PRONUNCIAMIENTO
ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN SAN RAFAEL LAS FLORES POR LA
PRESENCIA MINERA
Como
todos y cada uno de los proyectos mineros en ningún momento se
permitió a las comunidades expresarse por la presencia de la
compañía extranjera que estima estar en uno de los más grandes
depósitos de plata de Centroamérica, con reservas de más de 300
millones de onzas, además de plomo, zinc y oro. La empresa Minera
San Rafael, filial de Tahoe Resources, opera el proyecto desde hace 4
años y espera iniciar los trabajos de explotación a mediados de
2014.
El día
17 de septiembre convocamos a una manifestación pacífica de las
personas en la planta de energía eléctrica ubicada en
Mataquescuintla para impedir la conexión solicitada por la empresa
minera San Rafael para el funcionamiento de la misma. Durante dicha
manifestación, se sostuvo de manera permanente la presencia de la
Policía Nacional Civil, hubo constantes amenazas e intimidación a
las personas asistentes en estado de indefensión por parte de
elementos de la fuerza policial. La manifestación estuvo acompañada
por algunas autoridades, entre ellas el alcalde de Nueva Santa Rosa y
de Casillas, así como sacerdotes, que además de acompañarnos ,
para resguardar nuestra integridad mientras ejercíamos nuestro
derecho constitucional de manifestar pacíficamente nuestro
descontento, evidencian una vez más, la legitimidad de nuestras
demandas respecto del proceder de la empresa minera desde su llegada,
y el constante e histórico abuso de poder con el que actúan las
fuerzas policiales al momento de defender los intereses económicos
de unos pocos que lucran con el saqueo de los recursos naturales en
el país.
Procedimos
a redactar el acta correspondiente, y se dio continuidad a la marcha
para llegar a las instalaciones de la empresa minera a manifestar
nuestras demandas. A la llegada de la manifestación a la empresa
minera, nos colocamos en un plantón fuera de las instalaciones en
señal de protesta para exigir que la mina San Rafael no siga
operando en el lugar, dicha medida se sostuvo hasta el día
siguiente.
El día
18 de septiembre por la mañana, organizamos una agrupación masiva
de las comunidades (Mataquescuintla, San Rafael Las Flores, Chapas,
Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa María Xalapán, San Carlos
Alzatate, Jumay, Cerro Gordo, Rinconcito, San Juan Bosco), miles de
personas, que estaban presentes en la manifestación. La
aglutinación de las personas fue correspondida por una llegada
desproporcional de más elementos de la PNC por vía aérea, creando
que la tensión en el ambiente aumentará. La decisión de bloquear
el ingreso de los trabajadores a la empresa minera, resultó en
múltiples insinuaciones de acción contra las personas que
manifestábamos, el cansancio y el desgaste que representa la
movilización de las personas fue aumentando el clima de impaciencia
que se vivía.
El
aumento de presión por parte de la PNC para desbloquear la entrada
de la empresa minera, derivó en la violación de derechos humanos de
muchos de los que participamos de la manifestación. Hubo
lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas incluso en contra
de mujeres, ancianos y niños; se detonaron varios disparos de armas
de fuego por parte de elementos de la PNC en contra de la población
civil, que causaron caos. Estos hechos, provocaron nuestra justa
indignación y la necesidad de resguardar a los nuestros. De esta
manera, se desató el enfrentamiento directo de algunos de nosotros
con elementos de la PNC, para proteger a nuestros hermanos.
En el
marco de la violencia ejercida por parte de la PNC, se efectuaron 31
capturas, 25 hombres y 6 mujeres que se encontraban desarmados en la
protesta, entre las 6 mujeres capturadas se encuentran dos de las
mujeres que viven en nuestra comunidad. El proceso de estas
capturas, injustificadas, y del traslado de los y las capturadas,
presenta un sinnúmero de anomalías y violaciones a los derechos de
dichas personas. La captura se ejerció con violencia
desproporcionada. Luego de la aprehensión, nuestros hermanos fueron
trasladados a la comisaría de Cuilapa de dónde fueron llevados
finalmente a prisiones de máxima seguridad (el Boquerón, Santa
Teresita) sin evidencia o cargos que justificasen dicha aprehensión.
Nuestros
compañeros y compañeras que fueron privados de libertad
injustamente, presentan golpes y heridas que son responsabilidad de
los elementos policiales que les capturaron. Las compañeras que
fueron aprehendidas fueron obligadas, mientras las golpeaban y
pateaban elementos de la PNC, a cargar a un herido de bala para
llevarlo a una ambulancia. Cuando el peso del herido que llevaban las
obligaba a detenerse eran insultadas, e incluso refieren que algunos
de los agentes de la PNC se paraban sobre ellas luego de tirarlas
contra el piso por haberse detenido. En la prisión, fueron víctimas
de tortura, abuso físico y emocional. Por lo que al salir de
prisión con medida sustitutiva, las compañeras se encuentran en
estado de salud grave.
Nunca
antes en la historia reciente de nuestro pueblo habíamos conocido
tanta violencia, la paz y armonía en nuestras comunidades, fue, es y
ha sido interrumpida de manera constante desde la llegada de esta
empresa minera.
Por
lo tanto, exigimos
- El retiro total y permanente de la Mina San Rafael
- La presencia y acción inmediata de las instituciones correspondientes (CICIG, MP, PDH) para la deducción de responsabilidades de quiénes violentaron a nuestros compañeros,
- El retiro definitivo de los cargos realizados en su contra y el compromiso de salvaguardar su integridad y la de sus familias,
- El reconocimiento público del Estado en cuanto a lo sucedido,
- La garantía de no más violencia ni violaciones a los derechos humanos de nuestra gente y el respeto a decidir la manera en qué queremos vivir.
PASTORAL
SOCIAL DE SAN JOSÉ LA SIERRA
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