27 sept. 2012

Pastoral Social de San Jose de la Sierra, se pronuncia ante los actos violentos de la Policia en favor de la Minera.


PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN SAN RAFAEL LAS FLORES POR LA PRESENCIA MINERA
Como todos y cada uno de los proyectos mineros en ningún momento se permitió a las comunidades expresarse por la presencia de la compañía extranjera que estima estar en uno de los más grandes depósitos de plata de Centroamérica, con reservas de más de 300 millones de onzas, además de plomo, zinc y oro. La empresa Minera San Rafael, filial de Tahoe Resources, opera el proyecto desde hace 4 años y espera iniciar los trabajos de explotación a mediados de 2014.
El día 17 de septiembre convocamos a una manifestación pacífica de las personas en la planta de energía eléctrica ubicada en Mataquescuintla para impedir la conexión solicitada por la empresa minera San Rafael para el funcionamiento de la misma. Durante dicha manifestación, se sostuvo de manera permanente la presencia de la Policía Nacional Civil, hubo constantes amenazas e intimidación a las personas asistentes en estado de indefensión por parte de elementos de la fuerza policial. La manifestación estuvo acompañada por algunas autoridades, entre ellas el alcalde de Nueva Santa Rosa y de Casillas, así como sacerdotes, que además de acompañarnos , para resguardar nuestra integridad mientras ejercíamos nuestro derecho constitucional de manifestar pacíficamente nuestro descontento, evidencian una vez más, la legitimidad de nuestras demandas respecto del proceder de la empresa minera desde su llegada, y el constante e histórico abuso de poder con el que actúan las fuerzas policiales al momento de defender los intereses económicos de unos pocos que lucran con el saqueo de los recursos naturales en el país.
Procedimos a redactar el acta correspondiente, y se dio continuidad a la marcha para llegar a las instalaciones de la empresa minera a manifestar nuestras demandas. A la llegada de la manifestación a la empresa minera, nos colocamos en un plantón fuera de las instalaciones en señal de protesta para exigir que la mina San Rafael no siga operando en el lugar, dicha medida se sostuvo hasta el día siguiente.
El día 18 de septiembre por la mañana, organizamos una agrupación masiva de las comunidades (Mataquescuintla, San Rafael Las Flores, Chapas, Nueva Santa Rosa, Casillas, Santa María Xalapán, San Carlos Alzatate, Jumay, Cerro Gordo, Rinconcito, San Juan Bosco), miles de personas, que estaban presentes en la manifestación. La aglutinación de las personas fue correspondida por una llegada desproporcional de más elementos de la PNC por vía aérea, creando que la tensión en el ambiente aumentará. La decisión de bloquear el ingreso de los trabajadores a la empresa minera, resultó en múltiples insinuaciones de acción contra las personas que manifestábamos, el cansancio y el desgaste que representa la movilización de las personas fue aumentando el clima de impaciencia que se vivía.
El aumento de presión por parte de la PNC para desbloquear la entrada de la empresa minera, derivó en la violación de derechos humanos de muchos de los que participamos de la manifestación. Hubo lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas incluso en contra de mujeres, ancianos y niños; se detonaron varios disparos de armas de fuego por parte de elementos de la PNC en contra de la población civil, que causaron caos. Estos hechos, provocaron nuestra justa indignación y la necesidad de resguardar a los nuestros. De esta manera, se desató el enfrentamiento directo de algunos de nosotros con elementos de la PNC, para proteger a nuestros hermanos.
En el marco de la violencia ejercida por parte de la PNC, se efectuaron 31 capturas, 25 hombres y 6 mujeres que se encontraban desarmados en la protesta, entre las 6 mujeres capturadas se encuentran dos de las mujeres que viven en nuestra comunidad. El proceso de estas capturas, injustificadas, y del traslado de los y las capturadas, presenta un sinnúmero de anomalías y violaciones a los derechos de dichas personas. La captura se ejerció con violencia desproporcionada. Luego de la aprehensión, nuestros hermanos fueron trasladados a la comisaría de Cuilapa de dónde fueron llevados finalmente a prisiones de máxima seguridad (el Boquerón, Santa Teresita) sin evidencia o cargos que justificasen dicha aprehensión.
Nuestros compañeros y compañeras que fueron privados de libertad injustamente, presentan golpes y heridas que son responsabilidad de los elementos policiales que les capturaron. Las compañeras que fueron aprehendidas fueron obligadas, mientras las golpeaban y pateaban elementos de la PNC, a cargar a un herido de bala para llevarlo a una ambulancia. Cuando el peso del herido que llevaban las obligaba a detenerse eran insultadas, e incluso refieren que algunos de los agentes de la PNC se paraban sobre ellas luego de tirarlas contra el piso por haberse detenido. En la prisión, fueron víctimas de tortura, abuso físico y emocional. Por lo que al salir de prisión con medida sustitutiva, las compañeras se encuentran en estado de salud grave.
Nunca antes en la historia reciente de nuestro pueblo habíamos conocido tanta violencia, la paz y armonía en nuestras comunidades, fue, es y ha sido interrumpida de manera constante desde la llegada de esta empresa minera.
Por lo tanto, exigimos
  • El retiro total y permanente de la Mina San Rafael
  • La presencia y acción inmediata de las instituciones correspondientes (CICIG, MP, PDH) para la deducción de responsabilidades de quiénes violentaron a nuestros compañeros,
  • El retiro definitivo de los cargos realizados en su contra y el compromiso de salvaguardar su integridad y la de sus familias,
  • El reconocimiento público del Estado en cuanto a lo sucedido,
  • La garantía de no más violencia ni violaciones a los derechos humanos de nuestra gente y el respeto a decidir la manera en qué queremos vivir.
PASTORAL SOCIAL DE SAN JOSÉ LA SIERRA

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