Consejo del Pueblo Maya K’ich’e hace llamado a comunidades a legítimo derecho de Resistencia.

Con fotografía de: Jhonathan F. Gómez.

e información de: cpo.comunicacion 

 

Ayer varios cientos de personas se dieron cita en Salcaja, Quetzaltenango para denunciar la actual iniciativa de moratoria que el gobierno Patriota falsamente ofrece a las comunidades en medio de una creciente resistencia. 

Los manifestantes denunciaron, que a tras de la supuesta moratoria, esta el Proyecto de Electrificación Territorial -PET- que tiene como objetivo interconectar a los grandes proyectos que actualmente operan en el país.  

El comunicado circulado ayer manifiesta:

La empresa responsable de construir la primera licitación del PET (PET-1-2009) es la Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA), subsidiaria de la Empresa de Energía de Bogotá (95.23%) y de Edemtec, S.A con una participación del 4.77% de las acciones al 31 de diciembre de 2012.

la Mina Marlin de Montana Exploradora, S.A., subsidiaria de la corporación transnacional canadiense GoldCorp, Inc, fue la tercera industria con mayor demanda firme proyectada para el año 2012 con 16,113 KW de consumo de electricidad. Es decir, casi 5 veces más que la demanda firme proyectada por la Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, para el mismo año (3,777 KW).

 

 

Que los intereses depositados en la expansión de la industria extractiva, manufacturera y de complejos hoteleros y comerciales que pronostican su apertura a partir del reordenamiento territorial que se avecina con la construcción de los Megaproyectos: Corredor Turístico del Caribe (Izabal y Petén), Franja Transversal del Norte (Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango) y el Corredor Interoceánico de Guatemala (Izabal, Zacapa, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa); contraviene el principio constitucional de buscar siempre el bienestar de la sociedad.

Por lo tanto, el Consejo del Pueblo Maya K’ich’e hizo un llamado a las comunidades y pueblos a la legítima resistencia para proteger y defender derechos fundamentales como el de la participación, la consulta y consentimiento previo, libre e informado reconocidos en la Constitución Política de la República y Convenios internacionales de derechos humanos, ante la construcción de los anillos eléctricos en nuestros territorios.

Exigen al Gobierno actual sujetar su actuación en ejercicio del poder público a la Constitución Política de la República de Guatemala, condición necesaria para restablecer el Estado Constitucional de Derecho.

para mayor información a:

https://www.facebook.com/cpo.comunicacion

Ante el Secuestro y asesinato del lider Daniel Pedro Mateo.

Nuevamente, hoy 17 de abril del 2013, hacemos un llamado y una denuncia a la Comunidad Nacional e Internacional, sobre las graves violaciones a los Derechos fundamentales de la vida, la expresión y el pensamiento de nuestros pueblos históricos y ancestrales en defensa de nuestro territorio sagrado y de sus bienes naturales. Como prueba de ello son las constantes amenazas, acosos, intimidaciones, torturas y asesinatos de nuestros hermanos y líderes comunitarios. El último de ellos ha sido el cobarde asesinato del Hermano Daniel Pedro Mateo, miembro de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango y que bajo engaños fue  invitado para impartir una capacitación en Santa Cruz Barillas, pero en el trayecto de la Aldea el Quetzal, a las ocho y treinta de la mañana, fue secuestrado y luego de varias llamadas y amenazas por parte de los secuestradores a la familia, se accedió a negociar el rescate del Hermano Daniel, ante tal situación se convoco a los alcaldes comunitarios y se procedió a la búsqueda multitudinaria del norte de Huehuetenango hasta encontrar el cuerpo del hoy occiso. Nuestro hermano; participo  en diferentes espacios de resistencia como la que actualmente se está  librando en el municipio de Barillas enfrentando la imposición de un Megaproyecto Hidroeléctrico por parte de una empresa transnacional española en contubernio con el Gobierno actual de Guatemala.

Además denunciamos que a pesar de haberse realizado las Consultas Comunitarias de Buena Fe en los Municipios de la región norte de Huehuetenango, en donde la población manifestó su total rechazo a la actividad minera y a la explotación de cualquier otro recurso natural, la empresa Hidrosantacruz con lujo de fuerza pretende instalarse en el municipio de Barillas.

También la empresa: Maderas de San Luis, en el territorio de Santa Eulalia, está ejecutando supuestos proyectos de reforestación, desalojando a los hermanos indígenas y creando zozobra entre los habitantes del lugar.

Por lo que de nuevo, pedimos a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse y a hacer un llamado ala reflexión y a la adopción de métodos, actitudes y comportamientos respetuosos con la Madre Naturaleza, con el medio ambiente y la vida individual y colectiva de los pueblos.

Además repudiamos las acciones y campañas de criminalización y persecución de las luchas de los movimientos indígenas, ambientales, de los Intelectuales Mayas y del pueblo organizado en defensa de sus derechos milenarios como dueños legítimos e históricos de este país.

Nuevamente creemos que las persecuciones, encarcelamientos, agresiones, torturas y asesinatos de nuestros hermanos líderes responden a un plan de amedrentación e intimidación, por estos y otros megaproyectos que estas empresas transnacionales tienen planeado en este país.

  

POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS.

POR LA DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y SUS BIENES NATURALES.

NUESTRAS LUCHAS Y DEMANDAS SON LEGÍTIMAS Y DEMOCRÁTICAS.

http://www.cpo.org.gt/

El Retraso de la CC es Malicioso según pueblos Mayas

Representantes del Consejo de los Pueblos de Occidentes -CPO- calificaron como Malicioso el retraso de la Corte de Constitucionalidad -CC-, que a casi un año de presentarse una acción de inconstitucionalidad por la ley de Minería, los magistrados aun no resuelven.

El -CPO- es un espacio de articulación de instituciones del pueblo Maya de Occidente de Guatemala conformada por el Consejo Mam de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Retalhuleu, el consejo K´iche del Quiche y Quetzaltenango, la junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Consejo de autoridades comunitarias de Momostenango, Asociación indígena de San Francisco el Alto, Asamblea de los Pueblos de Huehuetenango, alcaldía Indígena del Pueblo Maya Ixil y Comunidades Kaqchikeles de Chimaltenango.

Para el -CPO- la conflictividad social que en la actualidad aqueja a toda Guatemala en gran medida es producto de la ley de Minería aprobada en 1997 y no casualmente posterior a la firma de la paz. Desde la fecha a la actualidad el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado bajo el amparo de esta ley un total de 117 licencias para la exploración y 8 de explotación minera de metales.

En su momento el Ministerio Publico se pronuncio por que los pueblos afectados sean consultados mediante una ley de minería que permita a estos expresarse, sin embargo para los representantes del CPO el riesgo de que se trate reglamentar las consultas comunitarias son un riesgo latente y el actual sistema electoral prostituido puede deformar la esencia de la participación de los pueblos originarios que propicia el consenso y la inclusión.

El CPO espera que la sentencia no tenga un carácter exhortativo, queremos una resolución clara, que no permita ambigüedades y prolongación de la problemática suscitada de la industria extractiva expreso una representante comunitaria quien además expreso que se esta poniendo aprueba al sistema de justicia por que los intereses económicos que median aquí ponen en riesgo la llamada inversión extranjera para el país y que violentan desde la “paz” la integridad y sobrevivencia de los mismos pueblos mayas y originarios.