14 de dic. de 2014

Denuncian violaciones a los derechos humanos por monocultivo de Palma Africana.

 Conferencia de Prensa. Foto: CPR-Urbana.
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, las Autoridades Indígenas y familias de los municipios de Ixcán, Quiché, Sayaxché, Poptún, San Luis y Las Cruces Petén, Fray Bartolomé de las Casas, Chisec, Raxruhá y Panzós, Alta Verapaz, informaron que del 8 de octubre al 7 de diciembre las empresas de palma africana que operan en el territorio llevaron a cabo la Consulta pública sobre interpretación nacional de los principios y criterios internacionales de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, RSPO, (Roundtable on Sustainable Palm Oil) que tenia como finalidad iniciar el proceso de certificación de la producción y uso "sostenible" de las empresas palmeras establecidas en Guatemala.(1)

La certificación -RSPO- por sus siglas en ingles, puede ser otorgada únicamente por los organismos certificadores aprobados previamente. Los criterios que se toman en cuenta para otorgar la certificación son:

1. Compromiso con la transparencia.
2. Cumplimiento con las leyes y regulaciones del país.
3. Viabilidad económica y financiera.
4. Uso de buenas prácticas en plantaciones y planta de   
   procesamiento.
5. Responsabilidad ambiental y conservación de los recursos 
   naturales y la biodiversidad.
6. Responsabilidad con las comunidades e individuos que se 
   encuentran en la esfera de influencia de las empresas.
7. Promoción de una continua mejora en todas las actividades 
   claves de la producción (2).
Monocultivo de Palma Africana en el norte de Guatemala. Foto: CPR-Urbana.
Sin embargo para las comunidades el proceso de "consulta" fue poco transparente y parcializado, al limitar la participación de las autoridades comunitarias y/o indígenas por lo que es un proceso ilegitimo, al no realizar procedimientos de participación seria y decisiva.
"...La empresa NaturAceites ha estado contactando a coordinadores locales y micro regionales de los Consejos de Desarrollo para que se hagan reuniones, firmen y sellen hojas en blanco sin informar las verdaderas razones para que necesitan dichas firmas... han estado llamando por teléfono a autoridades locales y de micro regiones, solicitando listados de personas para trabajar en al empresa lo cual consideramos algo raro y totalmente falso..." (3)

Para las comunidades organizadas no se puede hablar de un proceso "sostenible" pues los impactos de los monocultivos no se limitan a la falta de garantías laborales, el impacto y devastación de grandes extensiones y el daño irreparable que están ocasionando las empresas de Palma Africana afectará a las presentes y futuras generaciones.
"...a los campesinos se les persigue y encarcela por derivar un árbol, mientras las     empresas palmeras están arrasando con centenales de hectárea de bosques en la     Franja Transversal de Norte, -FTN-. Las autoridades se hacen de la vista gorda, y a     eso le llaman sostenible... Por eso desde ya estamos denunciado la aparición de listados falsos de "apoyo" a las empresas palmeras,  cuando en verdad el rechazo a la empresa es creciente..." (4)
Conferencia de Prensa. Foto: CPR-Urbana.

El acaparamiento de tierras para plantaciones de palma esta generando graves daños a la biodiversidad, están deforestando masiva e indiscriminadamente, desviando ríos y provocando hambre para las comunidades aledañas. Cada vez hay menos tierra para cultivar pues con amenazas, coacción y engaños cientos de campesinos han tenido que abandonar sus tierras 

"... para obligarnos a vender nos niegan el paso o peor aun, nos cobran por pasar por las tierras de las plantaciones de palma... generando confrontación entre empleados y comunitarios..."  (5)

los campesinos manifestaron en comunicado de prensa que: Las empresas palmeras nos califican como pequeños grupos que nos oponemos al "desarrollo y al progreso" y que somos manipulados por sectores interesados en generar ingobernabilidad en la región, opinión que rechazamos y consideramos como un calificativo racista y discriminatorio  en contra de nuestras comunidades indígenas y campesinas, por lo que manifestamos libremente nuestras opinión y defendemos nuestro derecho a definir estrategias diferentes a las de estas empresas para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades.

Solicitaron al Estado poder regular y detener la siembra de palma africana. Es necesario que de igual forma las empresas palmeras reparen los daños ambientales ocasionados, en ese sentido exigieron al Ministerio de Ambiente ,MARN, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, al Instituto Nacional de Bosques, INAB, cumplir con sus funciones de proteger los recursos naturales de la región, no brindar licencias de cambio de uso de tierra en áreas de humedales y bosque natural, y verificar que estas empresas no sigan devastando la región.

Solicitaron al Ministerio Público, MP, que investigue la apropiación irregular y usurpación de tierras, contaminación de ríos, la limitación de circulación y hechos violentos y amenazas en contra de familias campesinas e indígenas que se oponen a vender sus tierras. 

En conferencia se muestra el listado de personas que han sido criminalizados y tienen orden de captura por su negativa al avance al monocultivo de Palma Africana. Foto: CPR-Urbana.

Los representantes comunitarios expresaron preocupación por la criminalización que son objeto por parte del alcalde municipal de Fray Bartolomé de las Casas, Rolando Santa María Chaman, y a la empresa palmera NaturAceites quienes lograron que el MP emitiera trece ordenes de captura en contra de integrantes de COCODES en el municipio en el mes de junio de 2014.

(1) Comunicado de Prensa. 11 de diciembre 2014.
(2) Fuente: Roundtable on Sustainable Palm Oil.
(3) Comunicado de prensa. Informe de las Comunidades indígenas Q´eqchi´ del Municipio de Panzós Alta Verapaz, por medio de los Consejos comunitarios de Desarrollo y Autoridades Ancestrales. 
(4) Declaraciones en conferencia de prensa el 11 de diciembre 2014.
(5) Ídem.
 

25 de nov. de 2014

Marcha del Día internacional de la No violencia contra la mujer.




Miles de mujeres guatemaltecas marcharon hoy en la tradicional marcha del "día internacional de la No violencia en contra de la Mujer"  algunas de las demandas de la marcha giraron en torno a denunciar la violencia y la esclavitud sexual durante la guerra y la necesidad de que estos crímenes sena juzgados.

Algunas organizaciones saludaron la desición del Juzgado "B" de mayor riesgo de enviar a juicio a los sindicados en el caso Sepur Zarco: el teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el comisario militar Heriberto Valdez Asij por delitos contra los deberes de humanidad, es sus formas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y doméstica en contra de 11 mujeres q´eqchis y el asesinato de por lo menos una mujer y sus dos hijas, delitos que a decir de las involucradas en el proceso no son Amnistiables y deben de ser juzgados.



Docenas de mujeres provenientes de San Juan Sacatepéquez también mostraron su preocupación por la reciente captura de Bárbara Diaz, lidereza destacada por su lucha contra el proyecto cementero de la familia Novella, exigieron su liberación y anunciaron que esto no detendría su organización frente a la imposición del megaproyecto Cementero y carretero, una representante de una organización campesina expresó: " son las empresas extranjeras las principales generadoras de violencia a las mujeres hoy en Guatemala,  desafortunadamente tenemos un gobierno militar que únicamente vela en favor de los interese de los poderosos"

Las organizaciones de mujeres y sociales exigieron el fin de la criminalización en contra de liderezas de distintas partes del país que defienden la vida y el territorio y que por ello padecen persecución e incluso cárcel, exigieron el fin de la violencia en contra de nuestros cuerpos y en nuestro territorio

junto a ellas y todas las mujeres en resistencia en distintas partes del país y el continente reclamamos el derecho a la justicia de las mujeres de todas las edades, víctimas de violencia en todas sus dimensiones.

hoy mas que nunca las mujeres hacemos memoria, reivindicamos la historia y afirmamos que no retrocederemos. Hoy mas que nunca.






15 de nov. de 2014

“Anticomunistas, productores y consumidores”


Reflexiones a la luz de las políticas educativas 1956-1976


 Ocupar los salones de clase de las escuelas normales no sólo representa la imposición de la presencia militar sino también una suerte de imposición del temor y el terror que dicha figura representa para la historia de la organización estudiantil en Guatemala. Las mal llamadas “ clases de valores” han sido la excusa, para de nuevo imponer la presencia militar en el la escuela. No es casual que acciones como estas, estén iniciando en las escuelas normales, en donde los estudiantes en el último tiempo han movilizado importantes luchas y demandas en favor de la educación pública y gratuita, en particular contra la eliminación de la carrera magisterial. Tampoco resulta casual que dicha re militarización en la educación pública hoy pretenda imponerse como figura de autoridad y poder en el ámbito escolar, dado que es evidente el fuerte impulso del poder militar en todas las estructuras del Estado.


Las representaciones militares han tenido continuidad en la escuela y la historia de la educación en Guatemala, en particular en la definición de lo cívico en donde se incorporan rituales, discursos y representaciones que han buscado estabilizar, cohesionar e instalar un “sentido común” que responda a la lógica dominación. El historiador Benedict Anderson (1993), plantea múltiples ejemplos de cómo el Estado en la consolidación de las “naciones” ejerce controles en el campo educativo organizando revisiones de la “la historia oficial”, incorporando representaciones militares y reproduciendo afirmaciones identitarias de una “comunidad imaginada” o bien la consolidación de la “nación”; de esta forma cada tanto y ganando pulso en el campo educativo recrea o trae de vuelta dichas representaciones, discursos, rituales y dinámicas políticas, con el fin de mantener el “orden”.


Lo anterior tiene relación con la configuración del campo ideológico que representa la educación, en donde se ponen en disputa la acción política y parafraseando al sociólogo Pierre Bourdieu (1985) en la producción e imposición de representaciones (mentales, verbales, gráficas o teatrales) que pretende hacer o deshacer grupos de acuerdo a esquemas de clasificación y de dominación; la ruptura de estos esquemas suponen una subversión política por lo tanto una subversión cognitiva es decir una visión distinta del mundo. 


 
Después de algunas reflexiones sobre educación, me remito a compartir algunas percepciones sobre las políticas públicas relacionadas a la historia de la educación en Guatemala, en particular me interesa evidenciar la imposición del imaginario “anticomunista” que se dio abiertamente a partir de 1954 hasta 1976 en las políticas educativas y 1985 en la Constitución. Un “Ser anticomunista, buen consumidor y buen productor” fue lo que delineó la política educativa y atravesó la “historia oficial” los rituales escolares, los discursos y las prácticas educativas.
 
Entre las primeras medidas del gobierno de facto de Carlos Castillo Armas, se realizaron cambios a los decretos que venían del periodo de la revolución. En consecuencia, en febrero de 1956 se hace una modificación a la Constitución Nacional. A partir de estos cambios, se observan referencias explícitas y prohibiciones relacionadas a la “ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario”. De este modo se instaura de manera “oficial” representaciones que definieron el “se comunista, ser anticomunista, los sistemas totalitarios”, que poco después contribuyeron a las prácticas y acciones de violencia política justificadas en la persecución y eliminación de la presencia “comunista”.

Modificaciones a la Constitución Nacional 1956: 
 
Artículo 23. Es libre la formación de y funcionamiento de partidos políticos que se normen por los principios democráticos.
Queda prohibida la organización o funcionamiento de todas aquellas entidades que propugnen la ideología comunista o cualquier sistema totalitario.

Artículo 54. Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse libremente para los distintos fines de la vida humana, con el objeto de promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier orden.
Queda prohibida, sin embargo, la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo o en subordinación con entidades internacionales que promulguen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario.

Artículo 62. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas penadas por la ley a su anterior perpetración.
Toda acción comunista individual o asociada es punible. La ley determinará lo relativo a este punto de delitos.

Este mismo año, se aprobó la Ley Orgánica de Educación Nacional, en la primera parte establece que: “La educación tiende a hacer a los guatemaltecos ciudadanos aptos para vivir democráticamente y considerar a la democracia, a sus valores y a sus instituciones como las mejores formas de convivencia humana en oposición al comunismo y demás sistemas totalitarios”. Agrega: “la educación capacitará a los guatemaltecos para la vida del trabajo; para aprovechar y conservar los recursos naturales; para convertirse en buenos productores y buenos consumidores”. Esta ley tuvo vigencia de nueve años y los contenidos que describimos se mantuvieron vigentes en la nueva ley que se emitió en 1965. 

 
La anterior ley se incorporó en afinidad con las modificaciones de la Constitución, observamos que una de las preocupaciones centrales está en el carácter ideológico desde una perspectiva anticomunista. Las definiciones de educación y mercado en los años sucesivos se inscribieron de manera oportuna para los fines e intereses que se marcaron desde la Alianza para El Progreso.

Fue así como anticomunistas, productores y consumidores inspiraron el perfil escolar que se pretendió consolidar en el campo educativo durante este periodo. Podemos considerar que estos cambios constituyeron sustancialmente a consolidar un proyecto abiertamente anticomunista, de carácter antisubversivo y en defensa de los intereses del mercado.

De acuerdo con Irene Piedra Santa (2011) en su estudio sobre “Alfabetización y poder en Guatemala, los años de la Guerra Fría 1944-1984”, los cambios políticos a nivel nacional, se encontraron estrechamente relacionados con los intereses geopolíticos y las relaciones de dependencia con Estados Unidos, Mismos que responde al contexto internacional que atravesaron los países de la región, en especial nos referimos a la Revolución Cubana y los logros sociales entre 1959 y 1961, la exitosa Campaña Nacional de Alfabetización que para Estados Unidos fue considerada como una amenaza de tipo “comunista” y de fuerte influencia en los países latinoamericanos con altos índices de analfabetismo y pobreza. Estos hechos llevaron a que EUA reconsiderara su política exterior e implementaron nuevas estrategias geopolíticas, dando lugar al impulso de “cooperación y progreso” para los países “amigos”.

Dichas medidas y estrategias tienen surgimiento en 1961, durante el periodo de John F. Kennedy, mientras se da la reunión con el Consejo Interamericano Económico y Social CIES, realizada en Uruguay, en la cual se aprobó la “Alianza para el Progreso” impulsada por EUA. Esta “Alianza” parte de la idea de que la pobreza y la marginación generaban condiciones propicias para la insurrección y empatía por el comunismo, es por ello que el “desarrollo” y las reformas sociales debían articularse a los intereses políticos: preservar de esta manera la “estabilidad” e impedir nuevos brotes insurreccionales.





La noción de desarrollo aparece como criterio para la concesión de ayuda “al desarrollo” a países “amigos” especialmente con riesgos de “desestabilización” política, relacionada a los intereses de seguridad estadounidense: Presencia “comunista”. De acuerdo a ello, contexto político guatemalteco de ese periodo, cumplían con todos los criterios y características para la implementación de dicha alianza. Los compromisos que asumieron los países que conformaron la Alianza para el Progreso, respecto al ámbito educativo, contempló la Acción Cívica Militar y con ello incremento de ayuda militar.

Explícitas ya las políticas educativas de carácter contrainsurgente y desde una perspectiva desarrollista y anticomunista, en 1965 se modificó de nuevo la Constitución Nacional, que se mantuvo vigente hasta 1985 es decir veinte años más.

En esta nueva constitución observamos que mantiene rasgos comunes con la anterior, pero advertimos el aumentó del contenido inspirado en el anticomunismo, dado que aparecen prohibiciones y sanciones explícitas en relación a la “la doctrina comunista”.

Capítulo V. Partidos Políticos

Artículo 27: El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de partidos políticos cuyas normas y principios sean democráticos.

Es prohibido la formación o funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la ideología comunista o que por su tendencia doctrinaria, medios de acción o vinculaciones internacionales, atenten contra la soberanía del Estado o los fundamentos de la organización democrática de Guatemala

Garantías Constitucionales

Capítulo 1
Garantías y derechos Individuales
Artículo 49: No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas por la ley anterior a su perpetración.

Toda acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia, es punible. La ley determinará lo relativo a esta clase de delitos. No hay prisión por deudas. No podrá imponerse pena de confinamiento.

Artículo 64: Los habitantes de la República tienen derecho a asociarse libremente para los distintos fines de la vida humana con el objeto de promover ejercer y proteger sus derechos e intereses, especialmente los que establece la Constitución 
 
Se prohíbe la organización o funcionamiento de grupos que actúen de acuerdo o en subordinación a entidades internacionales que propugnen la ideología comunista o cualquier otro sistema totalitario.

Este mismo año, también se deroga la Ley Orgánica de Educación Nacional y se aprueba el Decreto 317 Ley Orgánica de Educación Nacional, vigente por nueve años más, mantiene las características ideológicas de la anterior y en consecuencia aumentólas prohibiciones en referencia al comunismo:

Artículo 6o
El Estado garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente, siempre que no se atente contra el sistema democrático y la tradición cultural del país.”

Artículo 12
Son fines de la educación: h) hacer de los educandos ciudadanos aptos para vivir democráticamente, y considerar a la democracia, sus valores y sus instituciones, como las mejores formas de convivencia humana en oposición al comunismo y demás sistemas totalitarios. j) Capacitar a los educandos (...) para convertirse en buenos productores y buenos consumidores

Artículo 20
e) Orientar y controlar el uso de obras de consulta, textos escolares y material didáctico, utilizados para la enseñanza de los diversos niveles educativos

Artículo 145
(...) El educador se abstendrá de iniciar y activar la participación propia de los educandos en política o influenciar el ánimo de éstos en tal sentido”

En un contexto que se caracterizó por la exacerbación de la violencia política de los gobiernos cívico-militares del periodo, el congreso en 1976 emite el Decreto 73-76 Ley de Educación Nacional. Dicha ley omite todas las alusiones “al comunismo, a los sistemas totalitarios y la prohibición a educadores y educandos de participar en política”, los cambios que se dan en adelante a las políticas educativas ya no contienen prohibiciones o alusiones al comunismo.



Sin embargo, que hayan sido omitidas de manera explícita las representaciones anticomunistas instaladas como política de Estado por más de veinte años en el ámbito educativo, no significó que ya no existieran en el imaginario cotidiano y del “sentido común” de la población guatemalteca; tampoco de la dinámica política y educativa, así como de los rituales, discursos, contenidos curriculares y el aprendizaje de la historia. Consideramos que después de más de veinte años ya no hacía falta explicitar las prohibiciones “comunistas” porque habían quedado instaladas en las dinámicas sociales y políticas que configuraban parte del contexto de represión y terror de Estado en estos años.

Observamos que los hechos históricos y conflictos durante estos años no están aislados del contexto y los actores fuera de la región, sino se enmarcan en un periodo caracterizado por la “Guerra Fría”. La noción de “Guerra Fría Cultural” que implicó una batalla por la conquista de los “corazones y mentes” del bloque occidental frente al conflicto mundial, desde la visión estadounidense, implicó no sólo la guerra militar sino otras formas de “guerra no convencional” que introdujo la propaganda, y “guerra psicológica”, configurando de este modo un enemigo: el “comunismo” (Calandra y Franco 2012). Este enemigo “comunista”, impuso la representación de un “enemigo en nosotros” es decir un “otro interno”. La construcción de ese “enemigo interno” en el ideario colectivo se configuró de manera simbólica e inconsciente, a través del campo cultural que atravesó la política y dinámicas educativas. Este ideario “anticomunista” instalado abiertamente por el Estado, no sólo resultó útil para las clases dominantes sino también legitimó la violencia estatal en las posteriores décadas. 
 
Después de 1976, hubo un aumento sistemático de la propaganda psicológica anticomunista que hizo referencia a las organizaciones guerrilleras así como a la población rural e indígena. La exacerbación de la violencia en las áreas rurales dejó cientos de aldeas y comunidades desaparecidas. Las élites militares en el poder diseñaron y desarrollaron planes de exterminio y genocidio, acciones sistemáticas de contrainsurgencia. El incremento de la violencia Estado durante estos años, se consideró como el pico más alto en los más de cuarenta años de guerra interna, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico CEH.

Los actuales conflictos sociales que se configuran en respuesta a la resistencia y lucha por la defensa de la vida y territorio contra el modelo extractivista, la búsqueda de la justicia por lograr una condena a los perpetradores del genocidio reciente y terror Estado, las disputan de los sentidos la memoria, las movilizaciones estudiantiles, campesinas y de sectores populares, se confrontan con el discurso y las acciones de criminalización y persecución política en el contexto actual de Guatemala. Distintos actores políticos traen de vuelta la retórica y actualizan en el presente las representaciones del “terrorista-comunista”, entre ellos el sector empresarial y militar, en donde juega un papel importante la Fundación Antiterrorista ocupando un espacio en lo público y medios de comunicación, con el fin de ganar en la acción política y en la eficacia simbólica.





No han olvidado intervenir el campo educativo y de nuevo incursionan las aulas, acciones como esta de más demuestran que la ministra actual no sólo responde a los intereses del sector empresarial sino también abre las puertas al sector militar. En escuelas en donde muchas veces no se habla del pasado reciente y la “historia oficial” se aprende en dos párrafos de los textos escolares, una “historia oficial” que encubre al sector militar y empresarial como los responsables del terror de Estado y el genocidio reciente.


BIBLIOGRAFÍA


---- (2007). “Guerra y Paz en el Siglo XXI”. Barcelona. Crítica.
Anderson, Benedict (1993). “Comunidades Imaginadas”. México. Fondo de Cultura Económica.
Benedetta, Calandra y Franco, Marina (2012). “La Guerra Fría Cultural en América Latina”. Buenos Aires. Biblos.
Bermúdez, Lilia y Antonio Cavalla (1982). “Estrategia de Reagan hacia la revolución Centroamericana”. México: Nuestro Tiempo.
Bourdieu, Pierre. (1985). “¿Qué significa hablar?” Madrid. Ediciones AKAL.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) (1999). “Informe Memoria del Silencio”. Guatemala. UNOPS.
González Orellana, Carlos. (2008). “Historia de la Educación en Guatemala”. Guatemala. Editorial Universitaria.
Halliday, Fred. (1989) Génesis de la Segunda Guerra Fría. México. Fondo de Cultura Económica.
Hobsbawm, Eric (1995). “El Siglo XX”. Barcelona. Crítica.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)(1988). “Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala: Nunca Más” ODHAG. Guatemala.
Piedra Santa, Irene (2011). “Alfabetización y poder en Guatemala, los años de la Guerra Fría, 1944-1984”. Guatemala. Proyecto de Desarrollo Santiago (PRODESSA).
Ricoeur, Paul (2000). “La memoria, la historia y el olvido”. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Sanahua, José (1992). “Los EE.UU. En Centroamérica 1980-1990. ¿Ayuda económica o seguridad nacional? Bilbao, Hegoa.
Schlesinger, Stephen y Kinzer Stephen. (1986). “Fruta amarga la c.i.a. en Guatemala” México. Fondo de Cultura Económica.

El amparo de la CC al CACIF fue responsable del asesinato de Alfredo Vásquez Cruz.

El pasado 12 de noviembre la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo interpuesto por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– para que el Ministerio de Gobernación procediera a liberar de bloqueos las principales rutas de país, que por segundo día permanecían cerradas exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, la moratoria minera así como la derogación de una serie de leyes lesivas para los interese de los pueblos y comunidades.

Alfredo Vásquez Cruz originario de la Aldea Buena Vista, Mataquescuintla, Jalapa se encontraba manifestando en el bloqueo del kilómetro 51 a la altura de  Sanarate, el Progreso. Al momento de intentar ser desalojados los manifestantes y oponerse, se desato un enfrentamiento, varios policías y manifestantes resultaran heridos, Vásquez Cruz según algunos de sus compañeros, recibió un impacto de bala en el pecho y pierna y al momento de ser trasladado por particulares a un centro asistencial perdió la vida.


Por lo menos unas dos mil personas que apoyan la lucha contra los mega-proyectos y la jornada de tres días de paros se hicieron presentes al velorio de Alfredo Vásquez Cruz, a las afueras de la casa se instalaron altoparlantes pues la presencia fue masiva y de varias comunidades y municipios aledaños.

Un representante del parlamento Xinca expresó: El amparo de la Corte de Constitucionalidad al CACIF fue responsable del asesinato del compañero, sobre la espalda de la Corte va esta muerte. 

Alfredo Vásquez Cruz deja en la orfandad a 5 niños, con tan solo 35 años fue recordado por un vecino como un hombre solidario y comprometido con su comunidad, por eso lloramos su ausencia, le dio educación a varios muchachos, recordó.





12 de nov. de 2014

Piden aprobar Ley de Desarrollo Rural Integral en jornada nacional de lucha y resistencia.

Una jornada de Protestas se inicio el día de ayer para exigir la aprobación de la ley Desarrollo Rural Integral. Docenas de organizaciones indígenas y campesinas y movimientos de resistencia a los mega proyectos iniciaron la jornada con por lo menos 20 bloqueos a nivel nacional.

Representantes de organizaciones indígenas y campesinas denunciaron que desde el pasado mes de septiembre (2014), diputados del Congreso se habían comprometido a la aprobación de la Iniciativa de Ley  40-84 Ley Desarrollo Rural Integral ; así como a la colocación en agenda legislativa la revisión y derogaciones de leyes que atentan contra la vida y derechos de los pueblos indígenas como la Ley TIGO o de Radiocomunicaciones, La ley TRECSA o de Servidumbre Forzada y/o ley para la Constitución de Servidumbres Legales de Transmisión Eléctrica, así como el rechazo de la ley de Inversión y Empleo y ley Marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad.

Ante la negativa de aprobación de la ley de Desarrollo Rural docenas de organizaciones anunciaron que mantendrán una jornada de por lo menos 72 horas de paros a nivel nacional para exigir la aprobación de la ley que es un proceso que se sigue aplazando  desde la firma de los acuerdos de Paz en 1,996.




Un dirigente al salir del congreso expreso: 16 años llevamos luchando para una ley que vele por el desarrollo integral del campo y los pueblos originarios, sin embargo hoy (11/nov.) una vez más se demuestra que los diputados solo sirven para los intereses de los grandes poderosos, pues evaden sus compromisos en aprobar la ley, aquí vamos a continuar hasta respuesta favorable.
Varios cientos de personas pernoctaron a las afueras del congreso para dar inicio hoy al segundo día de protestas. 

De igual forma en varios puntos la población se negó a permitir el paso pues aseguraron es la única forma en que las autoridades legislen y designen los fondos necesario para impulsar el desarrollo en el campo.

Se estima que en Guatemala un Indígena vive 12 años menos que un No indígena



Organizaciones Indígenas y campesinas denunciaron que
Ven falta de voluntad política para aprobar ley de desarrollo rural.