¡Avanzando hacia una Guatemala libre de
discriminación por orientación sexual e identidad de género!
En un mundo convulso por la serie de eventos sociales,
políticos y culturales que han reconfigurado los escenarios
regionales y locales, la promoción y defensa de los Derechos Humanos
debería ser el principal bastión de los pueblos y gobiernos para
salvaguardar la integridad y dignidad de todas y todos los
ciudadanos, especialmente de quienes se ven vulnerados por los
eventos mencionados, pero especialmente por las inequidades
históricas, como las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales y
trans, quienes en pleno siglo XXI debemos enfrentar omisiones y
acciones basadas en el prejuicio, la ignorancia, el fundamentalismo
religioso e ideológico, pero especialmente por la prepotencia y la
impunidad. Afortunadamente, hay regiones y países en el mundo donde
las acciones para equiparar los derechos humanos entre ciudadanas y
ciudadanos gays, lesbianas, bisexuales y trans se definen
precisamente a partir del reconocimiento de esa humanidad intrínseca
en cada uno y una y no de interpretaciones medievales.
Incluso, en un territorio relativamente pequeño como
Centroamérica los avances con relación a las agendas de gays,
lesbianas, bisexuales y trans han avanzado significativamente entre
países. En El Salvador se ha emitido un acuerdo ministerial contra
todo tipo de discriminación y violencia por orientación sexual e
identidad de género la cual supone un hito en la defensa de los
derechos LGBT. En Costa Rica la Asamblea Legislativa ha sido
declarada "libre de homofobia, lesbofobia y transfobia y todo
tipo de discriminación, marginación o exclusión por orientación
sexual". También se ha sentado un valioso precedente al
permitir la adopción de un niño por parte de una persona trans
(Caso Luis Gerardo Mairena Rodríguez). En Nicaragua –y pese a los
retos pendientes- se cuenta con la única procuradora especial para
comunidades LGBT de Latinoamérica, un gesto sin precedentes que
reconoce la necesidad de institucionalizar la defensa y promoción de
los Derechos Humanos LGBT. Sin embargo –y muy a pesar nuestro-
Honduras y Guatemala representan el rezago en la región al presentar
los más altos índices de asesinatos en contra de las personas LGBT.
En Honduras, desde el golpe de estado perpetrado en contra del
gobierno de Manuel Zelaya en junio del 2009, han sido asesinadas más
de 40 personas de la Diversidad Sexual, sin que hasta ahora se haya
esclarecido uno sólo de ellos. En Guatemala- pese a que se han
realizado las denuncias respectivas- hasta hoy siguen impunes los
asesinatos de María Conchita Alonso (1,997) Paulina Rashel Marrot
(2005), (Bárbara Palacios (2006), entre otros casos. La
desaparición de Katherine Michelle y miles de agresiones y
crímenes de odio en contra de lesbianas, bisexuales y gays, los
cuales permanecen en el más gris de los anales, simplemente porque
el estado y sus instituciones no nos consideran ciudadanas y
ciudadanos de pleno derecho.
Sin embargo, nuestra lucha no se limita a señalar la
impunidad y exigir juicio y castigo a las y los responsables de los
crímenes de odio. Desde nuestras trincheras se construyen nuevas
identidades ciudadanas que cuestionan, problematizan, proponen y
movilizan acciones concretas para transformar la realidad hostil que
nos aqueja, enfrentando desde la legitimidad política el mapa de
poder. Reconocemos la complejidad guatemalteca y reconocemos los
grandes retos de nación, los cuales no minimizamos –al contrario-
acogemos como propios y articulamos para fortalecer la cultura de
paz, defender el territorio de los pueblos originarios, la reforma
curricular para la formación magisterial, la integridad y libertad
de las mujeres y señalar y condenar el clientelismo, la politiquería
y el enriquecimiento ilícito.
Los movimientos sociales y el estado y sus
instituciones deben de manera inmediata y sustantiva, reconocer que
las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales y trans merecemos y
debemos acceder a condiciones equitativas de desarrollo,
participación y bienestar como cualquier ciudadano y ciudadana que
produce, tributa y participa, más allá de su identidad de género
o identidad sexual. Necesitamos reconocer que no existe ni existirá
un proyecto de nación íntegro, si seguimos negando la existencia y
legitimidad de segmentos poblacionales como el LGBT. No cimentaremos
sólidamente la agenda nacional de Derechos Humanos si no reconocemos
desde la práctica que las inequidades trascienden la pobreza, la
etnicidad o el sexo.
En el caso de las personas trans cuya identidad no es
reconocida, no somos sujetos prioritarios en el diseño de políticas
publicas, nos expulsan de colegios, de nuestras casa e incluso la
sociedad y los gobiernos nos niegan el reconocimiento de la condición
de seres humanos obligándonos desde muy niños y niñas a
subsistir en la calle expuestos a la explotación sexual, afectando
el desarrollo de nuestra personalidad y el ejercicio de nuestros
derechos básicos. Muchos estados aun no garantizan nuestros derechos y no
protegen nuestras vidas; en otros, las leyes nos penalizan y los
servicios de atención de salud pública y privados nos patologizan.
Necesitamos posicionar en el lenguaje y en los
imaginarios de todo ciudadano y ciudadana, de todo funcionario o
funcionaria y en todas y todos los actores sociales y políticos los
términos homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, pues será
desde ese reconocimiento e introyección que se podrá transformar
esta realidad indolente y brutal para las comunidades LGBT. Es
necesario asumir activamente que en un país progresista y
equitativo, y que honra la cultura de paz no puede ni debe tender
fronteras entre sus ciudadanos –por el contrario- debe acogerlos
desde la igualdad, el respeto y la libertad.
Por todo lo anterior exigimos:
El cumplimiento de los acuerdos y compromisos
internacionales sobre derechos humanos que el Estado de Guatemala
ha ratificado, a través de una respuesta ágil e incluyente que
responda a las necesidades de las comunidades LGBT. Esta inclusión
no es negociable, como no lo es el sagrado derecho a construir una
identidad propia que contribuya a acceder a la salud integral y la
dignidad sin condiciones.
A las y los administradores de justicia su apertura y
madurez para gestionar nuestras demandas a causa de la violencia, la
exclusión, la discriminación y la impunidad, pero especialmente
demandamos el esclarecimiento de los crímenes de odio,
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en contra de
nuestras comunidades. Exigimos contundentemente el reconocimiento
de nuestra ciudadanía y el principio de igualdad ante la ley.
La articulación de una ley nacional contra todo tipo
de discriminación que incluya la orientación sexual e identidad
de género, pues hasta hoy el enfoque de discriminación se limita a
la etnicidad, que si bien reconocemos como la principal variable de
inequidad, no es la única. Un ejercicio valioso sería la
adjetivación del artículo 202 Bis del código penal, el cual
invisibiliza la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia como
maneras de discriminación.
Al honorable Congreso de la República, apelamos a la
madurez política para que impulse y se apropie de la emisión de la
ley de identidad de género, la cual es una demanda vital y legítima
de las comunidades trans, contribuyendo a cerrar la brecha y atenuar
las diversas vulnerabilidades que les afectan.
Al MSPAS para que amplíe sus criterios de atención
en salud y aplique activamente para nuestras comunidades los
principios y procedimientos de calidad en salud.
Reconocemos la epidemia de VIH como nuestro principal reto en salud,
y a partir de ello y del contundente y documentado perfil
epidemiológico nacional demandamos institucionalizar la
respuesta, mejorar la gerencia de los proyectos del Fondo Mundial en
Guatemala y orientar recursos en proporción. De igual manera
demandamos institucionalizar respuestas diferenciadas a partir de
los contextos, características y códigos de nuestras comunidades,
y apropiándose de los modelos de atención en salud para hombres
homosexuales y mujeres trans.
A las y los diferentes actores y tomadores de
decisión, planteamientos concretos, progresistas y científicos
para la interacción con nuestras comunidades, pues no podemos
continuar siendo postergadas y postergados por acciones –y
omisiones- complacientes y carentes de sustento científico que
deslegitiman y excluyen nuestras demandas.
Por último, a nuestra base comunitaria LGBT conocer,
reconocer y exigir sus derechos legítimos. La igualdad en ley y la
equidad para nosotros y nosotras no son opcionales, son un mandato
sustentado en la Constitución Política de la República y
respaldado por una serie de compromisos internacionales, por lo que
deben cumplirse sin objeción alguna o interpretaciones absurdas.
POR UNA GUATEMALA INCLUYENTE Y SIN DISCRIMINACION POR
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GENERO
Guatemala 30 de junio de 2012
