3 oct. 2013

Consejo del Pueblo Maya K’ich’e hace llamado a comunidades a legítimo derecho de Resistencia.

Con fotografía de: Jhonathan F. Gómez.
e información de: cpo.comunicacion 
 
Ayer varios cientos de personas se dieron cita en Salcaja, Quetzaltenango para denunciar la actual iniciativa de moratoria que el gobierno Patriota falsamente ofrece a las comunidades en medio de una creciente resistencia. 
Los manifestantes denunciaron, que a tras de la supuesta moratoria, esta el Proyecto de Electrificación Territorial -PET- que tiene como objetivo interconectar a los grandes proyectos que actualmente operan en el país.  

El comunicado circulado ayer manifiesta:


La empresa responsable de construir la primera licitación del PET (PET-1-2009) es la Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA), subsidiaria de la Empresa de Energía de Bogotá (95.23%) y de Edemtec, S.A con una participación del 4.77% de las acciones al 31 de diciembre de 2012.



la Mina Marlin de Montana Exploradora, S.A., subsidiaria de la corporación transnacional canadiense GoldCorp, Inc, fue la tercera industria con mayor demanda firme proyectada para el año 2012 con 16,113 KW de consumo de electricidad. Es decir, casi 5 veces más que la demanda firme proyectada por la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, para el mismo año (3,777 KW).
 
 



Que los intereses depositados en la expansión de la industria extractiva, manufacturera y de complejos hoteleros y comerciales que pronostican su apertura a partir del reordenamiento territorial que se avecina con la construcción de los Megaproyectos: Corredor Turístico del Caribe (Izabal y Petén), Franja Transversal del Norte (Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango) y el Corredor Interoceánico de Guatemala (Izabal, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa); contraviene el principio constitucional de buscar siempre el bienestar de la sociedad.

Por lo tanto, el Consejo del Pueblo Maya K’ich’e hizo un llamado a las comunidades y pueblos a la legítima resistencia para proteger y defender derechos fundamentales como el de la participación, la consulta y consentimiento previo, libre e informado reconocidos en la Constitución Política de la República y Convenios internacionales de derechos humanos, ante la construcción de los anillos eléctricos en nuestros territorios.




Exigen al Gobierno actual sujetar su actuación en ejercicio del poder público a la Constitución Política de la República de Guatemala, condición necesaria para restablecer el Estado Constitucional de Derecho.

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