Hace 58 años en marzo de 1954 en la X
Conferencia internacional de la OEA en Caracas, Venezuela. El Dr. Guillermo Toriello Garrido (ultimo de izquierda a derecha) Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Jacobo Arbenz pronunció el siguiente discurso que le valió el nombre de "El Canciller de la Dignidad"
Señores Delegados:
La
Delegación de Guatemala asiste a la X Conferencia Interamericana con
fe y entusiasmo por las doctrinas democráticas que inspiran nuestra
Revolución del 20 de octubre de 1944, enteramente acordes con las
aspiraciones de progreso integral de las naciones de este continente.
Se presenta la Delegación de Guatemala con la frente en alto
a expresar las legítimas aspiraciones de nuestro pueblo y del
Gobierno de la Revolución, sólidamente unidos en el anhelo y en
esfuerzo de lograr la efectividad de su independencia política y
económica mediante el ejercicio de la democracia, el respeto
absoluto a los derechos políticos y sociales del hombre y el
desarrollo de un programa económico acorde con las necesidades
actuales y futuras de la nación. Los pueblos de América se
mostraron interesados desde el principio en los sucesos que se vienen
desarrollando en Guatemala a partir de las jornadas heroicas de junio
y octubre de 1944.
Guatemala, que fuera asolada a través de
su historia por regímenes esclavistas que tuvieron origen durante la
colonia y por brutales tiranías que ejercieron tanto españoles como
criollos, ambos de tipo eminentemente feudal, surgió de los
escombros de ese trágico pasado con la determinación inalterable de
forjar su propio destino, sin interferencias extrañas, a través de
un sistema democrático de gobierno, consecuente con las necesidades
vitales de su pueblo, respetuoso de las normas del derecho
internacional y animado del firme propósito de mantener cordiales
relaciones con los países amigos y cumplir fielmente con sus
compromisos internacionales.
La política de rescate de las
riquezas y recursos nacionales, mantenidos en abandono por décadas
enteras, no tiene más inspiración que la propia miseria de nuestro
pueblo, provocada por la concentración de la tierra y por la
estructura atrasada de nuestra economía.
Por otra parte,
dicha política se ajusta a las resoluciones que en materia económica
han adoptado las Naciones Unidas y sus organismos especializados, la
Organización Internacional del Trabajo y la Organización de Estados
Americanos, en cuanto a desarrollo económico, reformas agrarias,
inversiones de capital, política social, y explotación de recursos
y riquezas naturales en beneficio de los pueblos. Nada novedoso ni
extraño a las preocupaciones de esta Organización de Estados
Americanos estamos realizando en beneficio del pueblo de Guatemala.
Toda la política de mi gobierno está encuadrada dentro de los
amplios marcos de la democracia representativa y tiene tres grandes y
fundamentales objetivos: el acrecentamiento y el respeto absoluto de
las libertades democráticas; la elevación del nivel de vida de los
guatemaltecos mediante la transformación de una economía semifeudal
y semicolonial en una economía capitalista; y la defensa de la
soberanía y la independencia nacionales. Es por ello que en
Guatemala las libertades de expresión del pensamiento, de prensa, de
asociación, de sindicalización y de organización política, así
como la de profesar cualquier credo religioso, no son simples
palabras contenidas en las leyes sino realidades tangibles que el
pueblo goza en forma absoluta.
Guatemala está decidida a
fortalecer y ampliar esas libertades y no podrá suscribir en lo
interno o en lo internacional, compromiso alguno que vulnere los
derechos de uno sólo de nuestros connacionales. Nuestra política
económica y social se asienta fundamentalmente en las siguientes
tareas constitutivas:
- La humanización de las relaciones obrero-patronales dentro
de las empresas industriales y agrícolas, por medio de la
promulgación de leyes orgánicas del trabajo que, lejos de
propiciar levantamientos violentos de trabajadores, desesperados por
la miseria, institucionalizan dichas relaciones obrero-patronales
dentro de un sistema de justicia social mínima y de resoluciones
administrativas y judiciales ajustadas a la ley.
- El establecimiento de un sistema de seguridad social que
cubre apenas accidentes comunes de los trabajadores, accidentes de
trabajo y un mínimo programa de atención materno-infantil, puesto
en ejecución con gradualidad y mediante la clásica y conservadora
contribución tripartita de patronos, trabajadores y Estado.
- La organización de un sistema monetario y bancario adecuado
a las necesidades crediticias, cambiarias y de expansión y
estabilidad de nuestra economía, y a las ideas más modernas sobre
moneda y banca central originadas en los acuerdos internacionales.
- El desarrollo de un mercado interno amplio, mediante el
aumento de la capacidad adquisitiva y los niveles de vida de la
población, las inversiones públicas, y el fomento de la economía
campesina, hasta ayer marginal y no monetaria.
- La liberación de la economía nacional a través de la
construcción de vías de comunicación a los puertos y zonas de
producción; la construcción de muelles nacionales; el desarrollo
de un plan de electrificación que atienda las necesidades
industriales y de consumo del país; y el sometimiento de las
empresas monopolistas extranjeras a las leyes vigentes -en igualdad
de condiciones con las nacionales-.
- La industrialización del país mediante la organización de
las instituciones bancarias apropiadas y la política económica y
legislativa de fomento industrial seguida por el Estado con la
finalidad de incrementar el ingreso nacional y el intercambio
comercial interno y externo.
- La liberación de los campesinos mediante la liquidación de
los sistemas semifeudales y casi esclavistas del pasado.
- El desarrollo de nuestra economía agrícola mediante la
redistribución de los latifundios improductivos, la consolidación
de la tenencia de la tierra en pequeñas propiedades, el aumento
progresivo de los acervos de capital y la organización de crédito
fácil y oportuno para los campesinos beneficiados por la reforma
agraria democrática que se está ejecutando por medios legales en
el país desde 1952.
Entre estas medidas tendientes a la liberación económica del
país, merece destacarse por su especial importancia, la emisión de
la Ley de Reforma Agraria. El Censo Agropecuario de 1950 reveló esta
pavorosa verdad: en el país, los pequeños campesinos que tenían
extensiones menores de 3.5 hectáreas (la mayoría de ellos en
calidad de simples arrendatarios) constituían el 72% de la suma de
productores agrícolas, poseyendo en su conjunto solamente el 9% de
la superficie total de tierras. Y, en cambio, en el otro extremo de
esta realidad, encontramos que el 2% de los propietarios de fincas
poseían en conjunto el 70% de las tierras; y que, entre ellos,
veintidós propietarios latifundistas con más de nueve mil hectáreas
cada uno, poseían el 13% del total de las tierras.
Esta
dramática e injusta situación se está liquidando con tenacidad y
valentía a través de un sistema, cuyas bondades han tenido que
reconocer hasta los reaccionarios más recalcitrantes. Al 20 de
febrero de este año ya habían sido beneficiados 55,734 campesinos
que recibieron 247,833 hectáreas, pero la cantidad de tierras en
proceso de distribución, de acuerdo con la Ley, es hasta hoy de más
de 915,000 hectáreas, que alcanzan aproximadamente el 25% del total
registrado en el Censo Agropecuario de 1950 antes citado, o sea que
sólo en año y medio de la aplicación de la Ley, una cuarta parte
de las tierras afectables han sido ya otorgadas sin provocar ningún
trastorno económico de importancia.
Por el contrario, la
producción ha mejorado en algunos renglones y se ha logrado una
distribución más justa y equitativa del ingreso nacional, y como
consecuencia empieza a mejorarse sustancialmente el nivel de vida de
la población. Este es nuestro programa y esos son nuestros
propósitos; creemos en la democracia y estamos ejerciéndola
íntegramente. Parecía que todos estos esfuerzos -realizados con
recursos propios y sin ayuda del exterior- merecieran aliento
espiritual y apoyo moral... iY sin embargo no ha sido así! "Nunca
un país tan pequeño ha estado en América sometido a una presión
tan grande".
El pueblo de Guatemala trae la preocupación
enorme de ver que, cuando un pueblo digno, liberado de brutales
tiranías, ansioso de superarse y de poner en práctica los
postulados más nobles de la democracia; cuando el anhelo y la
decisión firme de poner fin a los procedimientos coloniales y la
explotación inicua de sus nacionales más humildes, se encuentra con
la desalentadora realidad que, quienes se jactan de estimular a otros
pueblos en el camino de liberación política y económica, pretenden
marcarle un alto, tan solo porque el interés máximo de su pueblo es
incompatible con la subsistencia de privilegios otorgados en mala
hora por los tiranos, como medio de alcanzar impunidad y garantía
para mantenerse inamovibles en el trono de su despotismo.
Y
esos privilegios son tan importantes para saciar ambiciones
desmedidas, y los privilegiados son tan poderosos, que, pese a los
nobles postulados del panamericanismo, han desatado contra Guatemala
la más inicua campaña, y no han tenido vergüenza de recurrir a las
armas más cobardes para difamar, desviar y desvirtuar uno de los
movimientos más puros que ha habido en este continente; han
recurrido a la enorme maquinaria de los medios de difusión
-instituidos para irradiar la verdad a todos los ámbitos del mundo-,
y los han prostituido haciéndolos un instrumento de mentira y de
calumnia, y han pegado a las espaldas de Guatemala la etiqueta de
"comunismo".
Es doloroso que se clasifique así a
todo movimiento nacionalista o independentista, lo mismo que a toda
acción anti-imperialista o antimonopolista de los países que por
mucho tiempo han tenido al cuello la soga de la explotación
económica. Y lo más grave es que, quienes así califican a la
democracia, lo hacen para destruir la propia democracia. Esos mismos
privilegiados también han recurrido al fomento y alimentación de
complots y actos subversivos para derribar por la fuerza aun gobierno
que cuenta con el verdadero respaldo de su pueblo y que no necesita
de compadrazgos externos para mantenerse en el poder.
Han
aconsejado el boicot y la agresión económica contra Guatemala desde
la prensa y aun desde tribunas parlamentarias. No contentos aún, y
en vista de lo fallido de todos sus intentos, ahora, invocando de
nuevo la palabra sagrada de la democracia y repitiendo el pretexto
absurdo que Guatemala es una "cabeza de playa del comunismo en
América", y que la pequeña república constituye una amenaza a
la seguridad de todo un continente, se atreven a cometer el último
atentado, ya no contra Guatemala solamente, sino contra el más
sólido cimiento del panamericanismo, al propiciar una intervención
abierta contra el gobierno guatemalteco. ¿En dónde está la razón
de esta campaña difamatoria? ¿Cuál es la causa real y efectiva que
se califique de comunista a nuestro gobierno? ¿De dónde nace la
acusación que amenazamos la solidaridad y la seguridad
continentales? ¿Por qué se quiere intervenir en Guatemala? Las
respuestas son sencillas y evidentes: el plan de liberación nacional
que está realizando con firmeza mi gobierno ha tenido que afectar
los privilegios de las empresas extranjeras que estaban frenando el
progreso y el desarrollo económico del país. Con la Carretera al
Atlántico, ruta que además de comunicar las zonas importantes de
producción que atraviesa, está rompiendo el monopolio del
transporte interior hacia los puertos que ahora tienen los
Ferrocarriles Internacionales de Centro América (empresa controlada
por la United Fruit Company), para lograr un incremento del
intercambio comercial exterior libre de tarifas gravosas y
discriminatorias.
Con la construcción de puertos y muelles
nacionales, terminaremos con el monopolio que tiene la United Fruit
Company, y facilitaremos así a la nación acrecentar y diversificar
su comercio exterior a través del uso de más transportes marítimos
distintos a la Flota Blanca, perteneciente también a la United Fruit
Company, que por ahora controla este instrumento esencial de nuestras
relaciones comerciales internacionales. Con la realización del plan
de electrificación nacional, pondremos fin al monopolio extranjero
de la energía eléctrica, fuerza indispensable para nuestro
desarrollo industrial que se ha visto detenido por la carestía, la
escasez y las deficiencias distributivas de dicho importante renglón
de la producción. Con la Reforma Agraria, estamos liquidando los
latifundios incluso los de la misma United Fruit Company.
En
una política de dignidad, nos hemos negado a ampliar las concesiones
de esa compañía. Hemos condicionado al respeto de nuestras leyes
las inversiones exteriores y hemos recobrado y mantenido una absoluta
independencia en nuestra política exterior. Todo esto se está
haciendo en Guatemala y, sin embargo, no lo saben los pueblos de
América. La noticia que les llega por las agencias noticiosas que
sirven la causa de los monopolios, es una noticia deformada y casi
siempre calumniosa. A todo este modesto esfuerzo de transformaciones
progresistas, se le califica de comunismo. Las bases y propósitos de
la revolución guatemalteca no pueden catalogarse dentro de una
ideología o política comunista.
Una plataforma
político-económica como la impulsada por el Gobierno de Guatemala
que está asentando en el campo a miles de propietarios individuales,
campesinos independientes, jamás puede concebirse como un plan
comunista.
Lejos de esto, creemos que la elevación del nivel
de vida y de ingreso de los trabajadores del campo y de la ciudad,
sólo está impulsando el desarrollo económico capitalista del país
y las bases sociológicas de una democracia funcional genuinamente
guatemalteca. La especie que somos una amenaza para la solidaridad
continental se repite diariamente y se divulga como un dogma que no
necesita demostración, y casi nadie se ha preocupado de analizarla.
La verdad es que, durante los últimos tiempos, Guatemala puede
considerarse como uno de los países que más ha contribuido a la
solidaridad continental, si tomamos en cuenta que el inciso d) del
Artículo 5 de la Carta establece que "la solidaridad de los
Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen,
requieren la organización política de los mismos sobre la base del
ejercicio efectivo de la democracia representativa".
Del
tenor de este artículo se deduce de manera evidente que no puede
amenazar la solidaridad continental un país que ha puesto todos sus
esfuerzos en hacer efectivo el ejercicio de la democracia
representativa dentro de sus fronteras territoriales y está dando la
más plena vigencia a los derechos fundamentales del hombre,
solemnemente declarados -universal y regionalmente- en París y en
Bogotá el propio año de 1948, y consagrados en forma categórica en
la Constitución de Guatemala de 1945.
Estimamos que quienes
sí amenazan la solidaridad continental son los que se oponen o
frenan el desarrollo integral de los pueblos americanos, ya que
aquella debe basarse en hechos tangibles que se traduzcan en la
elevación de los niveles de vida y de producción de los pueblos
dentro de un sistema de intercambio económico equitativo y humano.
La reacción internacional, al mismo tiempo que señala a Guatemala
como una "amenaza a la solidaridad continental", prepara
vastos planes intervencionistas como el recientemente denunciado por
el Gobierno guatemalteco.
Los documentos publicados -que el
Departamento de Estado de Washington se apresuró a calificar como
propaganda de Moscú- demuestran de manera fehaciente que los
conspiradores y los intereses monopolistas extranjeros que los
alentaban y financiaban, pretendían hacer pasar la intervención
armada contra nuestro país como una "noble empresa contra el
comunismo". Subrayamos ante esta Conferencia la gravedad de
estos acontecimientos. La No-intervención es una de las conquistas
más preciadas del panamericanismo y fundamento esencial de la
unidad, de la solidaridad y de la cooperación interamericanas.
Ha
quedado plenamente consolidada en varios instrumentos interamericanos
y, de manera definitiva, en el Artículo 15 de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos. El Secretario General de la
Organización, doctor Alberto Lleras Camargo, en su informe sobre la
IX Conferencia Internacional Americana, al comentar este artículo,
manifiesta de manera categórica que con él queda "disipada la
duda que parecía surgir en los últimos tiempos sobre la posibilidad
de no considerar como intervención aquella que se realizara
colectivamente". Con posterioridad a la Conferencia de Bogotá,
se ha pretendido que el "comunismo" es un buen pretexto
para intervenir colectivamente y romper el principio de la
No-intención, y no han faltado interesados en propiciar esa ruptura,
estimando la llamada "infiltración comunista" como una
"quinta columna".
El mismo Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos en su informe citado,
desvirtúa esa pretensión y demuestra la carencia de fundamento de
la misma. Permítaseme citar algunos de los conceptos expresados por
esa autoridad. Dice el señor Lleras Camargo: "¿Quién es el
árbitro que puede determinar cuando la intervención es justa y se
realiza sobre principios morales y jurídicos inobjetables y cuando,
por el contrario, persigue propósitos imperialistas? Los únicos
jueces serían forzosamente las propias partes interesadas, y todo
acto de intervención realizado eficazmente por una potencia mundial
encontraría siempre la manera de justificarse. Así, el más sólido
fundamento de la libertad e independencia de las naciones débiles se
entregaría en un cándido holocausto a circunstancias transitorias,
y los países fuertes e imperialistas habrían recuperado, sin ningún
esfuerzo, la más poderosa de las armas de opresión que el progreso
del derecho internacional les había arrebatado. Constituiría,
también una grieta peligrosa para el principio de la No-
intervención el tratar de establecer una distinción entre
intervención colectiva e intervención unilateral, para justificar
la primera y mantener la condenación sobre la segunda. El hecho que
una mayoría de naciones, dentro de un determinado grupo, se asocie
para intervenir en los asuntos internos de un Estado, no garantiza en
manera alguna la bondad o rectitud de sus propósitos. Ninguna ley
distinta del interés, individual o colectivo, de los Estados, sería
aplicable en esa emergencia. Hoy podría asociarse un grupo de
naciones democráticas para destruir en un determinado país, por
medio de la coacción y la intervención, una forma de gobierno
antidemocrática. Pero ¿quién garantiza que la coalición de un
grupo de gobiernos antidemocráticos no pueda proceder en idéntica
forma contra un gobierno, regido por las más puras leyes y las más
democráticas instituciones, si lo único que legitima el acto es el
hecho de ser colectivo, es decir, al número de asociados en la
empresa intervencionista?".
Hasta aquí las clarísimas
palabras del Secretario General de la Organización que, además de
contener un criterio objetivo y una voz de alarma contra toda
maniobra intervencionista, constituye una explicación autorizada y
auténtica de los alcances de los Artículos 15, 16 y 19 de la Carta
de la Organización de los Estados Americanos. Debo agregar, con el
mayor énfasis, que el Gobierno de Guatemala no consentirá jamás
que los asuntos de su política interna sean objeto de discusión, ni
menos de resolución, en ningún organismo internacional. Si por un
absurdo, que estamos seguros no habrá de ocurrir, los gobiernos de
los Estados americanos, prescindiendo del principio de
No-intervención y en contra de sus propios intereses nacionales,
llegaran a tomar cualquier decisión contraria a los principios de la
Carta de la Organización, los pueblos del continente habrían de
renunciar por mucho tiempo a toda posibilidad de progreso económico
y social.
El Gobierno de Guatemala ha denunciado
repetidamente ante las Naciones Unidas la campaña sistemática de
difamación que intereses extranjeros unidos al feudalismo criollo
han desatado contra esta República, lo mismo que toda la serie de
actos subversivos encaminados a destruir las conquistas sociales de
la revolución guatemalteca, así como las innumerables amenazas que
han culminado con la más reciente campaña en favor de la
intervención unilateral o colectiva para derrocar el régimen
democrático de Guatemala. Todo lo anterior explica claramente las
razones que tuvo Guatemala para oponerse, en el seno del Consejo de
la Organización, a que se incluyera en la agenda de esta Conferencia
el tema propuesto por los Estados Unidos sobre la "intervención
del comunismo internacional en las repúblicas americanas".
Considerábamos en aquella ocasión, y hoy más que nunca,
que tal ponencia constituye una maniobra en contra de Guatemala, a la
que injusta y maliciosamente se ha acusado de comunista, de ser una
cabeza de playa del comunismo, un peligro para el Canal de Panamá,
un mal ejemplo para los otros pueblos del continente, y de amenazar
la seguridad y la solidaridad de las repúblicas americanas.
Estimamos que tal ponencia era sólo un pretexto para intervenir en
nuestros asuntos internos.
De aceptarse esa ponencia, se
haría del panamericanismo un instrumento al servicio exclusivo de
los intereses monopolistas y un arma de coacción para ahogar todo
intento de liberación política y económica por parte de los
pueblos oprimidos de América latina. Se ha querido hallar un fácil
expediente para mantener la dependencia económica de las repúblicas
americanas y suprimir los anhelos legítimos de sus pueblos,
catalogando como "comunismo" toda manifestación de
nacionalidad e independencia económica, todo anhelo de progreso
social, toda curiosidad intelectual y todo interés por reformas
progresistas y liberales.
Lo más grave es que pretenden
encontrar el respaldo colectivo de América para violar impunemente
el principio de No-intervención; pero nos resistimos a creer que se
intenta regresar a las viejas y desprestigiadas prácticas de antaño,
cuando los grandes monopolios influían predominantemente en la
política de algunos países mediante el terror del big stick y la
funesta "política del dólar", y era caso corriente el
desembarco de marinos estadounidenses en puertos latinoamericanos y
la ocupación de las aduanas "para garantizar inversiones"
o para corregir actuaciones políticas que no coincidían con
aquellos intereses.
El presidente Franklin D. Roosevelt marcó
el final de esa política y con él floreció un nuevo
panamericanismo lleno de promesas. Pero parece que algunos
funcionarios estadounidenses quisieran rehabilitar esa política que
tanto daño hizo al verdadero progreso del panamericanismo y que
contribuyó en tan grande medida a impedir las buenas relaciones y la
cooperación sincera entre las repúblicas de este continente.
Permítaseme analizar brevemente la ponencia de Estados Unidos para
que se vea claramente el peligro que entraña: en primer término, se
habla del "comunismo internacional" como un poder
intervencionista, pero nos hemos puesto ya de acuerdo sobre el
significado de los términos? ¿Qué es el "comunismo
internacional"? ¿Es acaso una doctrina o una filosofía? ¿Es
una teoría económica? ¿Será simplemente un partido político, o
se pretende que es un instrumento al servicio de la Unión Soviética?
Porque, señores, si el comunismo es doctrina política,
filosófica, o teoría económica, no habría de preocupar a nadie al
hecho que tuviera carácter internacional, ya que no existe ninguna
doctrina, ninguna filosofía, ni ninguna teoría científica que
pueda circunscribirse a una sola nacionalidad. Todos estos conceptos
son elementos eminentemente universales, como todas las ideas; y no
es posible afirmar que las ideas sean intervencionistas, ni acusarlas
de estar interviniendo en los asuntos internos de los Estados. Porque
si se afirmara que las ideas podían ser intervencionistas,
lógicamente también tendría que concluirse que el vehículo de
intervención era el pensamiento del hombre y, entonces, se estarían
sentando las bases para la persecución ideológica y la
discriminación por razones políticas, extremo que condenan los
principios de derecho constitucional e internacional. Ahora bien, si
lo que Estados Unidos desea decir es que la Unión Soviética está
interviniendo en los asuntos internos de los Estados americanos,
sería conveniente que lo dijera con toda claridad.
"En
cuanto a Guatemala -como lo expresó el Presidente Árbenz en su
mensaje al Congreso de la República el primero de este mes -es
evidente hasta para los más perspicaces, que la Unión Soviética no
ha intervenido ni interviene en los asuntos internos de nuestro país,
ni nos amenaza con ninguna intervención, al contrario de lo que nos
ocurre con los círculos dominantes de otros países. Por otra parte,
Guatemala no está dispuesta a dejarse intervenir por ninguna
potencia extranjera".
En las resoluciones XXXII de
Bogotá y VIII de Washington, sin definir previamente, se ha
condenado al comunismo como "antidemocrático", como
"subversivo" y como "intervencionista"; a la vez,
y se hicieron recomendaciones para fortalecer la democracia en
América. Durante los años transcurridos desde la Conferencia de
Bogotá hasta ahora, sin embargo la democracia no se ha fortalecido
en América. Por el contrario, ha sufrido serios quebrantos en varios
países de este continente, con la particularidad muy digna de
señalarse que muchas medidas antidemocráticas y atentatorias a las
libertades constitucionales se han adoptado, según se pretende
justificar, en cumplimiento de las resoluciones contra el comunismo.
Otra muy distinta ha sido la situación en Guatemala durante
estos mismos años: la democracia se ha vigorizado en nuestro país,
con la particularidad que en Guatemala es precisamente el llamado
"anticomunismo" el que se ha dedicado a actividades
antidemocráticas y subversivas y el que ha clamado incesantemente en
favor de la intervención extranjera en nuestro suelo. Y, al hablar
aquí del "anticomunismo", es necesario señalar que bajo
esta bandera negativa, sin conexión alguna doctrinaria o política,
se han congregado los elementos más heterogéneos, que no tienen
otro denominador común que su odio a las conquistas sociales y
económicas de la Revolución guatemalteca. Militan en ese grupo, por
oportunismo, los viejos políticos desplazados que formaron la corte
y fueron el sostén de las dictaduras, los enemigos del Código de
Trabajo, los terratenientes feudales y las compañías extranjeras, a
quienes la legislación laboral y la Ley de Reforma Agraria afectaron
en sus injustos intereses. A este grupo se han sumado también
algunos elementos de buena fe, desorientados por la campaña
calumniosa que se hace contra Guatemala.
Todo esto demuestra
claramente que la Resolución XXXII de Bogotá y la VIII de
Washington, han servido en la práctica para vulnerar la democracia y
se las ha tomado como pretexto para conculcar la soberanía y la
independencia de países que, como Guatemala, luchan por sus
reivindicaciones sociales y económicas. Mientras la democracia, como
decíamos antes, ha perdido terreno en el continente, un neofascismo
ha surgido impetuoso y agresivo. De nada ha servido para combatirlo
la condenación que aparece en esas resoluciones a los
"totalitarismos", término también indefinido que quiso
ser interpretado en Bogotá como expresión de los sistemas
dictatoriales del nazismo, del fascismo y del falangismo, para cuya
extirpación se vertió tanta sangre en la Segunda Guerra Mundial.
No debe extrañar, por consiguiente, que Guatemala considere
ya sin validez las referidas resoluciones de Bogotá y Washington,
porque la experiencia ha demostrado que en nada favorecen los
intereses legítimos de los pueblos de América, y sí constituyen un
instrumento de coacción ya que, conforme a la interpretación que se
les ha dado y la ampliación que se desea hacerlas objeto, cualquier
gobierno latinoamericano que se esfuerce en la realización de un
programa auténticamente nacional, que afecte los intereses de las
poderosas compañías extranjeras en cuyas manos están en gran parte
las riquezas y los recursos fundamentales en la América latina, será
señalado como comunista; se le acusará de ser una amenaza ala
seguridad del continente y de estar quebrantando la solidaridad
continental, y será amenazado con la intervención extranjera.
Dentro de esta firme posición, la Delegación de Guatemala
se opondrá categóricamente a toda resolución o declaración que,
con el pretexto del comunismo, conculque los principios fundamentales
de la democracia, postule la violación de los derechos del hombre o
vulnere el principio de No-intervención, con la tendencia de
convertir al panamericanismo en un instrumento para mantener a los
pueblos de la América Latina en condiciones semicoloniales, en
beneficio de los poderosos intereses de los monopolios extranjeros.
Nos oponemos también, enfáticamente, a la internacionalización del
macartismo, a la quema de libros y a la imposición del pensamiento
estereotipado y denunciamos ante esta Conferencia y ante la
conciencia de América, la agresión política y las amenazas de
agresión económica y de intervención que es víctima la República
de Guatemala. Hemos creído que la Organización de los Estados
Americanos, como organismo regional de las Naciones Unidas, debe
auspiciar dentro de una sincera cooperación internacional la
independencia política y económica de todos los Estados, como
entidades jurídicamente iguales y dueñas de su propio destino, así
como propiciar los derechos de los pueblos y de los individuos a
vivir con dignidad y a enaltecer la vida liberándola del hambre, de
la ignorancia, del temor y de la miseria.
Guatemala apoyará
con entusiasmo toda proposición en este sentido. Quienquiera que
ponga sus ojos en los capítulos de la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, encontrará en ellos un hermoso código de
garantías a la integridad, a la soberanía y a la independencia de
los Estados miembros, así como un poderoso valladar a toda suerte de
abusos de parte de los poderosos que durante mucho tiempo conculcaron
esos atributos. Sin embargo, es doloroso constatar que los pueblos de
América muestran poco entusiasmo en la Organización y poco confían
en la eficacia de su obra y lo peor es que debemos confesarnos que
esa posición es razonable y se justifica. Si nos preguntamos que ha
hecho el panamericanismo por los pueblos de América y queremos ser
sinceros en la respuesta, habremos de reconocer que esos pueblos han
sido a menudo defraudados.
Nada podrá hacer el
panamericanismo en beneficio efectivo del hombre americano, mientras
no afronte los verdaderos problemas del continente y la tremenda
realidad de una mayoría de naciones de economía insuficientemente
desarrollada, cuyos pueblos son presa de la ignorancia y de la
miseria, frente a otras naciones altamente industrializadas respecto
de las cuales se mantienen en una situación de dependencia
semicolonial como proveedoras de materias primas y alimentos baratos
y como mercados seguros para sus productos manufacturados. El
panamericanismo no ha encontrado el equilibrio de esta situación, y
ni siquiera ha logrado una correlación adecuada entre los precios
que se pagan por las materias primas y alimentos, y el que se cobra
por los productos manufacturados. Por el contrario, algunas de sus
actuaciones han servido para consolidar esa situación y, no pocas
veces, aun convenios elaborados con toda buena fe han tenido la
consecuencia de atar las manos de estos países y favorecer la
hegemonía política y económica del más fuerte. Guatemala ha sido
siempre y es un pueblo amante de la paz, laborioso y honesto, que
desea para sí lo mismo que para todos sus hermanos de este
continente; que su integridad territorial sea sagrada e intocable,
que se respete su soberanía y que su independencia sea una realidad
dentro del concierto de naciones americanas basado en el mutuo
respeto. Por eso, y porque confía en que el verdadero espíritu del
panamericanismo, tal como lo concibió Bolívar y lo señalaron
tantos otros ilustres americanos, habrá de reencontrarse y no será
jamás un instrumento de opresión ni coacción, ni mucho menos se
pondrá al servicio de otros intereses Guatemala trae su aporte de
colaboración de buena fe y de esperanzas. Aquí, como lo hicimos en
el seno de las Naciones Unidas, queremos reiterar que Guatemala, como
quien más, es celosa de su independencia, de su soberanía y de su
dignidad, y así, no es ni puede ser satélite de la Unión Soviética
ni de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia.
Mi país
es alérgico a todo servilismo y repudia el internacional como el
interno. La política internacional de Guatemala, al igual que su
política interna, no está supeditada a la de ningún poder
extranjero; Guatemala ha cobrado una voz propia en sus asuntos y ha
logrado mantener y mantendrá siempre la más absoluta independencia
de criterio al expresar su pensamiento en los organismos
internacionales, sin más orientación que el respeto a los
principios democráticos y su amor a la justicia. La República de
Guatemala no es contraria a la inversión de capitales extranjeros en
su territorio. Exige únicamente a los inversionistas del exterior
una sujeción leal a las leyes del país, en igualdad de condiciones
con los propios guatemaltecos. Pero rechaza terminantemente toda
inversión de tipo colonial, así como la pretensión que el capital
extranjero goce de privilegios que la ley no otorga a los nacionales.
Se ha hablado repetidamente de las inversiones de capital
extranjero como la panacea para curar los males de los países cuyo
desarrollo económico se encuentra atrasado. Pero poca importancia se
ha dado a las modalidades de esas inversiones, y frecuentemente se
olvida que algunas compañías inversionistas son la causa principal
del atraso en que algunos países se encuentran. Las inversiones de
tipo monopolista, en muchos casos, han asfixiado precisamente el
desarrollo general de algunos países. Es evidente que, al recomendar
las Naciones Unidas el fomento de la inversión de capitales
extranjeros para el desarrollo económico de los países atrasados,
no ha pensado tomar como patrones a inversionistas que, como la
Uníted Fruít Company, han levantado una ola de indignación en
numerosos países de América Latina, cuyas riquezas han explotado en
beneficio exclusivo de sus accionistas, sin dejar al país interesado
ni siquiera una contribución fiscal equitativa.
La historia
de las inversiones en la América Latina para explotar el banano, el
petróleo, el cobre, el estaño y otros productos vitales para la
economía de algunos países, se parece muchísimo a la dolorosa y
primitiva historia de las explotaciones coloniales. Compañías de
este tipo toman todo para sí; succionan íntegramente la riqueza del
suelo, pagan elevadas contribuciones al país de donde proceden y
acumulan millones en favor de unos cuantos accionistas que jamás
saben que sus jugosos dividendos son fruto del sudor y la miseria de
miles de trabajadores abrumados por la ignorancia, la enfermedad y el
hambre. Estamos convencidos que los intereses de estos monopolios son
ajenos a los legítimos y verdaderos intereses del pueblo que
provienen y de su gobierno, y es evidente que constituyen sólo
motivo de fricción innecesaria y peligrosa entre Estados amigos,
cuando indebidamente recurren, no sólo a la protección diplomática
sino aun a comprometer a funcionarios y a entidades oficiales, para
mezclar a su gobierno en la defensa de una causa insostenible.
Guatemala es amiga sincera del pueblo de Estados Unidos de
Norte América y, por ello, lamenta que la interferencia y maniobras
de las empresas monopolistas y algunos funcionarios vinculados a
ellas, estén atirantando maliciosamente las cordiales relaciones que
deben existir entre nuestros gobiernos, dentro de un mutuo respeto,
como corresponde a Estados soberanos. Guatemala se ha preocupado
siempre del grave problema del coloniaje en América, así como de la
existencia de territorios americanos ocupados ilegalmente por
potencias extracontinentales. El Gobierno y el pueblo de Guatemala
están plenamente convencidos que la época colonial está totalmente
cancelada y que la persistencia de esos sistemas es anacrónica,
contraria a la dignidad de América e incompatible con los principios
de libertad y de democracia.
Guatemala ha expresado siempre
su convicción que los sistemas coloniales deben desaparecer del
continente americano, ya que todos los pueblos tienen derecho a regir
sus propios destinos y que ello no será posible mientras no se les
permita alcanzar su independencia política y se reconozca su
completa soberanía. La falacia que el coloniaje es un instrumento de
protección de pueblos indefensos, de civilización de pueblos
salvajes, y una escuela de gobierno propio, es un mito total mente
desprestigiado en cualquier parte del mundo, pero lo es mucho más en
el continente americano, que no puede avenirse más a condiciones de
dependencia, incompatibles con el grado de madurez de sus pueblos y
con los progresos políticos y jurídicos del sistema interamericano.
Confiamos en que la acción de los países libres de este
hemisferio habrá de lograr la liberación definitiva de todos los
pueblos americanos sujetos aún a la denigrante condición de
colonias, y América habrá de ser, en su totalidad, el continente de
la libertad. Especialmente se preocupa Guatemala que se ponga término
a la ocupación ilegal de territorios americanos por parte de
potencias extracontinentales, porque la persistencia de estos hechos
es una afrenta a todo el continente y una burla a los derechos que
naciones americanas han venido reclamando con toda justicia.
Guatemala nunca se ha conformado ni podrá aceptar jamás la
mutilación de su territorio en el caso de Belice que, por razones
históricas, jurídicas, económicas, geográficas y morales, es
parte integrante de su territorio, indebidamente ocupado por una
potencia extracontinental. Tal ocupación por parte de la Gran
Bretaña, no tiene más fundamento que la prevalencia de la fuerza
sobre el derecho. Guatemala espera que la solidaridad continental y
los principios que rigen la fraternidad americana habrán de
funcionar eficazmente para la solución justa, pacífica y pronta de
los problemas del coloniaje en América, y para que terminen
definitivamente situaciones como las que prevalecen en Belice y en
las Islas Malvinas.
Señor Presidente, Señores Delegados:
Guatemala tiene fe en el porvenir de América, porque el vigor enorme
y la conciencia de sus pueblos están afirmando sus derechos y
deberes para alcanzar su liberación económica y realizar sus
propios destinos. Asimismo tiene fe en que el panamericanismo (que en
ningún caso debe menoscabar la acción de las Naciones Unidas) se
encauzará hacia sus objetivos verdaderos y se convertirá en un
instrumento de progreso y de cooperación, contribuyendo a la paz ya
la seguridad internacionales. No hemos venido a esta Conferencia a
defender principios extraños a los consagrados en la Carta de San
Francisco y en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos. Defendemos el derecho soberano de los pueblos a regir su
propio destino ya ejercer la democracia dentro de la cual se
manifiestan libremente las ideas más diversas y ejercitan todas las
libertades. La lucha que Guatemala está librando por su recuperación
económica y por la defensa de su soberanía, es la misma lucha de
millones de latinoamericanos que aspiran a que se realice a plenitud
el sueño bolivariano, para lo cual es indispensable la existencia de
la paz mundial con base en la justicia, en el ejercicio efectivo de
la democracia y en una sincera y leal cooperación económica.
Sobre las inmensas tierras, mares y cielos de América el
aliento de los Libertadores mantiene flotando las banderas de la
libertad. Aquí estamos, Bolívar, y al venir a esta tierra
privilegiada que os vio nacer, conscientes de nuestro destino, nos
presentamos ante vuestros ojos, sin las cadenas de la tiranía que
por siglos nos oprimió, y que Vos, Libertador, nos enseñaste a
hacer pedazos.
Guatemala es digna de Vos, Capitán de la
dignidad de América.
Torriello junto Carlos Orellana preparando la intervención de la delegación de Guatemala a la X conferencia de la OEA en Caracas Venezuela.
El Dr. Guillermo Torriello durante el Gobierno del Presidente Jacobo Arbenz de mayo de 1952 a
enero de 1954 desempeñó tres cargos importantes en los Estados Unidos:
Embajador de Guatemala ante la Casa Blanca, Embajador ante la
Organización de Estados Americanos, Presidente de la Delegación de
Guatemala ante las Naciones Unidas, y signatario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
En enero de 1954, el Presidente Arbenz le nombró Canciller de la
República y en esa condición presidió la Delegación de Guatemala, para
defender a Guatemala en Caracas, Venezuela, donde tuvo lugar la X
Conferencia Interamericana.
Toriello fue el único Canciller de los veinte que asistieron que votó en contra de la Resolución 93 que puso fin al principio de No-intervención. A partir de ese momento fue bautizado como el Canciller de la Dignidad.
Hasta el día de su muerte, ocurrida en su retaguardia solidaria de Cuba el 24 de febrero del 1997, fue un incansable militante en la lucha por la paz mundial, por los derechos humanos universales, por la liberación de los países sometidos al colonialismo y al imperialismo.
Toriello fue el único Canciller de los veinte que asistieron que votó en contra de la Resolución 93 que puso fin al principio de No-intervención. A partir de ese momento fue bautizado como el Canciller de la Dignidad.
Hasta el día de su muerte, ocurrida en su retaguardia solidaria de Cuba el 24 de febrero del 1997, fue un incansable militante en la lucha por la paz mundial, por los derechos humanos universales, por la liberación de los países sometidos al colonialismo y al imperialismo.
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