civil y el ejercito, ellas han tenido que dejar de realizar sus actividades productivas como el cuidado de los invernaderos de flores y hortalizas, todo ello repercute gravemente en su economía familiar, pues a la presencia militar limita la salida de las mujeres en horas de la madrugada por miedo a sufrir alguna agresión sexual.

La Comisión solicita suprimir el estado de prevención y no prolongarlo ya que las más afectadas son las mujeres, las niñas y los niños, es necesario investigar las denuncias presentadas por las mujeres y niños ante acosos y agresiones recibidas, en especial por la detención de un niño que fue amenazado para obtener información sobre el paradero de su padre.


La comisión de mujeres mayas solicitó al Procurador de los Derechos Humanos que cumpla con su papel como garante de  los derechos humanos y garantice el monitoreo objetivo en las comunidades afectadas, superando la visión etnocéntrica de sus análisis que invisibilizan el impacto de la militarización en las doce comunidades. 

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