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15 nov 2016

Pueblo Maya Q'eqchi' del Estor, Izabal, exige fin de despojos.

El Pueblo Maya Q'eqchi' del Estor, Izabal, denuncio la semana pasada que se tiene contemplado por lo menos 25 desalojos en su contra para beneficiar a terratenientes que impulsan monocultivos de Palma Africana y Banano, exigieron en una movilización abrir un dialogo para no permitir el despojo y garantizar su derecho a la tierra y alimentación. 






El proceso de reacumulación de la tierra esta de la mano con el actual modelo de acumulación capitalista, en el 2011 se llevaron por lo menos 12 desalojos violentos en el valle del Polochic, un estimado de 769 familias resultaron afectadas y hasta la fecha mas de 500 siguen sin poder contar con acceso a la tierra. A los desalojados en el 2011 también se les niega el derecho a la salud y educación, denuncian que al acudir a los centros de salud o educativos se les acusa de ser invasores por lo que se les niega los servicios más elementales.





El alcalde Rony Méndez, con micrófono en mano, aperturó una mesa de dialogo que buscara el acercamiento con las autoridades correspondientes poder evitar los desalojos programados para esta semana y evitar una crisis humanitaria de Pueblo Maya Q'eqchi'.



Simona Yaxcal una Q'eqchi' que habría sido desalojada en las ultimas semanas perdió la vida a consecuencia de los efectos del gas lacrimógena lanzado en contra de la comunidad. Un representante del Comité de Unidad Campesina CUC manifestó preocupación toda vez que luego de todos los desalojos la Policía Anti motín procede a quemar casas y siembras por lo que advirtió que de continuar los desalojos los pobladores corren un grave riesgo.




3 may 2016

México: A 10 años de Atenco, nueva normativa permite represión a manifestantes.



Entre el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces gobernador de México y hoy presidente Peña Nieto autorizo un desalojo violento en contra de los vendedores de flores que se oponían a la construcción de un aeropuerto en el pueblo de San Salvador Atenco, en el Estado de México.

A diez años del lamentable suceso, cuyo saldo fue decenas de heridos, dos jóvenes muertos, presos políticos y más de 20 mujeres violentadas sexualmente, sigue la impunidad.

Sin embargo la nueva normativa conocida como "Ley Atenco" aprobada el pasado marzo que entraría en vigencia a mediados de junio, autoriza el uso de la fuerza para enfrentar manifestaciones catalogadas como violentas, la "Ley Atenco" supone la criminalización de la persona que se manifiesta por lo que organizaciones sociales alegan que el estado o sectores interesadas podrían infiltrar a personas ajenas para justificar la persecución y privación de la libertad.

La ley permitiría el uso de dispositivos de descarga eléctrica, sustancias irritantes en aerosol y el uso por parte de elementos de la Policía y el ejercito de armas letales.

9 nov 2014

Celebran 2do aniversario de Consulta de Mataquescuintla, Jalapa, que dijo: Por la Vida, No a la Minería.



 

Bajo el lema “Somos Gente de Paz y Amamos la Vida” La Sociedad Civil Organizada de Mataquescuintla, celebro este 9 de noviembre el segundo Aniversario de la Consulta Municipal a petición de vecinos, celebrada el 11 de Noviembre de 2012, fecha en la que más de 10,000 vecinos en su legítimo derecho se pronunciaron en contra de la instalación y ejecución de los proyectos de minería química de metales en su territorio, proceso que fue amparado por La Corte de Constitucionalidad argumentando “Es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados” siendo las consultas populares, mecanismos importantes por medio de los cuales se garantizan derechos fundamentales además son una clara expresión de un régimen democrático y los vecinos de Mataquescuintla tienen el derecho de expresarse con relación al uso, goce y disfrutes de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio.


Consideramos que la Corte de Constitucionalidad también actuó por el bien común al rechazar dos recursos promovidos por la Cámara de Industria y la Gremial de Mineras Extractivas para declarar la consulta de vecinos "inconstituional" expresó un dirigente que explico las complicaciones que han enfrentado los vecinos amenazados por la actividad minera, además dijo: Vendrán lobos vestidos de ovejas, pues existen por lo menos diez licencias mineras en nuestro territorio, así que debemos estar alertas para no caer en el juego de estas empresas que intentaran dividirnos con la compra de nuestras tierras.
 

Los vecinos también recordaron la criminalización que han sufrido así como la perdida de garantías con el estado de sitio en mayo del año pasado, en donde varias docena de lideres anti mineros fueron detenidos por lo menos siete meses y posteriormente absueltos sin que a estos se les lograra comprobar algo.
 











Mataquescuintla se encuentra ubicada a escasos kilómetros del proyecto minero el Escobal de Tahoe Resources, un proyecto que se ha impuesto a las comunidades por la fuerza tanto de la compañía extranjera como del gobierno patriota. Para enfrentar la imposición del proyecto varias docenas de comunidades iniciaron el camino de la resistencia pacifica y de consultas populares, sin embargo el retroceso sufrido por la empresa en la Corte de Constitucionalidad le llevo a medidas de confrontación extrema y criminalización que el año pasado logro detener, posterior a estado de sitio, las consultas a vecinos programadas con  el encarcelamiento por lo menos de 50 personas, entre ellos importantes lideres.







Notas Relacionadas.

Estado de sitio y militarización en Santa Rosa y Jalapa.

13 oct 2014

Criminalización contra del Comité De Unidad Campesina -CUC-

En conferencia de prensa representantes de Pueblos, Comunidades, Autoridades y Organizaciones Populares han mostrado su apoyo y solidaridad, denunciando la persecución y acoso dirigido al Comité de Unidad Campesina –CUC- y al dirigente indígena y campesino Daniel Pascual.

Dicha denuncia se realiza por las irresponsables acusaciones infundadas, amenazas e intimidaciones, así como la persecución política, mediática y legal, que han realizado organizaciones y personas afines a empresas transnacionales y nacionales, así como a la actual política del gobierno y al sector de mayor poder económico en Guatemala, que se han caracterizado por ser violadoras de derechos humanos en nuestro país.

Así mismo los representantes Pueblos, Comunidades, Autoridades y Organizaciones Populares rechazan estas prácticas de difamación, criminalización y persecución en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, heredadas del conflicto armado, donde quedó demostrado que los pueblos indígenas fueron blanco de los ataques de los sectores más reaccionarios que siempre se han mantenido en el poder, dentro de un marco jurídico excluyente el cual los faculta ejercer control y la represión contra la población en general.

En comunicado de prensa cita: “La conflictividad social y violencia no es responsabilidad de una organización ni de su dirigencia, es resultado de los mecanismos del Estado y las empresas por imponer proyectos que no benefician a las comunidades, solamente las dividen y confrontan… Expresamos nuestro apoyo solidario y permanente a las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción irrespetuosa de la planta cementera, la construcción del anillo regional y la instalación de la brigada militar, sin tomar en cuenta la consulta y todas las manifestaciones pacíficas que se han realizado desde el año 2007.

Expresamos nuestro respaldo y solidaridad con el compañero Daniel Pascual y el Comité de Unidad Campesina CUC, ante las irresponsables acusaciones infundadas de grupos de derecha y ante la presentación de una querella por actos de terrorismo, coacción e instigación para delinquir.

Hacemos un llamado a la solidaridad de las organizaciones sociales, religiosas, estudiantiles, sindicales, campesinas, ambientalistas, de mujeres, juventud del mundo y a los pueblos para que estén atentas y se manifiesten en contra del uso de prácticas de terror en los territorios de los pueblos originarios”.

Con información de Waki’b Kej
Descolonizando la Información
Prensa Indígena y Campesina.

17 dic 2012

Organizaciones Sociales Rechazan Criminalización de las Manifestaciones de Descontento.

Represión en temporada navideña:
Persecución y captura de manifestantes del 20 de octubre

Mientras el ejército de ocupación de Guatemala incrementaba su presencia desde el 13 de diciembre en Barillas, para proteger nuevamente los intereses de una empresa hidroeléctrica de origen español (Hidralia Ecoener), al mismo tiempo en la resistencia de La Puya, ubicada en San José del Golfo, continúa la zozobra por las amenazas de desalojo para favorecer a una empresa minera de origen estadounidense (Kappes Cassiday & Associates). Por otro lado, en  San Rafael Las Flores se criminaliza y se está montando un escenario de guerra para reprimir
a la resistencia comunitaria que se opone a las operaciones mineras de una empresa de origen canadiense (Tahoe Resources). También se teme que el Gral. de Guerra, Efraín Ríos Montt, no sea enjuiciado por sus crímenes de lesa humanidad, y la corrupción campea por las instituciones del Estado sin que se haga efectiva la justicia. 

Mientras ese tipo de casos de alto impacto no son atendidos como se esperaría en un estado democrático: El MP y la PNC gastan recursos en perseguir y capturar a manifestantes que el 20 de octubre de 2012 presuntamente rompieron vidrios y mancharon paredes del edificio de Gobernación, como un acto de profunda y legítima indignación y desesperación por las razones arriba expuestas, y en especial por la masacre cometida el 04 de octubre contra el pueblo K’iche’ de Totonicapán.

En este momento se persigue y encarcela a estudiantes de la USAC por depredación de un edificio creado durante la dictadura de Ubico y que sirvió como centro de tortura durante la guerra. No obstante, no se persigue con la misma “efectividad”, la depredación y saqueo que ordenaron altos mandos del ejército durante los 80, a sitios como Río Azul, El Zotz e Ixkún del Petén y estelas en Huehuetenango. Asimismo se tiene conocimiento de la destrucción de montículos en el oriente del país y de otros utilizados como tiro al blanco como el Naranjo en Petén.

Por su parte, varias familias oligarcas intentan privatizar sitios y piezas arqueológicas a través del proyecto Reino Kan y del Museo del mundo Maya. También no podemos dejar de mencionar la destrucción de sitios prehispánicos por la realización de megaproyectos y complejos comerciales. A pesar de todo ello, son los estudiantes de la USAC los que son perseguidos y encarcelados como si fueran criminales.
 
Por tanto:
1. Repudiamos el papel que está jugando el Consejo Superior Universitario (CSU), al proporcionar información como si los y las estudiantes fuesen delincuentes de facto, violando así la Autonomía Universitaria. Esto nos hace recordar las rectorías como la de Eduardo Meyer a principios de la década del 80, donde varios estudiantes fueron señalados y posteriormente desparecidos por las fuerzas represivas del Estado.
 
2. Le solicitamos al Ministerio Público (MP) a que tome en cuenta la coyuntura en la que se desarrollaron estos hechos, y en especial a la Fiscal General Claudia Paz y Paz que no utilice esta situación como excusa o balance frente a los casos relacionados con la Memoria, la Verdad y la Justicia, que si son de alto impacto.

3. Al Ministerio de Gobernación que respete el debido proceso llevado a cabo por el MP y que no extralimite sus funciones en materia de investigación penal. 

4. Exigimos al Gobierno de Guatemala que cese la violencia política judicial y extrajudicial contra las distintas expresiones del movimiento social.

5. Hacemos un llamado a las diferentes expresiones organizativas a que no se dejen llevar por las notas de prensa o discursos criminalizadores que sólo generan división entre el movimiento y que justifican la persecución política a todos niveles.

6. Nuestra solidaridad con los estudiantes perseguidos y detenidos, así como a sus
familias que pasarán las fiestas de fin de año sin sus seres queridos.

Guatemala 14 de Diciembre de 2012.

¡No a la criminalización de la protesta!
¡Libertad a los presos políticos por Luchar!
¡Cese a la persecución contra el movimiento social!

Sindicato de Trabajadores y Comerciantes del Campus Central de la Universidad de San Carlos (SITRACOMUSAC), Asociación COMUNICARTE, Asociación Feminista La Cuerda, Frente Popular (FP), Bloque Antiimperialista, Organización Estudiantil de la Escuela de Historia (OEH), Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG), H.I.J.O.S-Guatemala, Coordinadora de la Juventud de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Juventud-URNG), Movimiento Estudiantil 78-12, COLECTIVO CLAVEL ROJO, Colectivo Voces de Mujeres, Raúl Molina (Ex–Rector en funciones de la USAC), Alianza Política Sector de Mujeres, Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA).

nota relacionada.