Organizaciones Sociales Exigen Libertad de Rubén Herrera.

Por Roderico Díaz/ Fotografía y Redacción.

Hoy en conferencia de prensa Representantes de Organizaciones sociales y del movimiento por la defensa del territorio y de la vida exigieron la libertad de Rubén Herrera, líder comunitario de Santa Cruz Barillas detenido ilegalmente el pasado 15 de marzo en Huehuetenango.

Cecilia Mérida, esposa de Rubén Herrera y lideresa del movimiento amplio por la defensa del territorio y la vida, indicó que la detención de Rubén es parte de la estrategia de persecución y terror comunitario que despliega la transnacional español Hidro Santa Cruz, en alianza con el gobierno de Guatemala, empresarios y autoridades españolas, para que no exista ningún tipo de oposición a la construcción de la hidroeléctrica Cambalam, implementando por parte del estado de Guatemala un control militar sobre la problacion del municipio de Santa Cruz Barillas para infundir miedo y con esto pretender dividir a la población haciendo uso de mecanismos de intimidación, chisme y la provocación.

También denunció que están ocurriendo acusaciones infundadas, detenciones ilegales y numerosos vicios judiciales, precisamente cuanto toda Guatemala clama por la justicia y que un número aproximado de 20 líderes y lideresas comunitarias incluyendo Rubén Herrera, están siendo perseguidos, acusados o con procesos judiciales abiertos los cuales están cargados de irregularidades, lo cual confirma la existencia de fuertes presiones por parte de la transnacional española para quebrar la imparcialidad de jueces y fiscales, como ejemplo de esto ha sido la implantación de pruebas falsas por parte de la fiscalía o el abordaje de un fiscal a un helicóptero de la empresa.

Carlos Besares uno de los abogados de la defesa de Rubén Herrera indico que el caso de Barillas es el primer caso en el que el gobierno de Guatemala inscribió una persecución contra las comunidades que se oponen a la industria extractiva, situación similar ocurrió con las comunidades de San Rafael las Flores, existiendo detenciones ilegales una constante de violaciones de derechos humanos como el incumplimiento del tiempo de 24 horas para prestar su primera declaración, el cual ha sido entre 8 y 15 días para que ese derecho constitucional fuera cumplido. Solicitó al aparato de justicia que no se preste al juego de perseguir a líderes comunitarios sin mayores indicios para su detención y que debe imperar la objetividad y el respeto a las diversas leyes del país.

Gonzalo Fernández Coordinador General del instituto hegoa del país vasco indicó que Rubén Herrera ha sido invitado en varias ocasiones en seminarios académicos internacionales y que su presencia obedece a solidarizarse con los detenidos de Santa Cruz Barillas y a observar la audiencia de acusación que se llevará a cabo en los próximos días, hay una preocupación por la creciente violencia corporativa y la espiral de agudización de la criminalización de la protesta y que pareciera que cualquier protesta social comunitaria se convierte en un acto de terrorismo cuando en realidad es un acto democrático natural. Esta criminalización está vinculado directamente al modelo de desarrollo extractivo neoliberal donde se prima la el beneficio de las grandes empresas transaccionales sobre los derechos de la población y las comunidades.

Según Daniel Pascual, Santa Cruz Barillas se convirtió en un campo de prueba, plan piloto y laboratorio para empujar una serie de represión a otros pueblos en Guatemala, y como la empresa provocó un estado de sitio para desencadenar una cacería de líderes comunitarios haciendo uso de las leyes para legalizar la persecución por parte del gobierno de Otto Pérez Molina y que con estas acciones existe una intencionalidad de provocar un daño cosmogónico y cultural al pueblo Canjobal, las organizaciones sociales consideran que es necesario que vuelva la paz a Santa Cruz Barillas solo si se liberan a los detenidos y se retira la empresa Hidro Santa Cruz, que reafirman su solidaridad con las luchas de los pueblos que se oponen a la destrucción de los recursos naturales y principalmente a los líderes y lideresas detenidas ilegalmente.

“Hacemos un llamado para denunciar estos actos de criminalizan a los guardianes y a las guardianas del agua, y que dejan sin justicia a quienes defienden la justicia y aman la paz”

finalmente expresaron que esperan la Libertad de Rubén Herreray el fin de la e persecución y represión política frente a Hidro Santa Cruz de Guatemala. 

Panzós Una historia de Despojo: a 35 años de la Masacre.

Foto Archivo/FAMDEGUA

Una colaboración de FAMDEGUA. 

El municipio de Panzós, ubicado en el Valle del Río Polochic, pertenece al departamento de Alta Verapaz. Se encuentra a 275 kms. Al nordeste de la capital de Guatemala, y a 127 kms. De la cabecera departamental, Cobán. Colinda al norte con Senahú, Alta Verapaz; al este con El Estor, Izabal, al sur con Río Hondo, Zacapa y Purulhá, Baja Verapaz; al Oeste con la Tinta, Alta Verapaz, Purulhá y Salamá, Baja Verapaz.

1871 Desde finales del S.XIX, está región sufrió un proceso acelerado de adjudicación de tierras en el gobierno de Justo Rufino Barrios, quién promovió cambios a favor de los agricultores alemanes, expropiando a las comunidades indígenas con el objeto de apoyar la exportación del café.

Estos llegaron a concentrar tres cuartas partes de la extensión total del departamento.

1889 Panzós se convirtió en un importante puerto fluvial, siendo ruta de paso de la agro-exportación bananera y cafetalera de la zona. El tramo ferrocarrilero entre Papalhá y Panzós era parte de la ruta que conectaba las fincas con el Lago de Izabal, el Caribe y su destino final en el mercado internacional.

Ante la injusta situación que vivía el campesinado, la adjudicación de tierras para su subsistencia se convirtió en una continua demanda a lo largo del siglo XX. Ejemplo de ello fue la fuerte movilización campesina que culminó con la expropiación de 51 caballerías a los terratenientes. 

 

Foto por Marlon Garcia

1952-1954  Estas tierras sin cultivar eran afectadas a la ley de Reforma Agraria en 1952 y fueron entregadas en usufructo vitalicio a los campesinos. Pero con la contrarrevolución en 1954, las tierras fueron devueltas a los finqueros, anulándose el proceso. 

A finales del años 1970  Las comunidades indígenas sufrieron expropiaciones a manos de finqueros de la zona intervenciones por parte del capital extranjero. El complejo minero EXMIBAL (INCO), dedicado a la explotación del niquel, había obtenido una concesión por 40 años (1965-2005) pese a la fuerte oposición existente, muestra de ello puede mencionarse que la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) había realizado un exhaustivo estudio que demostró lo lesivo que resultaba el contrato para el Estado guatemalteco; Julio Camey, abogado y político democrático fue asesinado el 26 de noviembre 1970, (mismo día en que fue cateada la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). 

 

1970 Oscar Adolfo Mijangos López, diputado del Congreso opuesto al proyecto EXMIBAL fue asesinado con total impunidad, durante el período de excepción dictado por el Gobierno del General Carlos Arana Osorio. Alfonso Bauer Paíz, primero en señalar las anomalías del contrato, sufrío un frustrado secuestro del cual salió herido y que motivó su exilio de 25 años.

 Foto de Jonas Moller

En los años 70, los terratenientes de la región y EXMIBAL utilizaron su influencia para seguir adjudicándose terrenos, como resultado, la comunidad de Cahaboncito, Panzós, fue expropiada de sus terrenos.

1974 Llega el periodo de gobierno del General Kjell Eugenio Laugerud García y grandes proyectos eran impulsados por su gobierno, como los trabajos de la planta Hidroeléctrica Chixoy en Río Negro, Baja Verapaz, mientras que el terremoto del 4 de febrero de 1976 es utilizado como propaganda oficial para “no parar el progreso”.

Para solucionar sus reclamos de tierra, los pobladores de Panzós se dirigen a INTA, pero encuentran funcionarios favorables a los terratenientes, en tanto que la condición laboral aún se fundamentaba en la explotación de familias que servían en forma de “colones” en las fincas.

Ante el malestar en la región, Panzós se convirtió en un área de influencia de grupos guerrilleros, mientras la capacidad de organización de los campesinos preocupó al sector finquero.

 

Foto de Jonas Moller

En 1978 se instaló un destacamento militar en Quiniche.

Los campesinos de Cahaboncito, Semococh, Rubeltzul, Caguanchá, Sepacay, Finca Mayagua y el barrio La Soledad realizaron una manifestación con cientos de hombres, mujeres niños y niñas quienes buscaban resolver su condición ante el alcalde de la cabecera municipal de Panzós. 

 

El 29 de mayo de 1978 se da la “Masacre de Panzós”, La confrontación con autoridades municipales y miembros del Ejército desembocaron en una masacre, en donde fueron ejecutadas 34 personas. Entre las víctimas, es asesinada una de las liderezas del movimiento Adelina Caal conocida como “Mamá Maquín”. 

Foto Archivo/FAMDEGUA

Tras lo sucedido los sobrevivientes huyen en diversas direcciones. Decenas de ellos mueren ahogados al volcarse las sobrecargadas lanchas en el caudaloso Río Polochic. En la tarde, autoridades municipales ordenaron levantar los cadáveres que habían quedado esparcidos en la plaza frente a la sede municipal. Miembros del Ejército los arrojan dentro de la palangana de un camión de volteo de la Municipalidad para ser trasladados a un lugar cercano al cementerio público. Con un tractor cavaron una fosa donde colocaron los cuerpos de 34 personas. Al día siguiente, algunos campesinos fueron obligados por el Jefe de la Policia Municipal Edeliberto “El Canche” Asig a inhumar el cuerpo de una persona que murió en el Centro de Salud, también víctima del suceso. 

Panzós quedó ocupada por el Ejercito y el destacamento fue trasladado a la cabecera municipal. 

 

Por semanas, los pobladores no pudieron regresar a sus casas por miedo al Ejercito, que inicio una represión contra líderes comunitarios y guías espirituales en el Valle del Polochic. Las peticiones de tierras disminuyeron y no se hizo otra manifestación pública, Los registros municipales del hecho fueron tachados de los libros. 

 

En 1997, con la petición de exhumación de las víctimas de la masacre se reabre la herida. Así, La Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA- pide a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) efectuar la exhumación de los restos de 35 osamentas de las víctimas, este caso no se ha llevado a la corte.

 Foto por Marlon Garcia

Durante ese proceso se celebró públicamente por primera vez un Mayajak (ceremonia Q´eqchí) del Día de Muertos del calendario maya el día 29 de septiembre de 1997, que la situación política y de guerra no había permitido que se realizara en 19 años, puesto que se vincularía a quienes lo realizaran con las víctimas y con la imagen satanizada que la versión oficial diera de ellos, acusándoles de ser los iniciadores de la violencia.

Los restos fueron final y dignamente enterrados el 29 de mayo de 1998, 20 años después de los hechos.

Hoy a más de 35 años, ninguno de los autores de este crimen ha sido procesado.

Las Pueblos Mayas Q’eqchi, Poqomchi y Achi de la Sierra de las Minas se declaran en Resistencia Pacifica

Las Pueblos Mayas  q’eqchi, Poqomchi y achi,  habitamos ancestralmente hace más de mil años el   territorio de Tezulutlan hoy conocido como las Verapaces,   en el cual hemos Cosmo-Habitado (vivir en armonía y equilibrio)  y hemos desarrollado nuestra Cosmo-Existencia (Complementariedad, con los demás seres vivos) esta cosmovisión nos permitió desarrollar una práctica de vida,  de amor y respeto por la madre naturaleza y la madre tierra, este amor y respeto es el que ha permitido que nuestra territorio y tierra tenga abundantes elementos naturales  (agua, tierra, bosque etc.) conservados hasta nuestros tiempos. 

A partir de  la Invasión y Colonización Española  nuestros territorios  empezaron a ser saqueados  por sus riquezas naturales,  es así como se empieza a explotar el bosque y se establecen explotaciones mineras tales como, la mina Kaquipeck, la Mina Suquinay y la mina Oxeck y de igual forma nuestros abuelos y abuelas son obligados a vivir en pueblos controlados,  pagando tributos o impuestos a la corona española por medio del trabajo y la entrega de cosechas.

Con el gobierno de Justo Rufino Barrios,  se nos despoja de cientos de caballerías de nuestras tierras  para ser entregada a colonizadores alemanes a quienes se les concede el derecho de propietarios, estableciendo de esta forma los latifundios cafetaleros y el colonato como forma de trabajo esclavo para la producción de café…

Con la guerra interna del país fuimos obligados a desplazarnos interamente para sobrevivir a la agresión que el ejército realizo en nuestras comunidades  con sus planes de tierra arrazada…. Sin embargo cientos de comunidades fueron destruidas y miles de hermanos masacrados…

Sin embargo los abuelos y abuelas que resistieron a la invasión y colonización española,  el despojo y colonización alemana, la guerra interna…. Lograron mantener su práctica de vida   en diferentes territorios comunitarios ubicados principalmente en lo que hoy se conoce como Sierra de las Minas, Sierra de Chama,  Sierra Sta. Cruz,   Chocon Machacas, Cerro San Gil,  Sierra Chinaja, Franja Transversal del Norte y  el Sur de Belice.

En la Sierra de las Minas en Purulha Baja Verapaz  vivimos  más de cien comunidades mayas Q’eqchi y Poqomchi y quienes hemos cuidado y resguardado el bosque y la tierra y es por ello que los territorios donde cosmo-habitamos   exista  fuentes abundantes de agua, elemento natural que hoy está en la mira e empresas hidroeléctricas que pretenden explotar para la generación de energía hidroeléctrica.

A partir de la declaración de área protegida de la sierra de las minas en el año 1,990, cientos de familias mayas q’eqchi-Poqomchi  han sido desplazadas y reubicadas  sus comunidades por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- y la Fundación Defensores de la Naturaleza, obligando a las comunidades a abandonar el territorio comunitario que por cientos de años han posesionado y resguardado.

También en nuestras montañas y en nuestra madre tierra, existen minerales metálicos que empresas mineras buscan explotar  a gran escala   pretendiendo establecer explotaciones mineras en territorios comunitarios como la montaña quisis, cerro mocohan, montaña suquinay  entre otros.

Otra problemática que actualmente enfrentamos es la conflictividad agraria ya que cientos de comunidades a un hoy el estado no reconoce el derecho histórico de la tierra, la posesión y la propiedad como tal, sin embargo las instituciones del estado  garantizan la propiedad de los grandes latifundios, teniendo como consecuencia diversos desalojos judiciales y extrajudiciales  tales como los que se dieron en la sierra de las minas durante los años 2009 y al 2011, donde principalmente las comunidades de Caliha y Moxante vivieron una serie de desalojos extrajudiciales perpetrados por grupos paramilitares al servicio de terratenientes de la zona.

Hechos que culminaron con el desalojo judicial de la comunidad Caliha dictado por el juzgado de primera instancia penal  de Salamá en enero del año 2011… y que en el año 2012 la sala 6ta. De apelaciones declarara nulo el juicio y ordenara la restitución de las tierras a las familias de la comunidad Caliha sin embargo esta orden no se cumple todavía… razón también  por la cual también fue asesinado en el mes de febrero del año 2013 el líder de la comunidad Tomas Quej.

Por ello DENUNCIAMOS:

Que desde el año dos mil  se han venido dando en nuestro territorio exploración minera actividad que se ha desarrollado sin conocimiento y consentimiento de nuestras comunidades, dichas exploraciones se llevan a cabo en tierras comunitarias, fincas privadas y la zona de amortiguamiento del Biotopo del Quetzal; dichas exploraciones dan indicios de que empresas mineras transnacionales y nacionales como MAYANIQUEL S.A., NICHROMET GUATEMALA, S.A., Tenango Mining CO, S.A.,  con el consentimiento del Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Energía y Minas,   pretenden la explotación de metales como oro, plomo, zinc y otros  en nuestro territorio, sin que esta actividad signifique un verdadero desarrollo para nuestro pueblo.

En el año dos mil nueve se dio inicio a la construcción de la hidroeléctrica Sulin HIDROSULIN, empresa propiedad de la familia TORREBIARTE; dicho proyecto  ha significado para la comunidad Peña del Ángel destrucción del centro eco turístico, perdida de bosque destrucción de cultivos como café, cardamomo, naranja y otros; efecto de ello la consecuencia de un deslave  derivado de la apertura y construcción  de una carretera   que la empresa llevo a cabo.

En el AREA PROTEGIDA de la sierra de las minas se encuentra en proceso de construcción una serie de hidroeléctricas denominadas  “HIDRO SAQJA 1, 2 Y 3”  proyectos que ya están causando daños a cientos de familias y las comunidades ya que se están desviando los cauces naturales de los riachuelos y ríos,  contaminando las fuentes de agua  y restringiendo a las personas  el acceso al agua.

Que tanto las instituciones  como El CONAP el Ministerio de Medio Ambiente, INAB y Defensores de la Naturaleza no se han pronunciado  respecto a la explotación minera y construcción de hidroeléctricas  considerando pues que la mayoría de estos proyectos se afectaran las áreas protegidas del Biotopo del Quetzal y el Biosfera de la Sierra de las Minas.

Que en diversos espacios y ocasiones hemos manifestado nuestro descontento y desaprobación como comunidades a dichos proyectos, sin embargo nuestras peticiones no han sido escuchadas ni por la municipalidad, el CONAP, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Central, sino más bien vemos con preocupación cómo estas instituciones del estado protegen los intereses de dichas empresas (hidroeléctricas y mineras) y tratan de manipular a las comunidades.

Ante esta situación DECLARAMOS:

Las Comunidades Mayas que habitamnos en la sierra de las Minas  de las Micro Regiones, Matanzas, Monte Blanco, Ribaco y Panima, Haciendo uso de Nuestro Derechos Establecido en el Articulo 45 de la Constitución Politica de la Republica de Guatemala, Nos Declaramos en "Resistencia Pacifica"

 

Miembros del  consejo de los pueblos de Tezulutlán,

CPT “MANUEL TOT”

MANUEL TOT

Guatemala se Suma a Jornada Internacional contra Monsanto.

Como parte de la Jornada Internacional contra Monsanto, una empresa multinacional Estadounidense  proveedora de productos agrícolas desde semillas genéricamente modificadas hasta devastadores herbicidas. 

Los manifestantes reclamaron una Agricultura soberana y Humana que no sobre explote a la madre tierra que en la actualidad se manifiesta violentamente producto de un sistema que la empuja a la destrucción y rompe el ciclo natural de vida ante el uso desmedido de plaguicidas y semillas alteradas genéricamente que hasta el momento se desconoce su impacto en el humano. 

 

Los organizadores del evento esperaban la participación de cerca de 200 mil activistas que en Guatemala convoco a productores y jóvenes sobre todo.

En el Parque central de Guatemala se monto una exposición de semillas criollas y plantas medicinales que al finalizar el evento los participantes pudieron llevar, ademas acudieron diversos grupos de música que se sumaron al rechazo a Monsanto, una industria química creciente de agroalimentos estadounidense que busca controlar a través del monopolio de las semillas para comercializar los alimentos.

Miles Caminan en Rechazo al Fallo de la Corte de Constitucionalidad que anula sentencia por Genocidio

En la llamada ruta de la Impunidad varios miles de personas se dieron cita hoy para rechazar el fallo de la Corte de Constitucionalidad que retrae  el proceso y anula la sentencia por Genocidio. La caminata inicio frente a la Cámara de la Industria de Guatemala que abiertamente se ha manifestado en contra de los procesos de Justicia que involucra al Ejercito acusado de actos Genocidas durante la Guerra que finalizo en 1996.

Organizaciones de sobrevivientes de la represión y genocidio se movilizaron, muchos desde anoche, hacia la capital en medio de un ambiente de rechazo  a la decisión de Corte de Constitucionalidad -CC-, instancia que anuló la sentencia de 80 años de cárcel contra el ex dictador  Ríos Montt por delitos de genocidio y de lesa humanidad y en un ambiente de ataques racistas y xenofobicos impulsados desde la cúpula empresarial de Guatemala, que desde los medios de comunicación corporativos, hoy anularon del escenario publico una marcha protagonizada por los pueblos Indígenas y Originarios que durante la guerra interna representan el 87% de los cerca de 250 mil victimas, entre detenidos-desaparecidos y masacrados aparte de los cerca de un millón de desplazados.

 

 

 

 

Contaminación de Agua en San Marcos producto de la Minería.

El pasado Domingo el   Centro de Acción Legal Ambiental y Social -CALAS- y la Asociación Pluriculturalidad Judicial -PLURIJUR- denunciaron que existen por lo menos 100 casos documentados de personas que padecen hidroarsenicismo y arsenicosis "enfermedades ambientales de intoxicación lenta y de larga Duración" producto de la actividad en San Marcos de la Mina Marlin.

La contaminación de las fuentes de Agua no es algo que se limita al presente expresaron las organizaciones ambientalistas, es algo que repercutirá a largo plazo en las poblaciones aledañas a la actividad minera, en ese sentido se lamento que a pesar de que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos otorgara medidas cautelares en favor de 18 comunidades afectadas por la minería, a la fecha el gobierno tanto de la UNE como el Patriota nada han hecho,  por lo que de seguir la actividad extractiva el aumento de casos podría aumentar como se demuestra en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos.

La actividad minera tiene el "potencial" para causar un impacto devastador a largo plazo en los ríos, arroyos y vida acuática, volviéndose en efecto, una "máquina de contaminación perpetua" según algunos analistas expertos del tema, sin embargo las diversas administraciones de gobierno sobre ponen el interés de las llamadas inversiones extranjeras sobre el bien común  que reclama el cese de esta actividad en Guatemala.

Un Fallo Dictado Desde los Cuarteles y las Fincas.

Por H.I.J.O.S. Guatemala

foto por Roderico Díaz.

Hoy la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado un retroceso hacia el imperio de la impunidad.  En los últimos días, la alianza oligárquico-militar recurrió a la guerra psicológica, la amenaza y la manipulación de una falsa identidad nacional, para negarle al Pueblo Ixil, una demanda sentida por el pueblo entero: JUSTICIA.

La Corte de Constitucionalidad tuvo la oportunidad de convertirse en el eslabón entre el pasado de barbarie y un mejor futuro para la humanidad. Al estilo de la guerra contrainsurgente, el discurso mediático de empresarios y militares, apostó por aglutinar el pensamiento conservador, racista, xenófobo y reaccionario, afianzado en las corporaciones de comunicación nacionales para que el fallo emitido el 10 de mayo por GENOCIDIO, fuera revertido hasta lo actuado el 19 de abril.

El Fallo por Genocidio se dictó develando la realidad histórica del país, así como los cimientos racistas de un Estado estructurado al servicio de las cámaras empresariales, agroindustriales y financieras, quienes intuyeron en la Sentencia, el inicio de la persecución penal contra sus miembros más prominentes y financiaros del genocidio.

Hoy más que nunca, estos personajes responsables del estado actual de violencia e impunidad quedaron evidenciados, por ello es urgente sanear un sistema de justicia que sigue copado y secuestrado por criminales y asesinos.

Aunque denunciamos y lamentamos el fallo a favor de la impunidad oligárquico-militar, nos reafirmamos en la memoria del Pueblo Ixil, quienes han dejado claro ante el mundo, la barbarie a la que han sido sometidos.

Más que una derrota, esta realidad nos debe dar aliento para continuar la lucha por la justicia en homenaje a la memoria y la vida del Pueblo Ixil, porque la sentencia del 10 de mayo es hoy un documento histórico y trascendental en la lucha por la Emancipación de los Pueblos.

20 de mayo 2013.

H.I.J.O.S. Guatemala

Familiares de Detenidos Desaparecidos de Archivo Militar exigen cumplimiento de Sentencia de Corte Interamericana.

Hace catorce años el Archivo Militar o Dossier de la Muerte salia a luz publica, en donde se documentaba a 183 personas Detenidas Desaparecidas  durante el Gobierno de Mejía Víctores.

En ese sentido los Familiares de los Detenidos Desaparecidos, documentados en el Archivo Militar,  dieron una conferencia de prensa en la cual exigen al Gobierno del Partido Patriota dar cumplimiento a la sentencia recientemente emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde el 20 de noviembre por unanimidad dictó sentencia en la cual responsabiliza al Estado de Guatemalteco  de Desaparición Forzada, Violación a la libertad de asociación, incumplimiento de su obligación de garantizar los Derechos consagrados en la convención Americana, Violación a de los derechos de las Garantías judiciales y a la protección Judicial; de su obligación de garantizar los derechos para prevenir la Tortura y la convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. 

Ademas la sentencia también declara la Violación del Derecho a la integridad personal, del derecho de circulación y residencia y del derecho de protección a la Familia.

La Corte Interamericana -CIDH- dentro de la sentencia solicita al Estado de Guatemala: Iniciar, continuar y realizar las investigaciones y procesos necesario  con el fin de establecer la verdad de los hechos, efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda para determinar el paradero de los desaparecidos, construir un parque en honor a las víctimas e indemnizar a los familiares dentro de un pliego de exigencias que la Corte exige al Gobierno patriota que el año pasado mediante el acuerdo gubernativo Nro. 370-2012  pretendía desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una ofensiva de negación de lo sucedido por el actual gobierno y dirigida por Arenales Forno "secretario de la Paz". 

 

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Surge el Sindicato de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Ante el paulatino cierre de espacios de comunicación con las autoridades de la institución del Procurador de los Derechos Humanos el pasado jueves 16 de mayo trabajadores de esta entidad constituyeron el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos -SITRAPDH- 

El comunicado del nuevo sindicato relata que esta  organización nace para la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la Institución del
Procurador de los Derechos Humanos, tanto porque constituyen derechos inalienables, como por la protección de que gozan en la legislación nacional como internacional; es un esfuerzo que beneficia no sólo a los trabajadores, sino a la población a quienes nos debemos.

Nos organizamos como consecuencia del cierre paulatino de los espacios de comunicación entre trabajadores y autoridades de la institución, inestabilidad laboral, malas condiciones físicas, falta de insumos, descalificación, irrespeto a la dignidad y violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, falta de transporte para práctica de diligencias, abuso de autoridad, privilegios, falta de claridad en los procedimientos administrativos, excesiva burocratización, entre otros, en detrimento de la atención a la población.

No se pueden defender los derechos de la población en general, si como trabajadores de la PDH no defendemos los nuestros, especialmente la estabilidad laboral y la dignidad de los trabajadores. No podemos exigir que no hagan a los demás, lo que estamos permitiendo que nos hagan a nosotros mismos, en ese sentido los sindicalistas expresaron que esperan que  no se tomen represalias en contra de ningún miembro afiliado.

Como sindicato esperamos ser un referente en el ejercicio sindical para los trabajadores de la institución a nivel nacional; pretendemos ser un apoyo en beneficio del movimiento sindical guatemalteco que ha sido reprimido históricamente y objetado por el estigma que de éstos se tiene.

Finalmente los trabajadores organizados expresaron que son un grupo de trabajadores con experiencia en la defensa de los derechos humanos, conocedores de las leyes nacionales e internacionales y de los derechos que como ciudadanos se tiene por lo que invitaron a todos los trabajadores de la institución para que se adhieran al sindicato para trabajar por el bien común.

A la presentación del primer sindicato de la Procuraduría de los Derechos Humanos y luego de dos intentos de conformación sindical  en anteriores administraciones, que le costo el trabajo a docenas de trabajadores, este domingo se dieron cita representaciones de diversas centrales sindicales que también manifestaron su disposición en apoyar a la recién nacida organización que surgió bajo fuertes medias de seguridad, para no ser despedidos, en medio de señalamientos a un Ministro de Trabajo con amplia simpatía a los Patronos y vinculado al CACIF.