Los Detenidos Desaparecidos Están en Todas Partes. 21 de Junio "Día contra la Desaparición Forzada en Guatemala"

La desaparición forzada en Guatemala no es un hecho del pasado. Es un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible instaurado en América Latina, que también permanece vigente por su continua utilización como mecanismo de control social y dominio político; así como por la impunidad que persiste sobre los hechos cometidos y que hoy se expresa, entre otras cosas, en la reconfiguración de las estructuras de poder que articularon, financiaron y callaron estos crímenes.

Tras la desaparición forzada se quiso instaurar el miedo en la población para desarticular los procesos organizativos, negar información sobre el paradero de las personas desaparecidas, su propia existencia y la de sus procesos políticos transformadores. 

No es, ni ha sido un hecho caprichoso o aislado. Todo lo contrario. La desaparición forzada desde mediados de los años cincuenta, por no irnos más atrás, ha sido la opción política de oligarcas, empresarios y militares a través de distintos regímenes y gobiernos con el fin de aniquilar la oposición a su modelo de sociedad racista, explotador y excluyente; que fue adelantada desde las distintas expresiones de resistencia y lucha en Guatemala, como por ejemplo: las “jornadas de marzo y abril” impulsadas por los estudiantes; la crítica política y social de grupos culturales como Vanguardia;  las movilizaciones y huelgas contra la dictadura impulsadas por la Central Nacional de Trabajadores (CNT); las propuestas de información alternativa como el periódico El Estudiante;  así como las expresiones comunitarias como la Liga Campesina; populares como el Comité de Unidad Campesina (CUC); partidarias como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y las diversas expresiones revolucionarias. 

Entonces no es casualidad que quienes hoy nos faltan fueran quienes estaban arando la tierra para que de esta no dejara de brotar lo bello de la vida, cultivando la milpa, amasando el maíz en las mañanas para que comer no fuera un privilegio, dejando el lápiz por el fusil para defenderse del terror impuesto, soldando el hierro para que el trabajo fuera digno y no explotado, caminando la palabra para que pensar distinto fuera un derecho y no un delito.

Tampoco es casual que quienes transitamos en su búsqueda, nos encontráramos exigiendo la devolución con vida de nuestros seres queridos en el destacamento militar o en la estación de policía. 

Muchas fueron y son las evidencias que obligan a ligar este delito al terrorismo de Estado, pues fue perpetrado mediante planes estatales, milimétricamente diseñados para quitar de en medio a quienes fueron considerados “enemigos internos”, como el Plan de Campaña Victoria 82, el  Firmeza 83 o, el mismo Manual de Guerra Contrainsurgente; así como documentados en el hoy conocido como Diario Militar; hechos que hoy mutan en otras formas de represión como la militarización del pensamiento y la vida cotidiana, la imposición del Estado de Sitio, los desalojos, el autoritarismo -hoy llamado “mano dura”- como método para gobernar;  y la política de seguridad que privilegia el señalamiento y estigmatización de las luchas sociales, campesinas y estudiantiles para esconder problemáticas que tienen raíces profundas y estructurales.

 

Hoy, en el día nacional contra la desaparición forzada en Guatemala, observamos con preocupación cómo desde el poder político, económico, mediático y militar se intenta cubrir con una política de olvido la verdad de estos hechos, la verdad de lo ocurrido con los más de 45 mil mujeres, hombres, niños y niñas desaparecidas/os. 

Una política de olvido que se sustenta en discursos que pretenden legitimar la idea de violencia como actos necesarios y valientes, a los victimarios como héroes y, la recuperación de la historia como innecesaria. Bajo esta cortina de humo se justifican hechos como el cierre de la Dirección de los Archivos de la Paz que permitiría un avance en términos de verdad y justicia en los casos de las niñas y niños apropiados ilegalmente, en la búsqueda de las personas desaparecidas y en el conocimiento de los responsables -materiales e intelectuales- de estos hechos.

Es evidente que, aunque se han conseguido avances importantes en la judicialización de algunos de los responsables, aumenta la deuda histórica que el Estado tiene con las personas desaparecidas y sus familiares, pues se instala el olvido negando los hechos y se utilizan medidas como la muerte presunta para asegurar la impunidad y aumentar las condiciones de vulnerabilidad de las familias.  

Se pretende borrar la historia como se pretendió poner en “ninguna parte” a nuestros padres, madres, hijos e hijas, compañeros; a sus luchas, sus ideas y sus sueños. Sin embargo, ante la amnesia cínica de los represores, salimos al paso con nuestros manos que construyen, tejemos la memoria con los/as desaparecidos/as; ellas y ellos están en la sabiduría de este pueblo que resiste al sometimiento, en los que luchan por la tierra, en la dignidad de quienes alzan su voz contra los genocidas. Los desaparecidos y desaparecidas son la semilla de la que nace la rebeldía, ellos y ellas están en todas partes.