Reflexiones
a la luz de las políticas educativas 1956-1976
Por Brenda Oliva
Ocupar los
salones de clase de las escuelas normales no sólo representa la
imposición de la presencia militar sino también una suerte de
imposición del temor y el terror que dicha figura representa para la
historia de la organización estudiantil en Guatemala. Las mal
llamadas “ clases de valores” han sido la excusa, para de nuevo
imponer la presencia militar en el la escuela. No es casual que
acciones como estas, estén iniciando en las escuelas normales, en
donde los estudiantes en el último tiempo han movilizado importantes
luchas y demandas en favor de la educación pública y gratuita, en
particular contra la eliminación de la carrera magisterial. Tampoco
resulta casual que dicha re militarización en la educación pública
hoy pretenda imponerse como figura de autoridad y poder en el ámbito
escolar, dado que es evidente el fuerte impulso del poder militar en
todas las estructuras del Estado.
Las representaciones militares han tenido continuidad en la escuela y la historia de la educación en Guatemala, en particular en la definición de lo cívico en donde se incorporan rituales, discursos y representaciones que han buscado estabilizar, cohesionar e instalar un “sentido común” que responda a la lógica dominación. El historiador Benedict Anderson (1993), plantea múltiples ejemplos de cómo el Estado en la consolidación de las “naciones” ejerce controles en el campo educativo organizando revisiones de la “la historia oficial”, incorporando representaciones militares y reproduciendo afirmaciones identitarias de una “comunidad imaginada” o bien la consolidación de la “nación”; de esta forma cada tanto y ganando pulso en el campo educativo recrea o trae de vuelta dichas representaciones, discursos, rituales y dinámicas políticas, con el fin de mantener el “orden”.
Lo anterior
tiene relación con la configuración del campo ideológico que
representa la educación, en donde se ponen en disputa la acción
política y parafraseando al sociólogo Pierre Bourdieu (1985) en la
producción e imposición de representaciones (mentales, verbales,
gráficas o teatrales) que pretende hacer o deshacer grupos de
acuerdo a esquemas de clasificación y de dominación; la ruptura de
estos esquemas suponen una subversión política por lo tanto una
subversión cognitiva es decir una visión distinta del mundo.
Después de
algunas reflexiones sobre educación, me remito a compartir algunas
percepciones sobre las políticas públicas relacionadas a la
historia de la educación en Guatemala, en particular me interesa
evidenciar la imposición del imaginario “anticomunista” que se
dio abiertamente a partir de 1954 hasta 1976 en las políticas
educativas y 1985 en la Constitución. Un “Ser anticomunista, buen
consumidor y buen productor” fue lo que delineó la política
educativa y atravesó la “historia oficial” los rituales
escolares, los discursos y las prácticas educativas.
Entre las
primeras medidas del gobierno de facto de Carlos Castillo Armas, se
realizaron cambios a los decretos que venían del periodo de la
revolución. En consecuencia, en febrero de 1956 se hace una
modificación a la Constitución Nacional. A partir de estos cambios,
se observan referencias explícitas y prohibiciones relacionadas a la
“ideología
comunista o cualquier otro sistema totalitario”. De
este modo se instaura de manera “oficial” representaciones que
definieron el “se comunista, ser anticomunista, los sistemas
totalitarios”, que poco después contribuyeron a las prácticas y
acciones de violencia política justificadas en la persecución y
eliminación de la presencia “comunista”.
Modificaciones
a la Constitución Nacional 1956:
Artículo
23.
Es libre la formación de y funcionamiento de partidos políticos que
se normen por los principios democráticos.
Queda
prohibida
la organización o funcionamiento de todas aquellas entidades
que propugnen la ideología comunista o cualquier sistema
totalitario.
Artículo
54.
Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse
libremente para los distintos fines de la vida humana, con el objeto
de promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos,
económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de
cualquier orden.
Queda
prohibida, sin embargo, la organización o funcionamiento de grupos
que actúen de acuerdo o en subordinación con entidades
internacionales que promulguen la ideología comunista o cualquier
otro sistema totalitario.
Artículo
62.
No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas
como delitos o faltas penadas por la ley a su anterior perpetración.
Toda
acción comunista individual o asociada es punible. La ley
determinará lo relativo a este punto de delitos.
Este mismo
año, se aprobó la Ley Orgánica de Educación Nacional, en la
primera parte establece que: “La educación tiende a hacer a los
guatemaltecos ciudadanos aptos para vivir democráticamente y
considerar a la democracia, a sus valores y a sus instituciones como
las mejores formas de convivencia humana en
oposición al comunismo y demás sistemas totalitarios”. Agrega:
“la educación capacitará a los guatemaltecos para la vida del
trabajo; para aprovechar y conservar los recursos naturales; para
convertirse
en buenos productores y buenos consumidores”.
Esta ley tuvo vigencia de nueve años y los contenidos que
describimos se mantuvieron vigentes en la nueva ley que se emitió
en 1965.
La anterior
ley se incorporó en afinidad con las modificaciones de la
Constitución, observamos que una de las preocupaciones centrales
está en el carácter ideológico desde una perspectiva
anticomunista. Las definiciones de educación y mercado en los años
sucesivos se inscribieron de manera oportuna para los fines e
intereses que se marcaron desde la Alianza para El Progreso.
Fue así
como anticomunistas, productores y consumidores inspiraron el perfil
escolar que se pretendió consolidar en el campo educativo durante
este periodo. Podemos considerar que estos cambios constituyeron
sustancialmente a consolidar un proyecto abiertamente anticomunista,
de carácter antisubversivo y en defensa de los intereses del
mercado.
De acuerdo
con Irene Piedra Santa (2011) en su estudio sobre “Alfabetización
y poder en Guatemala, los años de la Guerra Fría 1944-1984”, los
cambios políticos a nivel nacional, se encontraron estrechamente
relacionados con los intereses geopolíticos y las relaciones de
dependencia con Estados Unidos, Mismos que responde al contexto
internacional que atravesaron los países de la región, en especial
nos referimos a la Revolución Cubana y los logros sociales entre
1959 y 1961, la exitosa Campaña Nacional de Alfabetización que para
Estados Unidos fue considerada como una amenaza de tipo “comunista”
y de fuerte influencia en los países latinoamericanos con altos
índices de analfabetismo y pobreza. Estos hechos llevaron a que EUA
reconsiderara su política exterior e implementaron nuevas
estrategias geopolíticas, dando lugar al impulso de “cooperación
y progreso” para los países “amigos”.
Dichas
medidas y estrategias tienen surgimiento en 1961, durante el
periodo de John F. Kennedy, mientras se da la reunión con el
Consejo Interamericano Económico y Social CIES, realizada en
Uruguay, en la cual se aprobó la “Alianza para el Progreso”
impulsada por EUA. Esta “Alianza” parte de la idea de que la
pobreza y la marginación generaban condiciones propicias para la
insurrección y empatía por el comunismo, es por ello que el
“desarrollo” y las reformas sociales debían articularse a los
intereses políticos: preservar de esta manera la “estabilidad” e
impedir nuevos brotes insurreccionales.
La noción
de desarrollo aparece como criterio para la concesión de ayuda “al
desarrollo” a países “amigos” especialmente con riesgos de
“desestabilización” política, relacionada a los intereses de
seguridad estadounidense: Presencia “comunista”. De acuerdo a
ello, contexto político guatemalteco de ese periodo, cumplían con
todos los criterios y características para la implementación de
dicha alianza. Los compromisos que asumieron los países que
conformaron la Alianza para el Progreso, respecto al ámbito
educativo, contempló la Acción Cívica Militar y con ello
incremento de ayuda militar.
Explícitas ya las políticas
educativas de carácter contrainsurgente y desde una perspectiva
desarrollista y anticomunista, en 1965 se modificó de nuevo la
Constitución Nacional, que se mantuvo vigente hasta 1985 es decir
veinte años más.
En esta nueva constitución
observamos que mantiene rasgos comunes con la anterior, pero
advertimos el aumentó del contenido inspirado en el anticomunismo,
dado que aparecen prohibiciones y sanciones explícitas en relación
a la “la doctrina comunista”.
Capítulo
V. Partidos Políticos
Artículo 27:
El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de partidos
políticos cuyas normas y principios sean democráticos.
Es prohibido la
formación o funcionamiento de partidos o entidades que propugnen la
ideología comunista o que por su tendencia doctrinaria, medios
de acción o vinculaciones internacionales, atenten contra la
soberanía del Estado o los fundamentos de la organización
democrática de Guatemala
Garantías
Constitucionales
Capítulo 1
Garantías y
derechos Individuales
Artículo
49: No son punibles las acciones u omisiones que no estén
calificadas como delitos o faltas y penadas por la ley anterior a su
perpetración.
Toda
acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o
contraria a la democracia, es punible.
La ley determinará lo relativo a esta clase de delitos. No hay
prisión por deudas. No podrá imponerse pena de confinamiento.
Artículo
64: Los habitantes de la República tienen derecho a asociarse
libremente para los distintos fines de la vida humana con el objeto
de promover ejercer y proteger sus derechos e intereses,
especialmente los que establece la Constitución
Se
prohíbe la organización o funcionamiento de grupos que actúen de
acuerdo o en subordinación a entidades internacionales que
propugnen la ideología comunista
o cualquier otro sistema totalitario.
Este mismo año, también se
deroga la Ley Orgánica de Educación Nacional y se aprueba el
Decreto 317 Ley Orgánica de Educación Nacional, vigente por nueve
años más, mantiene las características ideológicas de la anterior
y en consecuencia aumentólas prohibiciones en referencia al
comunismo:
“Artículo 6o
El Estado garantiza
la libertad de enseñanza y de criterio docente, siempre que no se
atente contra el sistema democrático y la tradición cultural
del país.”
Artículo 12
Son fines de la
educación: h) hacer de los educandos ciudadanos aptos para vivir
democráticamente, y considerar a la democracia, sus valores y sus
instituciones, como las mejores formas de convivencia humana en
oposición al comunismo y demás sistemas totalitarios. j)
Capacitar a los educandos (...) para convertirse en buenos
productores y buenos consumidores”
Artículo 20
e) Orientar
y controlar el uso de obras de consulta, textos escolares y material
didáctico, utilizados para la enseñanza de los diversos niveles
educativos”
Artículo 145
(...) El educador se
abstendrá de iniciar y activar la participación propia de los
educandos en política o influenciar el ánimo de éstos en tal
sentido”
En un contexto que se caracterizó
por la exacerbación de la violencia política de los gobiernos
cívico-militares del periodo, el congreso en 1976 emite el Decreto
73-76 Ley de Educación Nacional. Dicha ley omite todas las
alusiones “al comunismo, a los sistemas totalitarios y la
prohibición a educadores y educandos de participar en política”,
los cambios que se dan en adelante a las políticas educativas ya no
contienen prohibiciones o alusiones al comunismo.
Sin embargo, que hayan sido
omitidas de manera explícita las representaciones anticomunistas
instaladas como política de Estado por más de veinte años en el
ámbito educativo, no significó que ya no existieran en el
imaginario cotidiano y del “sentido común” de la población
guatemalteca; tampoco de la dinámica política y educativa, así
como de los rituales, discursos, contenidos curriculares y el
aprendizaje de la historia. Consideramos que después de más de
veinte años ya no hacía falta explicitar las prohibiciones
“comunistas” porque habían quedado instaladas en las dinámicas
sociales y políticas que configuraban parte del contexto de
represión y terror de Estado en estos años.
Observamos
que los hechos históricos y conflictos durante estos años no están
aislados del contexto y los actores fuera de la región, sino se
enmarcan en un periodo caracterizado por la “Guerra Fría”. La
noción de “Guerra Fría Cultural” que implicó una batalla por
la conquista de los “corazones y mentes” del bloque occidental
frente al conflicto mundial, desde la visión estadounidense,
implicó no sólo la guerra militar sino otras formas de “guerra no
convencional” que introdujo la propaganda, y “guerra
psicológica”, configurando de este modo un enemigo: el “comunismo”
(Calandra y Franco 2012). Este enemigo “comunista”, impuso la
representación de un “enemigo en nosotros” es decir un “otro
interno”. La construcción de ese “enemigo interno” en el
ideario colectivo se configuró de manera simbólica e inconsciente,
a través del campo cultural que atravesó la política y dinámicas
educativas. Este ideario “anticomunista” instalado abiertamente
por el Estado, no sólo resultó útil para las clases dominantes
sino también legitimó la violencia estatal en las posteriores
décadas.
Después de 1976, hubo un aumento
sistemático de la propaganda psicológica anticomunista que hizo
referencia a las organizaciones guerrilleras así como a la población
rural e indígena. La exacerbación de la violencia en las áreas
rurales dejó cientos de aldeas y comunidades desaparecidas. Las
élites militares en el poder diseñaron y desarrollaron planes de
exterminio y genocidio, acciones sistemáticas de contrainsurgencia.
El incremento de la violencia Estado durante estos años, se
consideró como el pico más alto en los más de cuarenta años de
guerra interna, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico
CEH.
Los
actuales conflictos sociales que se configuran en respuesta a la
resistencia y lucha por la defensa de la vida y territorio contra el
modelo extractivista, la búsqueda de la justicia por lograr una
condena a los perpetradores del genocidio reciente y terror Estado,
las disputan de los sentidos la memoria, las movilizaciones
estudiantiles, campesinas y de sectores populares, se confrontan con
el discurso y las acciones de criminalización y persecución
política en el contexto actual de Guatemala. Distintos actores
políticos traen de vuelta la retórica y actualizan en el presente
las representaciones del “terrorista-comunista”, entre ellos el
sector empresarial y militar, en donde juega un papel importante la
Fundación Antiterrorista ocupando un espacio en lo público y medios
de comunicación, con el fin de ganar en la acción política y en
la eficacia simbólica.
No han
olvidado intervenir el campo educativo y de nuevo incursionan las
aulas, acciones como esta de más demuestran que la ministra actual
no sólo responde a los intereses del sector empresarial sino también
abre las puertas al sector militar. En escuelas en donde muchas veces
no se habla del pasado reciente y la “historia oficial” se
aprende en dos párrafos de los textos escolares, una “historia
oficial” que encubre al sector militar y empresarial como los
responsables del terror de Estado y el genocidio reciente.
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