Una
comisión de observación y verificación de Derechos Humanos
manifestó estos días que la restricción de derechos en San Juan
Sacatepéquez, pero en especial en El Pilar I, El Pilar II, Los
Pajoques y Santa Fe Ocaña podría estar propiciando algunas
violaciones a los derechos humanos de los pobladores opuestos a la
construcción de la planta cementera de Cementos Progreso.
La Comisión conformada por varias organizaciones
y personalidades en base a testimonios, dio fe que la violencia del
19 de septiembre en la comunidad Los
Pajoques pudo prevenirse si la Policía
Nacional Civil -PNC-, hubiera respondido al llamado de los
comunitarios que por segunda ocasión en menos de 10 días sufrieron
hostigamiento, mediante disparos, por empleados de la empresa
Cementera de la familia Novella, que en los últimos meses en horas
de la tarde y noche trabajan en la medición de terrenos para
presuntamente la construcción de la carretera "Anillo
Regional".
La
comisión manifestó que en esos lamentables hechos 8 personas
perdieron la vida, de ellas y las dos primeras murieron bajo el fuego
de los empleados de la empresa, hecho violento que desató la
respuesta de los comunitarios, invisibilizado por los medios
corporativos de comunicación a fines a la empresa y la
económicamente poderosa familia Novella.
En junio del 2008 las doce comunidades de San Juan
Sacatepéquez denunciaron la existencia de "El
Escuadrón"
conformado por ex-militares, militares
y policías al que se le atribuye por lo menos 17 asesinatos entre
enero de 2007 y mayo de 2008, estos hechos violentos se desarrollaron
meses previos a la "Consulta
Popular" programada. El 13 de
mayo de 2007, 8,994
personas votaron en contra de la construcción de la Cementera
y
cuatro (4) lo
hicieron a
favor.
El decreto 06-2014 restringe por segunda
ocasión los derechos en las doce comunidades, los vecinos denuncian
que la Policía Nacional Civil -PNC- y el ejército se acompañan de
"colaboradores" de la empresa que señalan las casas de los
lideres opuestos a los proyectos, los niños y niñas han sido
abordados por elementos policiales y del ejército en busca de
información, por lo que muchos han optado por dejar de enviar a sus
hijos a clases. Se tiene
conocimiento de que las órdenes de captura sólo son para los que se
oponen a la Cementera, expresó un
líder de Santa Fe Ocaña.
La
comisión verificadora de los Derechos Humanos denunció que el
comandante del ejército y jefes de la PNC solicitaron información
del caracteres de la visita, información de los carros y los
miembros que conformaban la comisión, expreso el militar que las
reuniones debían realizarse rápido pues le Estado de Prevención
prohibía y limitaba las reuniones.
Vecinos expresaron que el Estado de Prevención
está permitiendo que los trabajadores de la empresa sigan trabajando
sin que éstos, pese a ser señalados de dar muerte a dos
comunitarios el 19 de septiembre, sean investigados. Un vecino
expresó: los militares han ocupado
nuestros campos y los únicos afectados somos los que nos oponemos al
proyecto cementero, el Estado de Prevención es sólo para nosotros,
los cementeros tiene libertad para seguir actuando, a ellos nada les
dicen.
La
semana pasada el Ministerio de Defensa denunció la existencia de un
túnel en Los
Pajoques,
lo que no se dijo a los medios o se trató de invisibilizar es que el
mismo se encuentra ubicado en una de las casas de los empleados de la
Cementera y en donde algunos vecinos presumiblemente hablan que se
guardaban armas utilizadas por los grupos clandestinos vinculados a
la empresa y que gozan de toda la impunidad al no ser investigados
desde años atrás cuando fueron denunciados.
La
ampliación por 15 días más del Estado de Prevención le preocupa a
las doce comunidades Kaqchikeles pues para ellas solo busca ejecutar
cerca de 25 ordenes de captura de lideres comunitarios. Nos
mintieron cuando aseguraron que los militares solo iban a estar por
dos semanas, su presencia es rechazada
expreso un vecino vía telefónica.
