26 feb. 2013

El Retraso de la CC es Malicioso según pueblos Mayas



Representantes del Consejo de los Pueblos de Occidentes -CPO- calificaron como Malicioso el retraso de la Corte de Constitucionalidad -CC-, que a casi un año de presentarse una acción de inconstitucionalidad por la ley de Minería, los magistrados aun no resuelven.

El -CPO- es un espacio de articulación de instituciones del pueblo Maya de Occidente de Guatemala conformada por el Consejo Mam de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu, el consejo K´iche del Quiche y Quetzaltenango, la junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenango, Asociación indígena de San Francisco el Alto, Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil y Comunidades Kaqchikeles de Chimaltenango.

Para el -CPO- la conflictividad social que en la actualidad aqueja a toda Guatemala en gran medida es producto de la ley de Minería aprobada en 1997 y no casualmente posterior a la firma de la paz. Desde la fecha a la actualidad el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado bajo el amparo de esta ley un total de 117 licencias para la exploración y 8 de explotación minera de metales.

En su momento el Ministerio Publico se pronuncio por que los pueblos afectados sean consultados mediante una ley de minería que permita a estos expresarse, sin embargo para los representantes del CPO el riesgo de que se trate reglamentar las consultas comunitarias son un riesgo latente y el actual sistema electoral prostituido puede deformar la esencia de la participación de los pueblos originarios que propicia el consenso y la inclusión.

El CPO espera que la sentencia no tenga un carácter exhortativo, queremos una resolución clara, que no permita ambigüedades y prolongación de la problemática suscitada de la industria extractiva expreso una representante comunitaria quien además expreso que se esta poniendo aprueba al sistema de justicia por que los intereses económicos que median aquí ponen en riesgo la llamada inversión extranjera para el país y que violentan desde la “paz” la integridad y sobrevivencia de los mismos pueblos mayas y originarios.

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