Una
comisión verificadora de organizaciones de mujeres Mayas visito el
14 de octubre las comunidades de El Pilar I, El Pilar II, Santa Fe
Ocaña y los Pajoques de San Juan Sacatepéquez. Cuatro de las doce
comunidades visiblemente militarizadas debido el estado
de prevención decretado el 24 de septiembre de 2014.
La
comisión destacó que la instalación de la planta Cementera ha
causado conflictos en las doce comunidades del occidente de San Juan
Sacatepéquez, dejando por lo menos desde el año 2008, 21 muertos, 4
sentenciados a largas condenas, mujeres viudas, niños
huérfanos,entre otros, generando y profundizando el rompimiento del
tejido social de las comunidades. Esto ha hecho que las autoridades
estatales tomen medidas con el supuesto de garantizar la seguridad e
integridad de las personas de las comunidades, sin embargo se
evidencia que dichas medidas son para proteger los intereses
económicos del grupo empresarial Cementos Progreso.
Aunque el
problema que derivó el "estado de prevención" sucedió en
Los Pajoques, la militarización se ha generado en las doce
comunidades, pero en especial en cuatro de ellas. Esto evidencia que
lo que verdaderamente persigue la restricción de garantías
constitucionales es, que los dos mega proyectos, tanto la Cementera como
el anillo regional, vinculados a la familia Novella pueda
desarrollarse sin ninguna muestra de oposición de los pequeños
productoras.
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| Niños y niñas abordados por Militares. |
Causa
molestia que los puestos de control militar y policial han sido
instalados en la cercanía de los centros educativos, las madres han
tenido que acompañar a sus hijos e hijas para que no abandonen el
ciclo escolar, pues los mismos muestran temor al ser abordados frecuentemente por los militares.
Varias
mujeres manifestaron a la comisión ser acosadas por elementos de la
Policía Nacional Civil y el ejercito, ellas han tenido que dejar de
realizar sus actividades productivas como el cuidado de los
invernaderos de flores y hortalizas, todo ello repercute gravemente
en su economía familiar, pues a la presencia militar limita la
salida de las mujeres en horas de la madrugada por miedo a sufrir
alguna agresión sexual.
La
Comisión solicita suprimir el estado de prevención y no prolongarlo
ya que las más afectadas son las mujeres, las niñas y los niños,
es necesario investigar las denuncias presentadas por las mujeres y
niños ante acosos y agresiones recibidas, en especial por la
detención de un niño que fue amenazado para obtener información
sobre el paradero de su padre.
La
comisión de mujeres mayas solicitó al Procurador de los Derechos
Humanos que cumpla con su papel como garante de los derechos
humanos y garantice el monitoreo objetivo en las comunidades
afectadas, superando la visión etnocéntrica de sus análisis que
invisibilizan el impacto de la militarización en las doce
comunidades.
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