Discurso de Arbenz sobre la Reforma Agraria.

En mensaje radiodifundido Arbenz se dirige al pueblo por la Ley Agraria ya en vigor, la cual en su sentir es el instrumento por el que se podrá iniciar el camino de una transformación profunda en la vida económica, política y social del país. 

He aquí las palabras del coronel Arbenz:

Pueblo de Guatemala: La incalculable importancia de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y los hechos concomitantes en la lucha política a que la discusión y aprobación de la Ley han dado origen, me ponen en el deber de dirigirme a la Nación. Se han expresado tantos juicios inexactos acerca del proyecto que enviamos al Congreso y sobre el histórico Decreto que lleva el número 900; se ha creado deliberadamente tal clima de zozobra, y se han empleado tales métodos de lucha, fuera por completo del terreno legal y patriótico, que he creído menester expresar al pueblo de qué manera apreciamos la situación y como vamos a resolverla.

La Ley de Reforma Agraria es el instrumento por el cual se podrá iniciar el camino de una transformación profunda en la vida económica, política y social de Guatemala, hacia una época de progreso y mayor bienestar para un número mayor de la población. Pero todos sabemos que ningún paso en beneficio del progreso y de la civilización de los pueblos se ha dado sin lucha y sin oposición. De ahí que nuestro proyecto haya encontrado la tenaz resistencia de algunos sectores que se verán afectados por la Reforma Agraria, porque les expropiará la parte de la tierra que no tienen cultivada o que no se cultiva por su cuenta y porque tendrán que convenir en nuevas relaciones con los trabajadores del campo.

Esa resistencia se ha manifestado de distintas maneras. En forma de discusión pública; en discusiones privadas con el Consejo de Ministros, que por su trascendencia se hicieron públicas; en forma de debates parlamentarios y a través de la lucha política abierta y de la comisión de ciertos actos, que por sus fines son parte de la lucha política, pero que por los medios empleados, se salieron del terreno institucional y legal y se convirtieron en hechos delictuosos de carácter grave.

En el terreno de la discusión se ha manifestado una extraña sorpresa, una inexplicable sorpresa por cuanto que la Reforma Agraria y la manera como la concebimos, ocuparon un lugar muy destacado en la campaña política electoral que culminó con mi alta y honorífica investidura de Presidente de la República. Mi pensamiento fue expuesto con toda claridad a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Aquella opinión, por otra parte, no era una posición personal, sino el programa de las fuerzas que me dieron su apoyo fundamentado en los intereses y aspiraciones de centenares de miles de campesinos y trabajadores del agro que se alinearon popularmente dentro de esas fuerzas, así como para resolver otras muchas cuestiones de interés nacional.

Es posible que en los discursos de la campaña presidencial no se haya querido ver más que discursos. Pero eso fue lamentable equivocación de quienes están acostumbrados a que los gobernantes, una vez en el poder, no cumplan sus promesas o que gobiernan en contra de los intereses del pueblo. Nuestros discursos no fueron una manera de ganar votos o hablar por hablar. Nuestros discursos interpretaban un programa y a esa sinceridad nos atuvimos, nos atenemos y nos atendremos en el futuro.

Sería ocioso repetir todo lo que dijimos durante de la campaña presidencial, pero recomiendo a quienes perdieron la memoria de pronto que consulten nuestras palabras palabra por palabra, para que aprecien cómo no difieren nada la posición que adoptamos en 1950 y la contenida en el Decreto número 900. Sin embargo, no estaría por demás citar mis palabras del discurso de toma de posesión el 15 de marzo de 1951. En aquella oportunidad dije, refiriéndome al incremento industrial de Guatemala:

“Para alcanzar nuestros fines debemos entonces llegar a producir en la mayor proporción posible los alimentos, la ropa, los materiales de construcción, los artículos domésticos y los medicamentos que consume la gran mayoría de la población. Pero no queremos quedarnos ahí; ambicionamos patrióticamente llegar a producir también la mayor cantidad posible de los artículos que actualmente importamos y a sentar las bases de una producción futura de combustible, energía eléctrica, productos metalúrgicos y herramientas”. He aquí nuestra aspiración mínima y máxima del desarrollo industrial de Guatemala. Pero este desarrollo fue condicionado a la premisa de que antes borráramos de nuestro cuadro económico aterrador, los obstáculos que impiden el progreso industrial de nuestro país. Por ello expresamos entonces:

“El progreso industrial y en general todo el desarrollo económico de Guatemala no podrá ser jamás una realidad, mientras subsistan las actuales condiciones de servidumbre en el campo y de producción artesanal en la ciudad. Por ello es que en nuestro programa tiene capital importancia la Reforma Agraria que para realizarse tendrá que liquidar los latifundios e introducir cambios fundamentales en los métodos productivos de trabajo, es decir, hará una mejor distribución de la tierra no cultivada o de aquella donde se mantienen las costumbres feudales e incorporará la ciencia y la técnica agrícola a nuestra actividad agraria en general”.

Tales expresiones no ofrecen lugar a dudas, y de ellas se desprenden varias conclusiones que responden acertadamente a las deducciones inexactas que ha hecho el sector afectado por la Reforma Agraria. En primer lugar, que fuimos absolutamente sinceros con los industriales, comerciantes, banqueros y agricultores progresistas, cuando les dijimos que nuestro programa a quienes fundamentalmente beneficiaría era a ellos. “Debo advertir, sin embargo –dije en aquella oportunidad–, que nuestro programa de gobierno requerirá de todo el esfuerzo popular conjunto para su realización, y cuando digo esfuerzo popular me refiero a la colaboración patriótica de los capitalistas nacionales, los trabajadores de la ciudad y del campo, los técnicos y el Estado, a quienes hago un llamamiento para que emprendamos con firmeza el camino de nuestro crecimiento económico y del bienestar popular”.

En estos conceptos se evidencia que el programa nuestro tendía y tiende a incrementar el capitalismo industrial, comercial, bancario y agrícola, y en ello no quitamos ni una sola coma a lo afirmado en aquella ocasión. Hice un llamamiento a los capitalistas entonces, y vuelvo a hacerlo ahora, ratificando lo que he expresado en múltiples reuniones con los representantes de la industria y del comercio, especialmente cuando fue nombrado el señor Roberto Fanjul para el cargo de Ministro de Economía. La confianza que he depositado precisamente en el señor Fanjul y la que tengo en que los industriales y comerciantes sabrán interpretar mis palabras con exactitud, es la mejor prueba de que fuimos consecuentes con nuestro programa de incrementar el progreso industrial y mercantil de Guatemala.

La Reforma Agraria propuesta no tiene más objetivo que ése. La Reforma Agraria en la forma como la concebimos tiende a conseguir un aumento sensible en la capacidad de compra de centenares de miles de familias, lo que redundará en beneficio directo de los negocios de los comerciantes, al mismo tiempo que crea las bases para que se inviertan capitales en artículos que puedan ser adquiridos por la población, en tal volumen que haga productiva la industria. Sin capacidad de compra no hay industria. Sin capacidad de compra el comercio será insignificante. Esa es la cuestión principal. De aquí se desprende, pues, que no hay contradicción ninguna entre lo que he dicho a los capitalistas nacionales y el envío de un proyecto de Reforma Agraria al Congreso de la República.

En segundo lugar; que nuestro proyecto no está calcado en el programa que expuso en un documento reciente el sector de la extrema izquierda, como lo ha propagado el sector económico y político de la extrema derecha. Mucho antes de que grupos políticos izquierda expresaran una opinión concreta acerca de la Reforma Agraria, en los discursos de la campaña presidencial y en múltiples documentos expuse por completo los lineamientos capitales de la Reforma Agraria que contemplaba nuestro programa. Mis palabras se han visto confirmadas de modo indirecto por las expresiones recientes de un hábil diputado de la oposición en el Congreso, al manifestar que uno de los mentores del comunismo no es partidario de la parcelación de las empresas agrícolas, y que, en cambio, el proyecto de Ley disponía la entrega de las “fincas nacionales” a los trabajadores y campesinos que allí cultivaban la tierra. Lo que ocurre es que los sectores afectados encuentran “extremistas” las medidas racionales que propusimos para distribuir mejor la tierra y de acabar con tanto vestigio del pasado, como la servidumbre en el campo, cuyas formas son tan evidentes que se manifiestan en el atraso, la miseria, la ignorancia, el analfabetismo y las enfermedades que hacen presa fácil de la población campesina destruida. Las herencias feudales se manifiestan con claridad en el bajo poder adquisitivo de las grandes masas de población, obligadas a vivir dentro de una economía familiar que es característica de la época medieval. Querer negar eso es como querer tapar el sol con un dedo.

Y lo que pasa también es que quienes hacen una oposición sistemática a la Reforma Agraria, quisieran algo imposible. Quisieran una Reforma Agraria que dejara complacidos y satisfechos por igual a terratenientes y campesinos, a grandes latifundistas y trabajadores agrícolas, y eso es socialmente imposible. Si se complace a los que poseen la tierra de manera desmedida quedan descontentos los campesinos y trabajadores agrícolas, que son la inmensa mayoría de la población y si, como ocurre con el Decreto número 900, se satisfacen las necesidades de los campesinos y trabajadores, queda descontenta la minoría que acapara la tierra. No hay solución intermedia y la razón está de parte del pueblo que produce los artículos que provienen de la agricultura y de aquellos que propiciarán una Guatemala mejor, por el desarrollo económico, mediante una mejor distribución de la tierra y un aprovechamiento más racional del suelo.

Se ha dicho que la Ley es anticonstitucional y se citan una serie de artículos porque es de un “empirismo cimarrón”, según la calificó un distinguido diputado de la oposición. Casi exactamente la misma cosa se dijo en su tiempo respecto a la Ley Electoral, al Código de Trabajo, a la Ley de Emisión del Pensamiento y a muchos otros decretos emitidos por el Congreso, durante el primer gobierno de la Revolución de Octubre.

Vemos cómo se retuerce la Constitución a gusto y antojo de los intereses de cada quien y se echa mano de nuestra Carta Fundamental para justificar cualquier cosa que no esté de acuerdo con nuestros intereses materiales. El argumento no es nuevo, y es fácil porque los preceptos constitucionales se prestan a la interpretación subjetiva de cada quién, pero todo el mundo sabe –y los abogados mejor que nadie–, que una misma le puede ofrecer dos caras opuestas como ocurre, por ejemplo con una moneda. De ahí los interminables juicios que a menudo se litigan en los tribunales de justicia, y si no fuera así no habría posibilidad de controversia judicial. Pero esto se justifica en cuanto a los pleitos judiciales, no sucede lo mismo con las funciones legislativas.

En las funciones legislativas, a la hora de aplicar la Constitución de la República, debemos atenernos fundamentalmente a su espíritu, a las condiciones en que fue dictada y a los objetivos que persiguen las disposiciones constitucionales dada una situación determinada. En el caso expreso de la Reforma Agraria no uno, no dos, sino innumerables preceptos constitucionales, están fundamentados en la necesidad de hacer una mejor distribución de la tierra, tendiendo a incrementar el progreso económico de la Nación. La Constitución, desde el punto de vista de las condiciones en que fue elaborada, trata de eliminar las condiciones económicas y políticas que predominaron antes de 1944, y a facilitar nuevas condiciones para el ulterior desarrollo económico y social del país. De conformidad con este criterio no hay nada de “cimarrón” en el proyecto aprobado por el Congreso, y en cambio, sí hay un espíritu cimarrón, enemigo de todo avance, del progreso y de la civilización, en quienes se oponen al desenvolvimiento económico de Guatemala. Las leyes revolucionarias, para que cumplan su objetivo de conseguir un futuro mejor, deben estar fundamentalmente impregnadas de espíritu revolucionario y no de argucias leguleyas. La Constitución de Guatemala ampara con numerosos preceptos, desde los artículos capitales como el artículo primero, hasta disposiciones más particulares, las resoluciones de la Ley de Reforma Agraria de manera categórica e incontrovertible.

Se argumenta, asimismo, en contra de la Ley, diciéndose que la Reforma Agraria es antieconómica y que traerá el caos al país. Eso no tiene nada de verdad. Lo antieconómico es vivir como ahora, con salarios miserables en el campo, con minúsculas parcelas de tierra en manos de miles y miles de campesinos y con el mantenimiento de tantas formas de servidumbre que han persistido a través de los años deteniendo el progreso. ¡Esto es lo antieconómico, lo empírico y lo desastroso! Lo económico es terminar con esa situación y abrir una vía que conduzca a que cada quién tenga más dinero con qué comprar, a que circulen más mercancías y más dinero y a que, en consecuencia, se abran numerosas fuentes de producción que beneficien tanto a los industriales como a la población. Todo eso se ha dicho en el terreno de la discusión pública y en el debate con el Consejo de Ministros y en el Congreso.

Pero no solamente se ha dicho eso. En el campo de la lucha política se han difundido numerosas versiones esparcidas de manera subterránea, que chocan de inmediato con el sentido común, pero que pueden confundir a los sencillos razonamientos de la gente humilde del pueblo. Por ejemplo, se ha dicho que también se hará una “Reforma Agraria urbana”, es decir, que asimismo habría expropiaciones de viviendas en la población, o de que se va a expropiar las iglesias. Esto es de una ingenuidad que aterra, si no fuera porque tales versiones traen una marca inconfundible en cuanto al origen de su fabricación. No tiene nada que ver con las viviendas de las ciudades y poblados, la Reforma Agraria, y no tiene nada que ver con las viviendas de las ciudades y poblados la Reforma Agraria, y no tiene nada que ver tampoco con las iglesias porque tales templos son monumentos nacionales.

También oímos a cada paso, de por qué si el gobierno está en capacidad de pagar en moneda efectiva las indemnizaciones no lo hace así. La razón es sencilla. Porque todo argumento sensible en el medio circulante, sin el correspondiente aumento de mercancía, produce inflación, es decir, encarece los precios, con lo que se perjudicará a los sectores más empobrecidos de la población. Los “bonos de la Reforma Agraria” tienen la absoluta garantía de rentas que los hacen perfectamente redimibles en los plazos estipulados, aparte de que tienen el pleno respaldo de las demás rentas del Estado.

Lo dicho anteriormente ha sido materia de la lucha legal, de la controversia política y del debate parlamentario. Que los señores diputados de la oposición hayan abandonado el campo parlamentario, no es cuenta nuestra y solamente ellos saben por que han determinado esa táctica. Ante ella no tenemos nada que decir porque están haciendo uso de sus derechos democráticos y a sus argumentos nosotros oponemos argumentos más contundentes y firmes, pero cuando aparecen los métodos ilegales de lucha, cuando se emplea la violencia y el terrorismo como un medio para conseguir los mismos fines que persigue la lucha política y parlamentaria, las cosas cambian por completo.

No tienen ninguna justificación y se salen por entero de la lucha legal, los procedimientos que ha venido empleando últimamente un sector de la extrema derecha, desde el asesinato de humildes campesinos ocurrido en Chiquimula, hecho silenciado y rebajado en importancia quizá porque para algunos los campesinos no son seres humanos, hasta la comisión de otros actos igualmente punibles y criminales, pero de mayores repercusiones sociales, como las acciones de sabotaje que se intentaron contra el suministro de energía eléctrica a las ciudades de Guatemala y Quetzaltenango.

De haber tenido éxito los atentados dinamiteros durante algún tiempo se habría paralizado parcial o totalmente el suministro de luz y de energía eléctrica a las dos ciudades más importantes de Guatemala. Los ciudadanos sensatos pueden calcular lo que esto habría significado para la industria, para los talleres, las amas de casa y las numerosas familias que hubieran salido afectadas. Pongámonos a pensar en los sufrimientos de tantos trabajadores que habrían perdido su ocupación de haberse paralizado las fábricas y talleres, imaginémonos los perjuicios a la vida doméstica y calculemos el retraso que hubieran sufrido las actividades vinculadas a la fuerza proveniente de la electricidad. Estos actos son sencillamente criminales y merecen la condena de todas las capas sociales y un castigo ejemplar.

Por declaraciones de testigos y por confesiones espontáneas ocurridas antes de que se produjera ninguna detención, descubrimos los hilos de una vasta red de conspiraciones y saboteadores, compuesta en su mayoría por estudiantes que forman en los grupos “anticomunistas”. Esta red la forman grupos celulares, desconectados entre sí, pero coordinados bajo un mando superior. Por ello es que no es fácil coger toda la trama de la organización, pero el intensivo asilo diplomático de otro grupo de estudiantes, formado por casi igual número que el de detenidos, evidencia la participación de estos otros en los atentados dinamiteros que ha emprendido esta tenebrosa organización. Y por si eso fuera poco, otros sectores vinculados a quienes se oponen a la realización de la Reforma Agraria, no sólo silencian la trascendencia que hubieran tenido los actos de terrorismo, si no que han empezado a crear un clima subversivo en el país y salen a la calle, sin esperar la autorización correspondiente, demandando a la vez que la excarcelación de los culpables, la destitución de altos funcionarios del Gobierno, la interpelación de un ministro en el Congreso y descargando la responsabilidad sobre el Gobierno de la resolución por pretendidos atentados contra la libertad personal. Esto es de una audacia sin límites, si no fuera porque la desesperación los está llevando a tomar las medidas más insensatas. Yo sé muy bien lo que hubiera ocurrido durante la dictadura de producirse hechos semejantes. A esta hora habría hogares enlutados, lágrimas y terror, y ¡ay! del que hubiera lanzado un lamento de protesta. En cambio bajo el poder democrático se multiplican los cobardes y los hipócritas que bajo el pretexto de que se violan los derechos constitucionales, en realidad pretenden destruir el régimen democrático y asestarle un golpe demoledor a la revolución de octubre.

Se acalla el asesinato de dirigentes campesinos, pero se grita por la detención de los terroristas reaccionarios. Injusta discriminación hacia el origen de las víctimas y de los verdugos. No se alza la voz contra los que ciegan la preciosa vida de hombres que producen y que son campesinos sin instrucción, pero en cambio se escandaliza pidiendo la excarcelación de quienes deshonrando su calidad de jóvenes y de estudiantes, habrían causado la ruina de numerosas empresas y hubieran llevado el hambre a muchísimos hogares. Ante una contradicción tan inaudita, y me permito hacer un llamamiento a la dignidad moral de los estudiantes más conscientes, independientemente de la clase a que pertenezcan, para que enjuicien estos hechos desde la altura que les corresponden y no se conviertan en el juguete ciego de una de las modalidades de la lucha política, entablada entre los que están por el desarrollo económico de Guatemala y su progreso a través de la Reforma Agraria, y los que pretenden mantener sus injustos privilegios y frenar el avance de nuestra patria, oponiéndose a la realización de nuestro programa.

Si esto pudiera tener una justificación porque las pasiones dominan demasiado nuestras acciones, no lo tendrá después que hemos analizado serenamente los hechos y si las manifestaciones ilegales continúan, no serán más que actos de provocación, y desde ahora declinamos toda la responsabilidad tanto en aquellos que dirigen desde arriba la conducta de resistencia a la Reforma Agraria, como en los ejecutores materiales de la propaganda y el clima de zozobra y subversión que se ha creado en el país.

Debo informar a la Nación, asimismo, que ríos de dinero están siendo dirigidos hacia algunos miembros del Ejército, con el propósito de tentarlos y ganarlos a su campo. En este acto no hay ningún asomo de dignidad de parte de quienes creen que el Ejército, como se ha dicho, está en subasta pública. Los oficiales y las clases del Ejército Nacional de la Revolución, han respondido con el más puro patriotismo y honor, rechazando la corrupción de quienes lanzan a los caminos más tortuosos. El pueblo, las fuerzas democráticas y la patria reconocen con respeto la alta investidura moral del Ejército, y estoy seguro que acuerparán las medidas que la institución armada pueda tomar en defensa de su honor.

No ha de ser un secreto para muchos saber que la cadena de complots ha seguido ininterrumpidamente, aunque no se hayan hecho públicos, por que el régimen democrático cuya fuerza proviene de la Revolución de Octubre, es tan firme que no ha creído necesario ni conveniente restringir los derechos constitucionales. Pero si las necesidades lo demandaren, la Revolución podrá aplastar de otra manera los vanos intentos de quienes no terminan de convencerse de que para Guatemala ha muerto la época de la oprobiosa dictadura y que los guatemaltecos tienen derecho a una vida mejor.

Tampoco puede ocultarse el hecho, meridianamente claro, de que los mismos que fueron defensores de la dictadura, los mismos que han armado conspiración tras conspiración, los mismos que ya crearon las condiciones para una rebelión armada, los mismos que fueron ayer nomás partidarios de la candidatura presidencial más reaccionaria, los mismos que se han opuesto a las conquistas sociales de los trabajadores, los mismos que se amparan hoy bajo el pretexto “anticomunista”, son los mismos que se oponen a nuestro progreso y hacen resistencia hoy contra la realización de una Reforma Agraria que garantice una existencia menos dura para todos.

Pueblo de Guatemala:

La Reforma Agraria ya es una Ley de la República. A los funcionarios, empleados públicos y a todos los ciudadanos nos corresponde aceptar sus mandatos y hacerla cumplir sin sectarismos, teniendo presente en todo momento los superiores intereses de la nación. La oposición injusta o irracional no tiene ya ninguna razón de ser. La Revolución de Octubre, noble por sus aspiraciones, joven porque comienza a realizar sus grandes objetivos, vital porque proviene de las entrañas populares y vigorosa porque la apoyan las grandes mayorías que anhelan la marcha hacia el progreso nacional, la llevará adelante pese a todos los obstáculos hasta coronar victoriosamente la meta que se ha propuesto.

Trabajadores agrícolas y campesinos:

Los representantes de las fuerzas políticas más democráticas a través del Congreso de la República, han cumplido con su deber. A nosotros toca ahora asegurarnos del cumplimiento de la Ley y en vuestras manos está vivir una existencia más digna de seres humanos y hacer de Guatemala un gran centro de riqueza.

Industriales y comerciantes:

Un gran porvenir se abre para la actividad fabril y mercantil; los negocios y las manufacturas crecerán en la medida en que se vaya ampliando el mercado interno, no de inmediato, pero indefectiblemente en un porvenir próximo. Tened confianza en las fuerzas mejores del país, que ahora estarán en capacidad de marchar por el desenvolvimiento económico de Guatemala.

Al pueblo todo quiero expresarle mi confianza en que la Ley de Reforma Agraria alcanzará los fines que se ha propuesto la Revolución de Octubre, con la satisfacción de que he cumplido mi primer deber como Presidente de la República. Saludo a la nación vivando calurosamente a la patria con nuestro grito de lucha.¡HACIA DELANTE POR UNA GUATEMALA MEJOR! 

Jacobo Arbenz Guzmán

21 de junio de 1952.