El 19 de agosto del año pasado, el Organismo
Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de Centro América el Acuerdo
Gubernativo 207-2014, que aprueba la
Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos
Modificados, 2013-2023. Este nuevo intento de reglamentar el uso de
los Organismos Genéticamente Modificados, OGM, o Transgénicos surge
ante el fracaso del Decreto Legislativo 21-2014, Ley para la
Protección de Obtención de Vegetales, denominada “Ley Monsanto”,
aprobada por el Congreso de la República en el contexto del mundial
de fútbol y que por su aprobación anómala, posteriormente fue
derogada gracias a las movilizaciones y rechazo generalizado a nivel
nacional.
El Acuerdo
Gubernativo
207-2014,
pretende a través del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP,
la creación del Reglamento Nacional de Bioseguridad de Organismo
Vivos Modificados, que daría vía libre a empresas transnacionales
para la manipulación y contaminación de las semillas nativas y
criollas. Para diversas organizaciones sociales, indígenas y
campesinas, los OGM son instrumentos de las corporaciones para
despojar a los pueblos originarios de sus semillas, intentando privar
su acceso y violentando la soberanía alimentaria y salud.
El
Reglamento Nacional de Bioseguridad de Organismo Vivos Modificados
busca lo que la "Ley Monsanto" no logró: El control de
nuestras semillas.
"... De Igual manera, la diversidad biológica en Guatemala constituye fuente importante del sustento directo de gran parte de la población, por lo que su conservación tiene impactos ambientales, pero también económico y sociales. Según los indicadores del informe Sobre Desarrollo Humano 2007-2008, en Guatemala el 39% de la población se emplea en actividades económicas de agricultura..."
Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados, 2013-2023
La implementación
del reglamento provocaría una dependencia económica de las y los
agricultores, quienes se verían obligados a comprar las semillas a
dichas empresas, además del resto de implementos para la siembra
como los abonos y pesticidas.
"...Al momento, en Guatemala existe poca información relacionada con el uso de la biotecnología moderna, organismos vivos modificados y el uso de los mismos, así como sobre los posibles riesgos para la saludo humana, para las plantas animales y toda forma de vida, riesgos a la integridad y conservación de la diversidad biológica, la sostenibilidad de la agricultura, así como aspectos éticos y socio-económicos vinculadas a decisiones sobre este tema. Sin embargo, en algunos países, se ha generado información relacionada. La cual podrá ser de utilidad para nuestro país también."
Política Nacional de Bioseguridad de los Organismos Vivos Modificados, 2013-2023
Lo que la Política calla es que actualmente 23 países de Europa han
prohibido el uso de transgénicos, y en América países como
Bolivia, han emitido leyes donde se declaran territorios libres de
transgénicos; Perú tiene actualmente una moratoria de 10 años
sobre el uso de transgénicos en su territorio y en México una orden
judicial impide su uso. Esto evidencia que el uso de semillas
transgénicas destruyen y modifican los sistemas y conocimientos
ancestrales de agricultura, restringe la diversidad agrícola,
criminalizan las practicas comunitarias y atenta contra la Madre
Tierra.
Diversas
organizaciones advierten que una vez más se pone
en riesgo de contaminación genética a Guatemala, centro de origen
de especies nativas y criollas, violentando la cosmovisión de los
pueblos originarios que buscan el equilibrio y la armonía entre el
ser humano y la naturaleza.
La
Política de Bioseguridad ordena al Conap como ente rector, crear un
consejo nacional donde se excluye de toda participación a los
pueblos originarios y/o sus formas de organización. Dentro de sus
lineas de acción se plantea: A) Desarrollo de mecanismos e
instrumentos para regular la seguridad en el uso de los organismos
vivos modificados en el país. B) capacitación de personal
calificado en materia de biotecnología, seguridad en el uso de
organismos vivos modificados, análisis, evaluación y control de
riesgos relacionados. C) Transparencia y participación ciudadana, y
D) Investigación y desarrollo.
Las
diversas organizaciones sociales solicitaron al Procurador de los
Derechos Humanos pronunciarse contra el reglamento de Bioseguridad de
los organismos vivos modificados para garantizar el derecho a la
vida, a la información, a la salud y a un ambiente sano, el derecho
a la alimentación y el derecho al agua; al Congreso de la República
solicitaron un ley que prohíba la experimentación,
comercialización, cultivo y consumo de alimentos transgénicos en
todo el territorio nacional.
Las
organizaciones alertaron a la población a no dejar pasar este nuevo
intento de "Ley Monsanto" y anunciaron que han iniciado las
coordinaciones para,sí es necesario, volver a las calles a detener
esta iniciativa que nos privaría de nuestras semillas criollas y
nativas.
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