Por Roderico Díaz.
Hoy fue el primer día de la apertura del debate oral y público por el caso de Genocidio
a los acusados Ex-generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
La jornada inició a las 08:30 AM. Hora de Guatemala, la Jueza Presidenta
Jazmín Barrios quien preside el tribunal, dio por iniciada la audiencia de apertura
a juicio, se les concedió la palabra al Ministerio Publico y a los abogados
querellantes de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación –AJR- y el
Centro para la acción legal para los derechos humanos –CALDH-. Quienes plantearon
sus argumentos sobre la acusación por Genocidio y deberes contra la Humanidad.
La defensa de los generales retirados informó al tribunal que a última hora
el acusado Ríos Montt había decidido prescindir de los servicios de sus
anteriores abogados y que por lo tanto el abogado Francisco García Gudiel quien
se haría cargo a partir de ese momento de la defensa del general. Así dio inicio una serie de aproximadamente 7
recursos interpuestos por la defensa de
ambos abogados para evitar que se diera por aperturado el debate oral y publico9,
argumentando que 2 jueces del tribunal no podían conocer dicho proceso entre
los argumentos planteados por la nueva defensa del general estaba que el
abogado mantiene una “profunda
enemistad” con la jueza Jazmín barrios. Después
de deliberar en varias ocasiones, de varias horas de alegatos y el retiro de la sala del Nuevo defensor de Ríos
Montt ordenado por el tribunal, dicho órgano declaró abierto solemnemente el debate
y en el cual se les leyó a los acusados sus derechos y las acusaciones en su
contra, ambos generales optaron no declarar ante la corte.
En horas de la tarde se continuo el debate con la presentación de 2
testigos de los querellantes, siendo ellos Nicolás Brito y Bernardo Bernal,
ambos del grupo étnico Ixil y sobrevivientes de una de las masacres, ambos narraron
al tribunal como el ejército llegó a la
aldea asesinó a decenas de personas entre ellas niños mujeres y ancianos, “el ejército
mato a la gente les saco el corazón y después los llevaron a un cuartito y les
prendieron fuego y quemaron las casas y la cosecha”, también “me obligaron a
hacer patrulla militar, porque decían que ellos eran la última ley”.
Para mañana miércoles 20 de marzo se citó a las partes para dar continuidad
con el debate.
En Guatemala nunca hubo genocidio, lo que si hubo es un enfrentamiento del conflicto armado interno, yo soy de la aldea Salquil y puedo manifestar la verdad lo que sucedió en las areas del departamento de el Quiché, así mismo hago de sus conocimientos a las autoridades encargadas del caso, que los testigos que sean mayores de 43 años de edad, para que den su testimonio verico y tal como sucedieron los hechos,si algún testigo es menor de 43 años, su declación testimonial es imaginación y unicamente ha leído la historia y es totalmente falso. También que se haga saber y que se investigue las muertes que fueron ejecutadas por el grupo insurgentes rebeldes URNG.
ResponderEliminarAplaudo el esfuerzo y trabajo de las y los sobrevivientes del Genocidio, pues la justicia es una lucha que vienen empujando desde hace 30 años y que finalmente se logra avanzar contra la Impunidad. Este es un Juicio Histórico para Guatemala y America Latina ya que es necesario que estos delitos de Lesa Humanidad sean juzgados y castigados para avanzar hacia la Paz y para garantizar que las Fuerzas del Estado nunca mas vuelvan a cometer estos crimenes. Al mismo tiempo porque es urgente que las y los guatemaltecos conozcamos nuestra verdadera historia y asi comprender las consecuencias que la Impunidad tiene hoy por hoy.
ResponderEliminarEs aplaudible las decisiones de los jueces y del ministerio público asi como de los querellantes actuar de manera justa y precisa para que al fin en nuestro país se actúe en contra de la injusticia y de la impunidad que tanto ha hecho daño a la población indefensa ( empobrecidos e indìgenas) ya es tiempo de implementar una costumbre de responsabilidad y de practicar los valores universales, ya es tiempo de castigar a quienes han hecho mucho daño a muchos, asimismo legalmente perseguir a los otros funcionarios y exfuncionarios públicos ligados a la las violaciones de lesa humanidad durante el conficto armado interno, independientemente si actuaron como autores intelectuales o materiales.
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