Entre el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces gobernador de México y
hoy presidente Peña Nieto autorizo un desalojo violento en contra de los
vendedores de flores que se oponían a la construcción de un aeropuerto
en el pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México.
A diez años del lamentable suceso, cuyo saldo fue decenas de heridos, dos jóvenes muertos, presos políticos y más de 20 mujeres violentadas sexualmente, sigue la impunidad.
Sin embargo la nueva normativa conocida como "Ley Atenco" aprobada el
pasado marzo que entraría en vigencia a mediados de junio, autoriza el
uso de la fuerza para enfrentar manifestaciones catalogadas como
violentas, la "Ley Atenco" supone la criminalización de la persona que
se manifiesta por lo que organizaciones sociales alegan que el estado o
sectores interesadas podrían infiltrar a personas ajenas para justificar
la persecución y privación de la libertad.
La ley permitiría el
uso de dispositivos de descarga eléctrica, sustancias irritantes en
aerosol y el uso por parte de elementos de la Policía y el ejercito de
armas letales.
