EL MIEDO DEL PODER ECONÓMICO Y MILITAR A LA REFORMA UNIVERSITARIA FUE EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ESTUDIANTES que en 1989 tomó por sorpresa a la comunidad universitaria.
Fue el mes que marcó una nueva etapa en la vieja práctica de la guerra de baja intensidad, puesto que en menos de quince días fueron secuestrados diez líderes estudiantiles de la USAC. Fueron detenidos arbitrariamente en distintos lugares de la capital. Cinco de ellos aparecieron ejecutados extrajudicialmente y los otros cinco sufrieron desaparición forzada.
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| todas las fotos de estudiantes: Redes 89. |
"Todos los sectores
coinciden en señalar que Guatemala se está encaminando,
a pasos agigantados, hacia la era de la violencia que se vivió
en los gobiernos militares, en que los derechos humanos eran violados
impunemente y en los que la violencia imperaba en calles, caminos
y veredas, ciudades y pueblos de todo el país".1
"No dejan que los
jóvenes, que pueden estudiar y con su ideología mejorar
al país, hagan algo; en lugar de dejarlos, los matan".2
Desde su fundación
en 1920 la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)
ha jugado un papel importante en la vida política del país
y fue uno de los sectores más golpeados por la violencia.
El destacado líder estudiantil Oliverio Castañeda
de León, secretario general de la AEU, fue ejecutado arbitrariamente
el 20 de octubre de 1978 a una cuadra del Palacio Nacional, luego
de una manifestación conmemorativa del aniversario de la
Revolución del 44.
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Antonio Ciani García, quien tomó su lugar en la Asociación,
fue desaparecido el 6 de noviembre de ese mismo año.
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Desde entonces la
AEU ocultó la identidad de su directiva y el secretariado
fue sustituido por una coordinadora que facilitaba el anonimato
de sus dirigentes. A pesar de estas medidas, en mayo de 1984, cuando
se intentaba rearticular el movimiento estudiantil y la AEU fortalecía
su trabajo público, cinco miembros de su Comité Ejecutivo
sufrieron desaparición forzada: Carlos Ernesto Cuevas Molina,
Marilú Hichos, Gustavo Adolfo Castañón Fuentes,
Otto René Estrada Illescas y Héctor Alirio Interiano
Ortíz. Mientras, otros dos, Raúl Figueroa Sartí
y María del Rosario Cuevas tuvieron que buscar refugio en
Costa Rica.
5 Todos
fueron miembros del grupo estudiantil Frente.
El 3 de septiembre
de 1985 tropas del Ejército de Guatemala allanaron y ocuparon
por tres días la ciudad universitaria, registraron y desordenaron
los archivos, incluyendo los expedientes de los estudiantes. Además,
se reportó la pérdida y destrucción de libros
y otros objetos de valor académico e histórico.
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Los diferentes sectores universitarios condenaron
la ocupación a las instalaciones de la USAC:
"Ello fue una
reacción represiva a la postura de la universidad, respecto
al alto costo de la vida y el aumento al precio del pasaje urbano,
que generó protestas masivas, en las cuales participaron
miles de estudiantes universitarios".
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El Gobierno justificó esa ocupación
militar aduciendo que la USAC era centro de la "subversión"
y del narcotráfico.
La recuperación
del movimiento estudiantil fue muy lenta: en 1985 y 1986 no hubo
AEU. En 1987 se eligió una nueva directiva. La organización
estudiantil no volvió a actuar de forma pública hasta
1989, cuando en un número de El Estudiante se publicaron
los nombres de todos los miembros de la Junta Directiva de la Asociación.
Ese año, los principales objetivos de la AEU fueron reorganizar
el movimiento estudiantil, apoyar a los estudiantes de educación
media y a los sectores populares e impulsar un proceso de reforma
universitaria. La reforma implicaba la reestructuración financiera,
administrativa y académica de la USAC.
Estas líneas de trabajo habían sido
acordadas en diciembre de 1987, en un seminario que, por razones
de seguridad, se celebró en México, contenidas en
un documento que se denominó Nueva Esperanza.
En 1989 el Gobierno
dirigido por Marco Vinicio Cerezo Arévalo enfrentó
un intento de golpe de Estado (9 de mayo) y una ola de críticas
por abuso en la utilización de los recursos del Estado. Por
su parte, el sector laboral acusaba al Gobierno de desviar fondos
públicos para financiar una campaña preelectoral interna.
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En este contexto,
la AEU apoyó la huelga de maestros que se realizó
en toda la República entre junio y agosto de 1989.
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Se estima que el apoyo estudiantil a los docentes fue uno de los
factores que desató la represión en su contra.
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Asimismo, la AEU participó en el Diálogo Nacional,
junto con la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP),
y apoyó las demandas sindicales, campesinas y populares.
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Estas acciones las realizó la AEU a pesar de haber recibido
amenazas suscritas por "Jaguar Justiciero, JJ"
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y el Ejército Secreto Anticomunista (ESA),
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y pese a que estallara una bomba frente a la casa de Aarón
Ochoa, miembro de la coordinadora estudiantil, con un panfleto en
el que le acusaban de ser un traidor y estar vinculado con la guerrilla.
El agosto de 1989
se denominó "agosto negro",
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debido a los hechos de violencia que se iniciaron con el asesinato
de Danilo Barillas, dirigente de la Democracia Cristiana, y de René
Estanislao López, miembro de la juventud de ese partido.
Asimismo, estallaron tres bombas, una frente a la Rectoría
de la Universidad de San Carlos,
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otra en la sede de Brigadas de Paz, y la tercera frente a la del
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), donde se encontraba refugiada la familia
de Rumualda Camey, miembro de esa asociación, que había
sido desaparecida el 16 de agosto.
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La Universidad también
sufrió las consecuencias de este "agosto negro": en menos
de quince días, entre agosto y septiembre de 1989, diez líderes
universitarios fueron detenidos arbitrariamente. Cinco de ellos
fueron asesinados y los restantes desaparecieron. Los que lograron
salvar la vida tuvieron que salir al exilio. En diciembre de ese
mismo año otro miembro de la coordinadora de la AEU fue ejecutado.
Varias de las víctimas eran simpatizantes del movimiento
guerrillero.
El lunes 21 de agosto
de 1989, alrededor de las once de la mañana, Iván
Ernesto González Fuentes salió de la Universidad para
participar en una reunión en la UASP, entidad ante la que
representaba a los damnificados por la violencia. Nunca más
regresó ni se supo de él. Iván Ernesto tenía
29 años de edad, era estudiante de Psicología, representante
estudiantil ante la Junta Directiva de esa Escuela, miembro de la
Coordinadora Estudiantil de la AEU y su representante ante el Diálogo
Nacional.
Al día siguiente,
Carlos Ernesto Contreras Conde fue a desayunar con unos familiares
en la colonia Landívar, zona 7, ciudad de Guatemala. A media
mañana se dirigió a la zona 3, donde se encontraría
con su compañera, pues tenían previsto acudir juntos
a registrar a su niña recién nacida. Nunca llegó
a la cita. Carlos Ernesto tenía 22 años, estudiaba
psicología, era representante estudiantil ante la Junta Directiva
de esa Escuela. Algunos testigos aseguran que lo detuvieron en la
Universidad mientras esperaba un bus.17
El 23 de agosto dos personas penetraron en la residencia de la víctima
y se llevaron algunos documentos.
También el
22 de agosto, Hugo Leonel Gramajo fue secuestrado por cuatro hombres
armados, vestidos de civil, que se desplazaban en dos vehículos,
uno de ellos un Pickup rojo con vidrios polarizados. La víctima
era estudiante de Ciencia Política y catedrático auxiliar
de Ciencias de la Comunicación. A las cinco de la tarde salió
del Instituto Nacional de Administración Pública,
donde trabajaba, para impartir clases en la Universidad de San Carlos
y cuando transitaba por la 5¦ avenida, entre la 13 y 14 calle de
la zona 9, se produjo la detención. Una declarante afirmó
que la vigilancia a la familia continuó durante dos años.
El miércoles
23 de agosto de 1989, Silvia María Azurdia Utrera, de 29
años, y su esposo, Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo,
de 35, sufrieron desaparición forzada al salir de su domicilio,
ubicado en la 5¦ calle A, 11-02 de la zona 11. Silvia era politóloga
y psicóloga, Víctor Hugo era politólogo y licenciado
en Relaciones Internacionales. Ambos fueron fundadores del Movimiento
Estudiantil Universitario (MEU).
El día de
los hechos, desde las cinco de la mañana, hombres fuertemente
armados, incluso con ametralladoras se apostaron cerca de la casa,
en un Pickup color negro, con líneas grises, placas de circulación
P-144624 y un carro marca Nissan color celeste aplomado o gris metálico,
placas P-161097. 18
19 Poco antes de
la siete de la mañana, Silvia Azurdia sacó el carro,
lo detuvo a media calle para esperar que Víctor Hugo Rodríguez
cerrara la puerta del garaje, y los dos vehículos se cruzaron
junto al suyo, uno por adelante y el otro por atrás. Víctor
Hugo corrió para auxiliarla, pero fue golpeado en la cabeza,
se desmayó y le arrojaron a la parte trasera de uno de los
carros. Silvia salió de su vehículo, gritando que
los auxiliaran, pero la agarraron del cabello, la metieron en su
carro y la sentaron entre los secuestradores.
Esa misma tarde dos
hombres entraron en la oficina número 301, situada en el
tercer nivel del Edificio América, 1¦ avenida, 11-39, zona
1, donde Silvia y Víctor Hugo tenían su oficina, y
sustrajeron documentos. Estas personas llevaban las llaves y una
nota de las víctimas en que se autorizaba al guardián
a abrir la oficina.20
En su domicilio también entraron personas desconocidas y
sustrajeron algunas cosas.
El 23 de agosto,
a las tres de la tarde, el estudiante de Sociología, Aarón
Ubaldo Ochoa fue visto por última vez cuando salió
de su casa con rumbo a la Universidad. Aarón tenía
27 años, era miembro de la Coordinadora de AEU y vocal ante
el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política.
El último
en ser desaparecido ese día fue Mario Arturo De León,
luego de dar una conferencia de Prensa en la Universidad, a las
siete de la noche, sobre la desaparición de sus compañeros.
Mario salió en su Pickup blanco, rumbo a su casa y nunca
más se supo de él. Tenía 27 años, había
egresado de la Facultad de Agronomía y era catedrático
auxiliar de la misma, miembro de la Coordinadora de AEU y director
de la Comisión de Reforma Universitaria.
En septiembre otros
tres estudiantes fueron desaparecidos: Carlos Leonel Chutá
Camey, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Eduardo Antonio López
Palencia. A diferencia de los siete estudiantes desaparecidos en
agosto, que pertenecían al mismo grupo, Unidad Estudiantil,
y estaban relacionados con la Coordinadora de AEU, éstos
fueron miembros de la Coordinadora en el período anterior,
1987-1988, y eran integrantes del grupo Avanzada, que también
propugnaba por la reforma universitaria.
El 8 de septiembre
de 1989, hacia las ocho de la mañana, frente a la parada
de buses de Lomas de Pinares, zona 17, ciudad de Guatemala, Carlos
Leonel Chutá Camey, de 31 años, se encontraba con
su esposa y con su hija de diez meses. Cinco hombres jóvenes
armados, que se conducían en una furgoneta Toyota con vidrios
polarizados, lo subieron a la fuerza a uno de los vehículos
y se lo llevaron con rumbo desconocido.
El 9 de septiembre,
Carlos Humberto Cabrera Rivera, de 46 años, representante
educativo rural ante la Asamblea Nacional del Magisterio y estudiante
de humanidades, sufrió desaparición forzada a las
ocho treinta de la mañana, cuando lavaba su vehículo
frente a su casa, ubicada en la 19 avenida 9-79, de la colonia Venezuela,
zona 21. Los victimarios eran ocho personas armadas, con equipo
de comunicaciones, que ocupaban dos vehículos, uno Pickup
rojo placas P 157245 21
y una camioneta de color gris.22
El 10 de septiembre
de 1989, Eduardo Antonio López Palencia, de 26 años,
estudiante de Ciencias Químicas y Farmacia, miembro del grupo
Avanzada, fue detenido en la 18 calle entre 4¦ y 5¦ avenida, zona
1, cuando transitaba por ese sector acompañado de su novia.
Tampoco de él se supo nada más.
Por otro lado, al
menos en cuatro casos hubo vigilancia de los miembros de la familia,
con posterioridad a las desapariciones.23
Por lo menos, nueve de los doce dirigentes sobrevivientes de la
Coordinadora de la AEU salieron del país.
Según documentación
desclasificada por el Gobierno de Estados Unidos, existía
una cárcel en la zona 6 de la ciudad capital.24
Además, un declarante, ex miembro de la sección de
Inteligencia militar, observó que los estudiantes desaparecidos
estuvieron en el interior de la cárcel clandestina ubicada
en la zona seis, ciudad de Guatemala, denominada "La Isla", que
estaba bajo la administración del Estado Mayor de la Defensa.
Asimismo, al referirse a los estudiantes desaparecidos en 1989,
relató: "En La Isla los mataron. Cabal cuando yo entré,
entrando yo, cuando yo entré a la dirección, todavía
habían dos (...) Esos no los enterraban, aparecían
muertos así en la U, otros por ahí en la calle, en
los barrancos (...) Y me contaron que a la gente que no apareció
la fueron a tirar al mar".25
En efecto, en la
madrugada del 10 de septiembre de 1989, en la 17 avenida, entre
la 35 y 36 calle de la zona 12, a la entrada de la colonia Villasol
(parte oriental de la Universidad), varias personas bajaron de un
vehículo color azul para abandonar los cadáveres de
Silvia María Azurdia Utrera, Víctor Hugo Rodríguez
Jaramillo, Carlos Humberto Cabrera Rivera y Carlos Leonel Chutá
Camey. Junto a los cuerpos, que mostraban señales de tortura,26
fue hallada una nota que asociaba diversas razones "estudiantiles"
para explicar el móvil de los crímenes.27
De acuerdo con el reconocimiento de los cadáveres y los informes
médico forenses, los cuatro cadáveres presentaban
pinchazos de aguja hipodérmica28
y múltiples heridas penetrantes producidas por objeto punzocortante:
Víctor Hugo Rodríguez Jaramillo tenía seis
heridas; Silvia María Azurdia Utrera, cinco heridas; Carlos
Leonel Chutá Camey, cinco heridas y Carlos Humberto Cabrera
Rivera, presentaba 31 heridas.29
El cadáver
de López Palencia apareció el 15 de septiembre en
la carretera de tierra, cerca de Guastatoya, El Progreso. Tenía
heridas de arma blanca y señales de tortura. Según
los familiares, presentaba tres balazos.30
El 18 de diciembre
de 1989, cerca del puente del Incienso, zona tres, ciudad de Guatemala,
fue encontrado el cadáver de Marco Tulio Montenegro,31
miembro de la Coordinadora de AEU, estudiante de Agronomía,
quien presentaba contusiones y heridas de arma blanca. En ocasiones
anteriores se había refugiado en Costa Rica y Panamá
pero después de recibir la garantía personal del presidente
de la República, Vinicio Cerezo, regresó.
La CEH llegó
a la convicción de que once estudiantes universitarios fueron
detenidos arbitrariamente entre los meses de agosto y diciembre
de 1989. De ellos seis fueron torturados y ejecutados arbitrariamente,
en violación de sus derechos a la vida y la integridad física.
Hasta la fecha no han aparecido cinco de las víctimas detenidas,
cuyo derecho a la libertad y a la integridad personales fue violado
y de quienes, dado el tiempo transcurrido de estar desaparecidas,
se presume que fueron ejecutadas arbitrariamente por sus captores,
con lo cual ha sido conculcado, además, su derecho a la vida.
La CEH, tomando en cuenta los varios elementos
unívocos y concordantes que se llegaron a conocer, presume
fundadamente que los estudiantes fueron víctimas de un operativo
de inteligencia militar, en el que participaron agentes del Estado
o personas que actuaron bajo su protección, tolerancia o
aquiescencia.
Entre dichos elementos destacan la calidad de las
víctimas, académicos de pensamiento de izquierda o
centro izquierda que buscaban la reforma universitaria, activistas
en la reivindicación de derechos y el estigma de "subversiva"
que se asignó a la Asociación de Estudiantes Universitarios
(AEU), provocó que se desplegara toda la capacidad de acción
del Estado, poniendo en práctica el tradicional modus
operandi de sus agentes clandestinos.
El caso ilustra, también, como con la represión
contra los dirigentes estudiantiles se pretendía desarticular
el movimiento que impulsaba la reforma universitaria promovida por
estudiantes, trabajadores y docentes universitarios.
El caso también es ilustrativo de la actitud
de altas autoridades de Gobierno que inculparon a determinados sectores
sociales por la comisión de los hechos, sin investigaciones
serias ni fundamento alguno; y de la absoluta carencia de rigor
y seriedad de las investigaciones policiales y judiciales.
