Hoy en un medio escrito corporativo se filtro la noticia respecto a la supuesta intención de la Corte de Constitucional -CC- en otorgar Amnistía a Jose Efrain Rios Montt reciente mente juzgado y condenado por delitos de Genocidio y deberes de la Humanidad.
La noticia despertó indignación entre los sobrevivientes y organizaciones de Derechos Humanos que esta noche se dieron cita a las afueras de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano de justicia Guatemalteca, para protestar, rechazar y anunciar una serie de actividades ante semejante insinuación de impunidad en el país, manifestaron.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH- manifestó que el
Artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 en la cual
se prevé la amnistía respecto de delitos políticos cometidos
durante el conflicto armado interno, limita el alcance de la amnistía
de la siguiente manera: “La
extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no
será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición
forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que
no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con
el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por
Guatemala”.
Por su parte la organización H.I.J.O.S. Guatemala expreso que esta es una manifestación clara del como el sistema de Justicia se blinda ante una sentencia por Genocidio que profundiza en las causas estructurales que propiciaron la barbarie del ultimo genocidio en la historia, contra los pueblos mayas y el proyecto revolucionario.
El 10 de mayo de este año un Tribunal Guatemalteco resolvió declarar culpable a Rios Montt por delitos de Genocidio concluyendo que “se implementó un exterminio contra los ixiles como una forma de defender a las elites nacionales”, tan solo dos días después la cúpula empresarial Guatemalteca aglutinada en el Comité de Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera -CACIF- pidio a la Corte de Constitucionalidad la anulación del Juicio aduciendo anomalías en el proceso.
Una semana después la Corte de Constitucionalidad -CC- anula la sentencia.
Para los sobrevivientes de la región Ixil la sentencia sigue vigente.
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