Organizaciones Populares rechazan Reformas constitucionales emanadas desde la “soberbia del poder"

En Guatemala los grupos de poder, a través del gobierno actual, pretenden modificar la Constitución Política de la República para favorecer sus intereses y consolidar su poder. No existe otra lectura posible. Seis meses han sido suficientes para comprobar que este gobierno está al servicio de los sectores con poder, y en contra de los intereses de la gran mayoría de guatemaltecos. Este gobierno pro militar y servil a la oligarquía conservadora y emergente, carece de legitimidad para emprender un proceso de reformulación de la norma fundamental en la que se sustenta este Estado.

Reformar la constitución requiere de un gran acuerdo que establezca los mecanismos para que la voz de todo el pueblo sea escuchada. También requiere de gobernantes que tengan la legitimidad y visión de ser incluyentes. El gobierno del general Otto Pérez ha demostrado ser solo un operador político del poder económico, que nos presenta una propuesta de reformas a la constitución parcializada y emanada desde la “soberbia del poder”.

Su principal argumento es que “el Estado no es viable en la condición actual”. No es viable ¿para quién? ¿Para el modelo neoliberal? ¿Para el capital nacional y transnacional? ¿Para el proyecto oligárquico militar? ¿Para asegurar el espolio en la franja transversal del norte y así concretizar los planes militares de los 70s? ¿Para que el poder económico se asegure el control de las instituciones de justicia?

No vemos en su propuesta el sentir de las y los guatemaltecos, principalmente de los pueblos indígenas y de campesinos y sectores populares, que nos hemos expresado a través de las 63 consultas comunitarias, expresando un NO rotundo a los megaproyectos en nuestros territorios; así mismo de los miles de indígenas, campesinas y campesinos que marchamos durante 9 días y dos cientos catorce kilómetros para presentar nuestras demandas, las que fueron desoídas en su mayoría por el Presidente y los otros poderes del Estado; a los que nos ha dado la espalda cuando le hemos pedido que pare el proceso de militarización del país. Este gobierno no ha demostrado voluntad para dar solución a demandas sociales que no requieren de grandes acuerdos políticos. Por tanto, no somos ingenuos para creer que emprende esta desgastante lucha política para reformar la constitución en búsqueda del bienestar de las grandes mayorías.}

 

En Guatemala los grupos de poder, a través del gobierno actual, pretenden modificar la Constitución Política de la República para favorecer sus intereses y consolidar su poder. No existe otra lectura posible. Seis meses han sido suficientes para comprobar que este gobierno está al servicio de los sectores con poder, y en contra de los intereses de la gran mayoría de guatemaltecos. Este gobierno pro militar y servil a la oligarquía conservadora y emergente, carece de legitimidad para emprender un proceso de reformulación de la norma fundamental en la que se sustenta este Estado.

Reformar la constitución requiere de un gran acuerdo que establezca los mecanismos para que la voz de todo el pueblo sea escuchada. También requiere de gobernantes que tengan la legitimidad y visión de ser incluyentes. El gobierno del general Otto Pérez ha demostrado ser solo un operador político del poder económico, que nos presenta una propuesta de reformas a la constitución parcializada y emanada desde la “soberbia del poder”.

Su principal argumento es que “el Estado no es viable en la condición actual”. No es viable ¿para quién? ¿Para el modelo neoliberal? ¿Para el capital nacional y transnacional? ¿Para el proyecto oligárquico militar? ¿Para asegurar el espolio en la franja transversal del norte y así concretizar los planes militares de los 70s? ¿Para que el poder económico se asegure el control de las instituciones de justicia?

No vemos en su propuesta el sentir de las y los guatemaltecos, principalmente de los pueblos indígenas y de campesinos y sectores populares, que nos hemos expresado a través de las 63 consultas comunitarias, expresando un NO rotundo a los megaproyectos en nuestros territorios; así mismo de los miles de indígenas, campesinas y campesinos que marchamos durante 9 días y dos cientos catorce kilómetros para presentar nuestras demandas, las que fueron desoídas en su mayoría por el Presidente y los otros poderes del Estado; a los que nos ha dado la espalda cuando le hemos pedido que pare el proceso de militarización del país. Este gobierno no ha demostrado voluntad para dar solución a demandas sociales que no requieren de grandes acuerdos políticos. Por tanto, no somos ingenuos para creer que emprende esta desgastante lucha política para reformar la constitución en búsqueda del bienestar de las grandes mayorías.

 La Asamblea de la Marcha
Indígena Campesina y Popular.

Iximulew, Julajuj B’atz’. Guatemala, 25 de Julio 2012.