Yo soy Xinka.

Representantes de la minera San Rafael y autoridades Judiciales aducen que la mina no debía de consultar a los pobladores en San Rafael las Flores, municipio de Santa Rosa pues aquí no existe presencia de pueblos originarios, llegando a argumentar que era necesario realizar exámenes de ADN para determinar si en verdad los que se dicen Xinkas, lo eran. 

En manifestación ayer varios miles de indígenas Xinkas y de otras naciones urgieron a la Corte de Constitucionalidad apresurar un fallo para determinar que la minera San Rafael violentó su derecho de consulta al instalar e iniciar operaciones mineras en esa región. 

y aun que la minera aduce que no debió consultar a los pueblos afectados por su actividad pues estos no son originarios, es preciso decir que en ningún lugar afectado por la imposición de megaproyectos los pueblos indígenas han sido consultados.

La Corte de Constitucionalidad debe de resolver para los pueblos, en contra de un modelo neoliberal que corrompe en lo más débil al sistema de justicia, divide a comunidades y solo beneficia los bolsillos extranjeros, la minería no es para el bien común.

El amparo de la CC al CACIF fue responsable del asesinato de Alfredo Vásquez Cruz.

El pasado 12 de noviembre la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo interpuesto por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF– para que el Ministerio de Gobernación procediera a liberar de bloqueos las principales rutas de país, que por segundo día permanecían cerradas exigiendo la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, la moratoria minera así como la derogación de una serie de leyes lesivas para los interese de los pueblos y comunidades.

Alfredo Vásquez Cruz originario de la Aldea Buena Vista, Mataquescuintla, Jalapa se encontraba manifestando en el bloqueo del kilómetro 51 a la altura de  Sanarate, el Progreso. Al momento de intentar ser desalojados los manifestantes y oponerse, se desato un enfrentamiento, varios policías y manifestantes resultaran heridos, Vásquez Cruz según algunos de sus compañeros, recibió un impacto de bala en el pecho y pierna y al momento de ser trasladado por particulares a un centro asistencial perdió la vida.

Por lo menos unas dos mil personas que apoyan la lucha contra los mega-proyectos y la jornada de tres días de paros se hicieron presentes al velorio de Alfredo Vásquez Cruz, a las afueras de la casa se instalaron altoparlantes pues la presencia fue masiva y de varias comunidades y municipios aledaños.

Un representante del parlamento Xinca expresó: El amparo de la Corte de Constitucionalidad al CACIF fue responsable del asesinato del compañero, sobre la espalda de la Corte va esta muerte. 

Alfredo Vásquez Cruz deja en la orfandad a 5 niños, con tan solo 35 años fue recordado por un vecino como un hombre solidario y comprometido con su comunidad, por eso lloramos su ausencia, le dio educación a varios muchachos, recordó.

En manos de la CC esta el futuro del proyecto minero "El Escobal"

En las manos de la Corte de Constitucionalidad -CC- esta el futuro del proyecto minero "El Escobal" de Minera San Rafael que violento lo establecido en la ley de Minería junto al Ministerio de Energía y Minas por negarse a conocer  la oposición presentada por Kelvin Jiménez y otras 300 personas que denunciaron contaminación industrial. 

En julio la sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgó un amparo definitivo en favor de Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta y ordeno dar tramite en un plazo de tres días el recurso de oposición de Villalta.

Cientos de representantes abarrotaron la sala de vistas de la Corte, mientras otros cientos esperaban afuera para hacer prevalecer la Justicia según un lider de las comunidades vulneradas con el proyecto minero.

La sala primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgó el  amparo definitivo por que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- se negó a conocer la oposición al proyecto, en ese sentido los comunitarios exigen el cese inmediato de las actividades de la empresa que a toda luces violento las leyes del país y la paz del lugar, expresaron.

El representante de la mina el Escobal se dirigió a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, manifestando que en ningún momento el Ministerio de Energía y Minas -MEM- violento el otorgamiento de la licencia Minera.

 

El 24 de Julio el Ministerio de Energía y Minas publico en su portal electrónico  Esta sentencia concluye la primera instancia del amparo, sin embargo es una resolución que no se encuentra firme puesto que es apelable y esta apelación será conocida por la Corte de Constitucionalidad, NO deja sin efecto la licencia otorgada a la empresa Minera San Rafael, Sociedad Anónima, denominada Escobal, puesto que no existe pronunciamiento en ese sentido.

Fernando Castellanos director de Minería del MEM aseguro que el amparo definitivo, otorgado en favor de los comunitarios, no habla de la suspensión de la licencia minera, solo ratifica el procedimiento que los excluyo, sin embargo para el Centro de Acción Legal Ambiental y Social -CALAS- el amparo suspende la licencia y por ello las actividades extractivas, ello por que se violento el procedimiento establecido en la propia ley de Minería establece.

Los representantes comunitarios de San Rafael y otros pueblos igualmente afectados por las mineras quedaron a la espera de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que una vez más tiene en sus manos una braza, pues de favorecer a la empresa quedara en evidencia el verdadero papel de la Corte, manifestó un representante indígena.

El Retraso de la CC es Malicioso según pueblos Mayas

Representantes del Consejo de los Pueblos de Occidentes -CPO- calificaron como Malicioso el retraso de la Corte de Constitucionalidad -CC-, que a casi un año de presentarse una acción de inconstitucionalidad por la ley de Minería, los magistrados aun no resuelven.

El -CPO- es un espacio de articulación de instituciones del pueblo Maya de Occidente de Guatemala conformada por el Consejo Mam de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu, el consejo K´iche del Quiche y Quetzaltenango, la junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenango, Asociación indígena de San Francisco el Alto, Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil y Comunidades Kaqchikeles de Chimaltenango.

Para el -CPO- la conflictividad social que en la actualidad aqueja a toda Guatemala en gran medida es producto de la ley de Minería aprobada en 1997 y no casualmente posterior a la firma de la paz. Desde la fecha a la actualidad el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado bajo el amparo de esta ley un total de 117 licencias para la exploración y 8 de explotación minera de metales.

En su momento el Ministerio Publico se pronuncio por que los pueblos afectados sean consultados mediante una ley de minería que permita a estos expresarse, sin embargo para los representantes del CPO el riesgo de que se trate reglamentar las consultas comunitarias son un riesgo latente y el actual sistema electoral prostituido puede deformar la esencia de la participación de los pueblos originarios que propicia el consenso y la inclusión.

El CPO espera que la sentencia no tenga un carácter exhortativo, queremos una resolución clara, que no permita ambigüedades y prolongación de la problemática suscitada de la industria extractiva expreso una representante comunitaria quien además expreso que se esta poniendo aprueba al sistema de justicia por que los intereses económicos que median aquí ponen en riesgo la llamada inversión extranjera para el país y que violentan desde la “paz” la integridad y sobrevivencia de los mismos pueblos mayas y originarios.